La década atropellada

La verdadera cara de los diez años kirchneristas no es la "década ganada" sino "la década atropellada." Una década en la que se buscó centralizar el poder absoluto en el oficialismo y garantizar la impunidad de sus miembros. Se pueden distinguir ocho elementos que comenzaron con el gobierno de Néstor Kirchner y luego se extendieron con el de su esposa, funcionales a ese fin.

Controlar la caja:

El control de caja es necesario para consolidar el poder. Desde 2003, la distribución de fondos a las provincias se ató a la afinidad política del gobernador y las transferencias automáticas comenzaron a representar una proporción cada vez menor de la recaudación nacional: entre 2001 y 2011 pasaron de 33,1% a 25,8%. Por eso, en 2004, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, realizó el primer reclamo por una deuda de la Nación. Santa Fe, Córdoba y Corrientes harían lo mismo durante el gobierno de Cristina. Después se sumaría la ley de superpoderes de 2006 que faculta al jefe de Gabinete a disponer de las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, la reforma previsional de 2008 que transfirió $74.000 millones a manos del gobierno y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de 2012 que amplió la capacidad de financiar políticas con reservas de la entidad monetaria.

Mientras el Estado concentra dinero, a la población y a las empresas privadas se les niega el derecho de decidir sobre lo suyo. En octubre de 2011 la Administración Federal de Ingresos Públicos sancionó la Resolución General 3210/2011 que requiere de una aprobación previa para la compra de divisas. En noviembre del siguiente año se sancionó una ley que establece fuertes regulaciones en el mercado de capitales mediante la cesión de amplias facultades de intervención en el sistema a la Comisión Nacional de Valores que ponen en peligro la propiedad privada.

Controlar la Justicia:

La Justicia y los organismos que controlan al Estado no pueden ser independientes del poder político. Néstor Kirchner llevó a cabo la primera reforma del Consejo de la Magistratura que redujo la cantidad de integrantes y aumentó los representantes del oficialismo. Cristina Fernández dio un paso más con un proyecto que servirá para que militantes partidarios sean quienes elijan los jueces, que pasarán a ser activistas o dependientes del poder turno.

El afán por centralizar poder y garantizar impunidad no es sólo judicial. Se trata de todas las instituciones y mecanismos que deben controlar al Estado. Por eso no sorprende el desinterés por el funcionamiento de instituciones clave como la Unidad de Información Financiera, donde se desplazaron técnicos especializados en investigaciones antilavado para designar militantes y familiares de su titular, y la Oficina de Anti Corrupción, o que la cuñada de Máximo Kirchner tenga a su cargo la Dirección Regional de la AFIP de Rio Gallegos que investiga las maniobras de Lázaro Báez.

Controlar la prensa:

La publicidad oficial, la creación de medios oficialistas y la discriminación y hasta persecución de medios no alineados son parte integral de la década atropellada. La distribución discrecional de publicidad oficial y la creación de un grupo de medios afines al gobierno empezó con Néstor Kirchner y se profundizó durante los gobiernos de Cristina. Entre 70 y 80% de los medios responden directa o indirectamente al oficialismo, y se discrimina a los medios cuya línea editorial no es compartida por el Gobierno.

El intento de intervenir a Papel Prensa y la aplicación parcial y tendenciosa de la ley de medios son otros ejemplos de la intención de discriminar y perseguir a los medios no oficialistas.

Inclinar la cancha:

El control absoluto del Estado y la impunidad dependen de la permanencia en el poder. Por eso se busca inclinar la cancha en la contienda electoral a través del cambio de reglas que favorecen al oficialismo y la mala fe legislativa. En diciembre 2009 se sancionó la ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral que prohíbe la publicidad electoral paga en TV y radio y su reemplazo por espacios gratuitos asignados a cada partido político. Un dato no menor es que la publicidad utilizada por el Gobierno en los medios oficialistas queda exenta de la normativa, como así también el uso abusivo de la cadena nacional.

En esta década atropellada surgieron las "candidaturas testimoniales" cuando el Frente por la Victoria llevó a Daniel Scioli y Sergio Massa a sabiendas de que no iban a asumir. La reciente reforma del Consejo de la Magistratura dificulta la alianza entre partidos políticos opositores ya que establece que una coalición solo podrá llevar candidatos a Consejeros si conforma un frente electoral con el mismo nombre en 18 de las 24 provincias. Otro ejemplo de mala fe legislativa fue la forma en que se aprobó la ley de mercado de capitales, donde se introdujo en el tratamiento en particular y con votación a mano alzada la potestad de la CNV para designar veedores con facultad de veto y separar a los órganos de administración de una empresa. Es un ejemplo, de muchos, de la modificación de reglas de juego para facilitar el control de empresas privadas y de la economía.

Aislamiento internacional:

El aislamiento sirve para cortar lazos con países e instituciones que demandarían mayor transparencia e institucionalidad para encauzar relaciones estratégicas, políticas y comerciales. Por eso, el aislamiento es una manera fomentar corrupción y lograr impunidad.

El reciente conflicto con Chile por los vuelos de LAN es solamente el ejemplo más reciente de un conflicto innecesario, iniciado por nuestro país, con un vecino. En 2005 comenzó el conflicto con Uruguay por la instalación de plantas de celulosa. Ese mismo año, con Hugo Chávez, se organizó la "contra-cumbre" de Mar del Plata para boicotear una cumbre con 32 mandatarios del continente, también organizado por nuestro gobierno en esa misma ciudad. Desde 2006 nuestro país no permite al Fondo Monetario Internacional realizar auditorías de la economía, al igual que Uganda, Venezuela, Eritrea, Siria, Sierra Leona, Jordania y Madagascar.

En 2011, ya con Cristina Fernández, un avión militar norteamericano fue demorado en Ezeiza y su carga incautada por nuestro canciller debido a que contenía "material sensible". Al año siguiente, 40 países presentaron sus quejas ante la Organización Mundial de Comercio por las trabas a las importaciones impuestas por el gobierno argentino. El 28 de febrero de 2013, el kichnerismo logró aprobar en tratamiento exprés un Memorándum de Entendimiento con Irán, uno de los países más conflictivos del mundo, con numerosas condenas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y acusado de perpetrar un atentado terrorista contra la AMIA.

Revisionismo histórico:

Adulterar la historia para disfrazar el presente, como el pasado menemista o duhaldista o los lazos con la dictadura de los Kirchner y funcionarios de sus gobiernos, es otro componente de la década atropellada. Más allá de la revisión del pasado de personajes particulares, surgen ejemplos institucionales: en enero de 2007, el gobierno de Néstor Kirchner intervino el Indec y destruyó la confiabilidad de las estadísticas nacionales. Además, el gobierno de Néstor sumó el Anexo II del libro "Nunca Más" a todos "los caídos en combate por la revolución" incluyendo, por ejemplo, terroristas fallecidos mientras buscaban desestabilizar gobiernos constitucionales.

Durante el gobierno de Cristina se creó el "Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego" que tenía como fin "el estudio, la ponderación y la enseñanza de la vida y obra de las personalidades de nuestra historia y de la Historia Iberoamericana". En 2012, el Canal Encuentro comenzó a repartir en todas las escuelas públicas del país "La asombrosa excursión de Zamba", una serie para niños que relata la versión "oficial" de la historia y La Cámpora comenzó a dictar talleres en escuelas primarias y secundarias con fondos públicos.

Falta de información pública:

La falta de información pública es al mismo tiempo garantía de impunidad y expresión de poder. Por un lado, cuanta menos información fiable hay, más difícil es evaluar una gestión. Por el otro, al negar información, un gobierno expresa que su poder lo exime de la rendición de cuentas.

El jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes alternativamente a cada una de sus Cámaras para informar sobre la marcha del Gobierno: durante 2010, Aníbal Fernández asistió solamente dos veces, durante 2011 asistió una sola vez al Senado, y en 2012 Abal Medina asistió una sola vez a cada Cámara. En julio de 2010 la Sindicatura General de la Nación retiró de su página de Internet la publicación todos los informes de control del Gobierno.

Patoterismo:

El recurso más burdo para centralizar poder y garantizar impunidad es el patoterismo. En agosto de 2010, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno impidió una votación en Papel Prensa el grito de "acá no se vota." El año pasado Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, denunció a los periodistas Matías Longoni, de Clarín y Luis Majul, de América. Moreno inició causas penales contra Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo y contra la consultora de Orlando Ferreres por difundir índices de precios diferentes al del Indec.

El pasado 25 de abril, Moreno, Daniel Reposo y Axel Kicillof irrumpieron junto con periodistas y camarógrafos en la Asamblea General de accionistas del Grupo Clarín, donde el Estado posee una participación minoritaria de 9%. El desempeño fue propio de una pandilla de patoteros y no de funcionarios públicos: "Filmá acá, filmá allá, primer plano de todos", ordenaba. Incluso ironizó sobre la propiedad del Grupo y dirgiéndose a Kicillof dijo: "¡Mirá todo lo que vamos a tener!"

Estos son solo algunos de los tantos ejemplos que ilustran los elementos de la década atropellada. De aquí en adelante es importante resaltar que la debilidad que la oposición ha exhibido hasta ahora no surge sólo de incapacidad o egoísmos que impiden alianzas. Surge también de que varios partidos de ella votaron, por convicción ideológica o ingenuidad, proyectos que ahora reconocen como intentos de acumular poder—fueron partícipes. Al ver la dimensión real de la amenaza a la institucionalidad democrática que ayudaron a crear, esos partidos encuentran que compiten electoralmente, no contra otro partido político, sino contra el Estado en su conjunto, uno que además cambia las reglas de juego e ignora decisiones judiciales que atentan contra su proyecto. Por eso en las elecciones de octubre hay mucho en juego: la Argentina debe dejar atrás los abusos de la década atropellada para poner el foco en lo que ahora importa, ganar las décadas que vendrán.