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La facultad para impedir el juramento de un legislador
Lorena Villaverde es diputada nacional por La Libertad Avanza, pero en las elecciones de octubre dicha agrupación la postuló como candidata a senadora nacional por Río Negro, y habiendo sido electa, a partir del 10 de diciembre asumirá la correspondiente banca. Sin embargo, las noticias han revelado que la legisladora libertaria ha tenido protagonismo en una causa por tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, y vínculos con el ciudadano argentino acusado de narcotráfico Fred Machado, vinculado a su vez con José Luis Espert, a quien este tipo de cuestiones llevaron a renunciar a su candidatura en las pasadas elecciones.
Ahora la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado intenta impedir que la electa senadora Villaverde pueda asumir la banca obtenida. La cuestión es determinar si ello es constitucionalmente viable. Para evacuar este interrogante, como primera medida es necesario analizar quién tiene la potestad de echar a un legislador de su cargo, sea diputado o senador nacional. Encontramos la respuesta en la Constitución nacional, en su art. 66: a los legisladores los destituye la cámara a la que pertenecen, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Concretamente, a un diputado lo remueven sus pares de la Cámara de Diputados, y a un senador sus pares del Senado.
¿Cuál es la causa por la cual es posible expulsar a un legislador? La respuesta también la brinda la misma norma constitucional referida: inhabilidad física o moral “sobreviniente” a su incorporación a la Cámara. El entrecomillado de la palabra “sobreviniente” no es casual. Allí está el secreto que permite definir si es posible que una cámara impida el ingreso de un legislador electo. En efecto, en el caso de Villaverde no se trata de definir si el Senado podría echarla, por cuanto no está incorporada aún a la Cámara. La cuestión es si se le puede impedir que asuma su banca. Y la respuesta, otra vez, está en la Ley Suprema, porque la norma habilita a cada Cámara a remover a sus integrantes una vez que se han incorporado (y por causas inhabilitantes posteriores a la asunción de estos a sus respectivas bancas), pero no las autoriza a impedirles el ingreso.
Algunos invocarán el art. 64 de la Constitución nacional, según el cual cada Cámara es “juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros”, y que dicha norma la autoriza a evaluar la “habilidad” o “inhabilidad” de un legislador electo, para incorporarse al cuerpo. Pues no es así. La referida norma data de 1853, año en que se sancionó la Constitución nacional y en la que no había Justicia Electoral. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido la oportunidad de definir el sentido y alcance de dicha norma en los casos “Bussi” y “Patti”. En esas causas determinó que esa disposición constitucional, vetusta por cierto, solo autoriza a cada Cámara a evaluar la validez de los diplomas emitidos por la Junta Electoral y entregados a cada legislador una vez que, realizado el escrutinio definitivo, se confirma que han obtenido la cantidad de votos suficientes como para lograr un escaño.
En efecto, si un candidato a legislador se ha presentado como candidato, si su candidatura ha sido aprobada por la Justicia Electoral, y si luego fue elegido por el pueblo, no es posible que una cámara pueda impedir que ejerza la representación que le ha sido encomendada popularmente. Dicho de otro modo, si en la etapa de la oficialización de las candidaturas la Justicia Electoral no encontró causa de inhabilidad (que según la ley es una demencia o una rebeldía penal, o una condena firme por delito doloso), y si en el proceso electoral la gente votó al candidato, ninguna cámara está autorizada a ir contra lo dispuesto por la Justicia y la elección popular.
En las pasadas elecciones legislativas, mucho se ha discutido la candidatura de Cristina Fernández, cuando su condena por administración fraudulenta aún no estaba firme. Si no hubiera mediado el fallo de la Corte Suprema dando firmeza a esa condena, y si por lo tanto hubiera participado en la elección y hubiera logrado una banca, seguramente el kirchnerismo no habría intentado, como lo hace ahora, impedir que la expresidente asumiera la banca, aunque tuviera una condena de primera y segunda instancia por corrupción. Eso es adoptar una doble vara para el análisis de los hechos; eso se llama hipocresía.
Desde un punto de vista político, candidatos como Villaverde no son dignos de representar al pueblo desde la Cámara de Diputados (como lo está haciendo ahora), ni a una provincia desde el Senado, pero parece que es lo que a la gente le gusta votar. Constitucionalmente, el análisis es diferente, porque en un Estado de Derecho rige el imperio de la ley, y la ley (nada menos que la Constitución nacional) habilita a Villaverde, en este contexto, a ser senadora nacional.
Por Félix V. Lonigro
Tipo de trabajo:
opinión
