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La dificultad de Cristina para alinear al oficialismo con su política de precios
El oficialismo intenta llegar a los comicios con una solución al déficit que arrastra desde hace un año, la dificultad para reconocer un liderazgo en la gestión de gobierno que ordene su estrategia electoral. Ese esmero es más importante que las razones que trascendieron para introducir cambios al calendario electoral después del almuerzo que Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Wado de Pedro, Sergio Massa y Máximo Kirchner compartieron el jueves pasado en la Casa Rosada.
Cristina Fernández de Kirchner logró el efecto contrario al que deseaba con la solución propuesta a este conflicto. El rechazo de un grupo de intendentes del conurbano a que Máximo sea impuesto como jefe del PJ bonaerense complica la asunción de Fernández como titular del PJ nacional, la base de la tregua pactada por Cristina con el presidente. Pero también enturbia el acuerdo de Fernández con los gobernadores que respaldan su llegada a ese cargo para evitar que Cristina concentre el poder de decisión sobre las candidaturas. Si el Congreso suspende las PASO, tendrían un argumento inapelable para que las Legislaturas que controlan adhieran a esa medida. Le cerraría el camino a La Cámpora para presionarlos a competir por el PJ en sus provincias si no alcanzan un acuerdo que incluya a delegados de esa organización en sus listas. Por eso los gobernadores meditan algún gesto de solidaridad con los intendentes.
Esta situación fue analizada en la reunión del jueves pasado. El consenso general es que una negociación que contemple el interés del conjunto depende de contar con un plazo mayor al 22 de junio, fecha límite para inscribir candidaturas en las PASO que están previstas para fines de agosto. La alternativa de postergarlas hasta septiembre y realizar las elecciones generales el primer domingo de diciembre es la única que fue conversada por Máximo con la oposición horas después del encuentro en la Casa Rosada.
En cambio, la iniciativa de efectuar las dos en simultáneo que circuló este fin de semana parece recuperar un proyecto abandonado en septiembre después que el Gobierno redujo casi un punto la coparticipación de la ciudad y se lo asignó a la provincia de Buenos Aires para que resuelva la protesta de un sector de la policía que reclamó un ajuste que equipare sus ingresos con la fuerza de seguridad porteña.
Ese antecedente hace imposible recrear la excusa con la que Fernández se acercó a Horacio Rodríguez Larreta: moldear juntos un espacio de moderación política. El gobierno porteño aguarda que la Corte resuelva el recurso de amparo que presentó para que esos fondos les sean restituidos. Por eso esta vez el oficialismo elegiría el camino inverso para promover una eventual fractura de Juntos por el Cambio. Es decir, distribuir dinero. O tentar con esa posibilidad a las provincias de Jujuy y Corrientes.
Aunque Gerardo Morales y Gustavo Valdés les advirtieron a las autoridades legislativas de la UCR que no están comprometidos con una maniobra de esa naturaleza, las urgencias económicas de sus administraciones los convierten en víctimas fáciles de estas versiones que alientan sectores del oficialismo sobre un inesperado golpe de suerte que podría favorecerlo.
El Gobierno espera un aporte excepcional de divisas gracias a dos hechos fortuitos. Una mejora de 7 mil millones de dólares en los ingresos por la cosecha gracias al precio récord de la soja y otros 3 mil millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). Los bonos que el FMI volvería a distribuir entre sus socios para auxiliarlos en medio de la pandemia si se concreta el anuncio efectuado a fines de enero por su titular, Kristalina Georgieva.
Una fuente de financiamiento capaz de amortiguar el costo fiscal de la iniciativa presentada por Massa en el Congreso para eximir a más de un millón de personas del Impuesto a las Ganancias, unos 40 mil millones de pesos. Es probable que el aliciente de este ingreso extraordinario le impida al oficialismo asociar sus tensiones internas con las dos grandes dudas que lo inquietan: cómo contener al Covid-19 y a la inflación. Sobre todo en su bastión electoral, la provincia de Buenos Aires.
Las desinteligencias de Máximo y el peronismo bonaerense parecen estimular conductas autónomas. El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, desoyó las recomendaciones del ministerio de Salud y se apropió del plan de vacunación que originalmente debía comandar La Cámpora. Aunque conserva una alianza con Massa, Bevilacqua prepara para el 8 de marzo una convención del vecinalismo que podría constituirse en alianza electoral para competir en toda la provincia bajo el lema Buenos Aires Primero.
La mayoría de los intendentes desconfía de Máximo. Pero en particular los peronistas del conurbano. Sobre todo de su aparente promesa para destrabar una nueva reelección que la mayoría tiene vetada por ley. "Lo único que le escuchamos decir es: no me opongo." La herramienta de presión de los intendentes para negociar las candidaturas a legislador este año podría desvanecerse si las PASO se postergan hasta septiembre.
Máximo podría asumir en junio sin la urgencia de negociar con los jefes comunales las candidaturas a legisladores provinciales. Para eso precisa que las actuales autoridades renuncien en marzo, un asunto complejo del que conversaron en Hurlingham el 29 de enero Máximo y el intendente Juan Zabaleta.
El optimismo de Axel Kicillof en una recuperación económica con el plan de vacunación es puesto a prueba por el alza generalizada de precios que trae zozobra a la política salarial de su gobierno. Especialmente en el área de Seguridad. El ministro Berni reconoció la impotencia frente a ese flagelo. Amenazó con tirotear a los policías que tomen comisarías. El riesgo latente de que se repitan las protestas de septiembre es alimentado por Berni.
La inflación carcomió el reajuste del 20 por ciento en tres cuotas pactado en septiembre. Es decir, los 11 mil millones de pesos transferidos a la provincia en perjuicio de la ciudad. Las declaraciones de Berni provocaron malestar en la cúpula policial. Allí creen que solo Juan Grabois puede salvarlo. Una alusión a la curiosa reyerta que el jefe de los cartoneros protagonizó la semana pasada en San Vicente. Grabois acusó al intendente Nicolás Mantegazza por la represión policial contra 21 cartoneros que intentaron ingresar al Palacio Municipal en medio de un conflicto por el control de una planta de reciclado. Martín Insaurralde respaldó a Mantegazza. En Lomas de Zamora llamó la atención que Grabois no invocase a Berni. También que los cartoneros llegaran en vehículos identificados con el ministerio de Medio Ambiente porteño. En su percepción, una prueba de su histórica relación con el Pro.O con Rodríguez Larreta, al que atribuyen valerse de Grabois para frenar el avance en la zona sur de la ciudad. Cerca de Insaurralde están convencidos que Grabois cumple el rol que Hugo Moyano supo tener con Néstor Kirchner. Colaborar en el control de la calle. Pura especulación y habladurías.
La inclusión de Moyano y Sergio Palazzo en la delegación de sindicalistas que se sentarán con empresarios y el gobierno a discutir una política de precios es el gesto que el gobierno pide a la CGT para concretarla. Palazzo es el candidato del kirchnerismo a integrar la conducción de la central obrera. Camioneros y bancarios obtuvieron los reajustes de haberes más altos el año pasado. Quizás un indicio de la alineación de precios y salarios que persigue Cristina.
