1
La desregulación económica: transparencia, un factor clave
La información es costosa y asimétrica. No solo es difícil obtenerla, sino que su acceso está marcado por enormes desigualdades. Este problema es particularmente grave en el ámbito regulatorio, donde las normativas transfieren recursos y se convierten en fuente de beneficios ocultos para quienes tienen contacto privilegiado con las autoridades políticas. Estas conexiones permiten a ciertos sectores, generalmente bien organizados y poderosos, obtener privilegios que distorsionan la competencia económica.
Reducir la regulación y los costos de transacción asociados no solo facilita la creación de riqueza, sino que también es una estrategia clave para el desarrollo económico. Sin embargo, el conocimiento de estas regulaciones ocultas, muchas veces incrustadas en una maraña burocrática, sigue siendo un desafío para la gestión gubernamental y la ciudadanía. Esto plantea una pregunta urgente: ¿cómo podemos identificar y eliminar estas normativas que obstaculizan la competencia y benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría?
El problema regulatorio está íntimamente relacionado con la influencia de grupos de interés organizados. En general, estos grupos imponen su voluntad sobre sectores más amplios pero dispersos o desordenados. Esto ocurre porque el beneficio individual de un miembro por pertenecer a un grupo de presión disminuye cuando el grupo crece. En consecuencia, los grupos pequeños y bien organizados tienen un poder desproporcionado frente a la mayoría, un fenómeno que refuerza la desigualdad regulatoria. Este desequilibrio se traduce en que los grupos mejor organizados y con menos miembros logran ventajas a costa de otros sectores. Sus conexiones con administradores o funcionarios gubernamentales les permiten moldear la regulación en su favor, excluyendo a los ciudadanos menos organizados. Este mecanismo perpetúa un círculo vicioso de privilegios que frena la competencia y el desarrollo económico. Es la llamada Lógica de la Acción Colectiva definida por Mancur Olson, los grupos mejor organizados controlan a los sectores desorganizados de la sociedad (La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos).
Esto plantea la necesidad de transparencia. Las negociaciones regulatorias tienen dos problemas principales. En primer lugar, las normativas desarrolladas por consenso suelen ser más complejas y, con frecuencia, dejan fuera a intereses legítimos que no logran representación suficiente. En segundo lugar, los grupos de interés mejor organizados tienden a dominar estas negociaciones, excluyendo a los menos organizados y apropiándose de los beneficios.
Ante esta realidad, el gobierno ha mostrado interés en avanzar hacia la desregulación, pero enfrenta un obstáculo clave: la información sobre las regulaciones más problemáticas está fragmentada y, muchas veces, oculta en decisiones interpretativas de funcionarios subalternos. Acceder a esta información requiere un esfuerzo colectivo que aproveche el conocimiento disperso de ciudadanos y actores económicos. Como señaló el premio Nobel Ronald Coase, la disminución de los costos de transacción es en sí misma una estrategia de desarrollo, y la regulación establecida en la búsqueda de rentas es una de las formas más perversas de costos de transacción (El problema del costo social –1960–).
La solución tradicional: el control judicial. El acceso a los jueces, con vías procesales sumarias es la respuesta tradicional, pero no es fácil demandar al Estado, se ha protegido muy bien en las normas procesales y tiene un alto costo. Pero aun un gobierno interesado en liberalizar una economía fuertemente reglamentada, necesita conocer las normas ocultas dentro de la maraña burocrática y las rentas creadas en ella.
En este contexto, surge una propuesta innovadora: un Portal Digital para identificar obstáculos normativos que dificultan la actividad económica (decreto 1055/24). Este portal permitiría a los ciudadanos denunciar regulaciones ineficientes y visibilizar las rentas ocultas que benefician a ciertos grupos de interés. Con la ayuda de los nuevos medios de comunicación, se puede construir una plataforma participativa que recoja información valiosa y facilite la desregulación. Muchas veces un cambio simple en los incentivos tiene efectos perdurables. Este esfuerzo no está exento de desafíos. La gestión de un portal de este tipo requiere una organización compleja capaz de analizar y redactar propuestas de reforma. Sin embargo, es un paso crucial para enfrentar décadas de regulaciones opacas que han contribuido al estancamiento económico.
Aunque la alternativa judicial también es válida para combatir normativas ineficientes, los costos en tiempo y dinero hacen que esta vía sea poco accesible para muchos ciudadanos. Por eso, el Portal Digital se presenta como una solución más inclusiva y efectiva del derecho a “peticionar a las autoridades”. Es hora abandonar al “país del no se puede” con una sociedad donde la transparencia y la competencia sean los motores del desarrollo económico.ß
Profesor emérito de la UBA, consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso
