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La fractura social
Por Natalio R. Botana Para La Nación
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El año que concluye no ha sido bueno para la mayoría de los argentinos. Pocos han seguido disfrutando de los beneficios de una situación holgada. Estos datos, sumados a los del último período de Carlos Menem, tanto o más negativos que los de estos doce meses, parece que hubiesen clausurado nuestras esperanzas de una vida mejor. Tal vez el financiamiento que acaba de recibir el Gobierno ahuyente estas tensiones inmediatas. Pero esas medidas podrían diluirse si no asumimos una responsabilidad colectiva aún ausente. Por ahora somos una democracia de deudores.
Cuando mira hacia atrás, la política democrática se legitima gracias a sólidas tradiciones institucionales, ya que el vigor de una constitución depende de la maduración de nuestros hábitos ciudadanos. En la actualidad, sin embargo, estos presupuestos deben nutrirse del complemento indispensable de una política democrática que sepa también mirar hacia adelante.
La democracia es un legado y un conjunto de programas. Si el legado ha sufrido antes los agravios de la violencia y el temple programático declina por una falta de inteligencia unida a la mala gestión, entonces la democracia oscila entre la incomprensión de la sociedad y la incompetencia de la política. Es el caso de nuestros recientes sobresaltos.
En el plano de las políticas que deben mirar al futuro, el problema más serio consiste en aunar las hondas transformaciones de la tercera revolución industrial con un nuevo concepto de la libertad y la justicia. De manera recurrente, hoy tenemos la sensación en la Argentina de que la libertad se escinde día a día de la justicia. Al estrépito que producen los medios de comunicación sucede siempre el silencio de los excluidos.
Estos últimos, cuyo número alcanza proporciones vergonzosas, delimitan con su presencia el contorno de la desigualdad. La cuestión que esta fractura social plantea a nuestra democracia consiste en saber si un régimen consagrado a realizar efectivamente el principio de la igualdad ante la ley podrá sobrevivir conjurando esas tendencias adversas.
Crecimiento y desigualdad
La respuesta a este interrogante no consiste sólo en concentrar energías en la empresa del crecimiento. Si bien el alivio financiero del "blindaje" podría dar impulso a esta elemental exigencia, solemos olvidar que el crecimiento no es, ni debe ser, el único soporte del régimen democrático. Sin el auxilio de instituciones fiscales capaces de convertir nuestras obligaciones en bienes públicos compartidos por los que menos tienen, y sin el comportamiento responsable de una dirigencia social y política que haga honor a la mediación ciudadana, el crecimiento puede reproducir la desigualdad.
Muchos de estos efectos no previstos quedaron reflejados en el cuadro del crecimiento de los años 90. Crecimos sin duda, pero al precio de un irresponsable endeudamiento y de una flagrante ineptitud fiscal. Ambos comportamientos alimentaron en medios internacionales la imagen de un país injusto, que, al dar la espalda a la equidad social, se enriquecía sin pagar impuestos (basta leer, al respecto, las declaraciones de Vito Tanzi en La Nación del domingo pasado).
Espacio quebrado
Este rechazo a enfrentar la realidad corre parejas con la falta de reacción de un sistema representativo que no se reforma ni encara estas modificaciones estructurales. De este modo, la fractura social no sólo es tributaria del desempleo sino de la ruptura del lazo que une a los ciudadanos con el cumplimiento de sus obligaciones. Como resultado de ello, el país navega precariamente gracias al respaldo minoritario prestado por los que pagan impuestos. Los demás miran al costado, defendiendo con uñas y dientes sus privilegios fiscales.
Este gesto de dar la espalda a una sociedad cada vez más escindida entre débiles y poderosos está produciendo una democracia dividida en compartimentos estancos. El Estado de derecho remeda así un espacio quebrado entre quienes tienen acceso a la justicia (por contar con los medios pecuniarios para ello) y la multitud indiferenciada que, aunque participa con su voto en las elecciones, permanece ajena a las garantías de los derechos civiles y sociales.
Jean-Yves Calvez ha escrito en Política. Una introducción , uno de sus últimos libros: "Lo específico o punto de partida de la política es un reconocimiento mutuo entre libertades arrancadas a la violencia". Cabría preguntarse si ese reconocimiento no se está disolviendo entre nosotros a un ritmo que combina los estallidos sociales de los piqueteros, el clientelismo político que pretende controlarlos o usarlos en su beneficio, y el letargo e indiferencia de una sociedad que no acierta a fijar, a través de sus representantes, un rumbo común.
Acaso estos factores hayan acentuado esta sensación de inmovilismo. Claro está que esa recuperación del aliento no llegará fácilmente. Deberá provenir de un salto cualitativo en la calidad de nuestra democracia, que aproxime a los ciudadanos en lugar de apartarlos y excluirlos. Algunos países pudieron hacerlo gracias al apoyo externo y a otros les demandó un mayor y solitario esfuerzo. En todo caso, no podemos demorar más tiempo en intentarlo. © La Nación
