La ilusión joven

Son profesionales, jóvenes y tienen vocación por la administración pública, lo que en estos días constituye más que una rareza. Trabajan desde diversas organizaciones no gubernamentales, razón por la cual sus rostros resultan prácticamente desconocidos para el gran público. Pero los identifica la misma obsesión: mejorar la eficiencia del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.

En su gran mayoría, son voluntarios casi sin remuneración a los que financian empresas privadas y particulares, ante las cuales, por supuesto, rinden cuenta de sus gastos. Está claro que no buscan ganar dinero ni notoriedad. A ellos, simplemente, les gusta hacer. ¿Qué hacen? Identifican los problemas de los gobiernos y les dan solución, sin quedarse en la fácil retórica de los diagnósticos. Así de simple, así de admirable. En la página siguiente usted se encontrará con las vivencias, ejemplos e ideales de nueve profesionales que dejaron de lado un futuro más cómodo en el sector privado para servir al país.

"Para mejorar el funcionamiento del Estado hay que hacerlo desde adentro, involucrándose", dice, enérgica, María Eugenia Vidal, directora ejecutiva del Grupo Sophia, una de las organizaciones que más ha trabajado desde las entrañas del Estado para hacerlo más eficiente. Sólo ella y una parte minoritaria del grupo son rentados. La mayoría de los 200 integrantes que día tras día trabajan para mejorar el funcionamiento de organismos nacionales, provinciales y municipales son voluntarios sin pago alguno.

Actualmente, varios equipos de Sophia _cuyo promedio de edad es de 27 años_ incursionan en la vida pública. Su ex presidente Horacio Rodríguez Larreta (h.) dirige la Dirección General Impositiva (DGI) con 15 colaboradores llevados de Sophia, otros seis analizan dónde debería invertir el Municipio de la Costa para ser más eficiente, cinco elaboran una guía de trámites en La Plata para ordenar la gestión burocrática de los bonaerenses y otros cinco confeccionan un mapa del Estado en la provincia de Buenos Aires, esto es, hacen un organigrama con los recursos humanos, funciones y presupuesto que, sostienen, simplificará innumerables trámites, documentos y ventanillas sociales del distrito.

Al Grupo Sophia lo caracteriza un hecho importante: sus equipos hacen el trabajo que se les pide y vuelven inmediatamente al llano, ninguno pasa a integrar la plantilla permanente de la dependencia oficial que los contrata.

"Somos gente joven, profesionales con vocación por lo público y ganas de cambiar al Estado desde adentro. Tenemos equipos técnicos con experiencia en la gestión de la administración pública. Creemos que nadie puede cambiar por sí solo la cultura del Estado, por eso trabajamos en equipo haciendo cosas, no somos asesores", explica María Eugenia.

Unas 30 empresas (IRSA, Arcor, Medicus y Banco Velox, entre otras) los ayudan económicamente para mantener las viejas oficinas de San José 1111. Sophia se especializa en cinco áreas: reforma del Estado, educación, seguridad, política social y finanzas públicas.

"Cuando realizamos investigaciones, hacemos propuestas concretas e instrumentables. Nuestro público consiste en quienes tienen en sus manos las decisiones políticas", agrega Vidal.

Trabajaron ya en once organismos públicos y difundieron más de 40 publicaciones con sus trabajos. Basta asistir a alguna de sus reuniones operativas para comprobar que sus diálogos están dominados por términos como "plan estratégico", "metas concretas" y "responsable".

Sophia es apartidaria, como el Cippec e Innova, pero a diferencia de éstas promueve que sus integrantes se afilien a partidos políticos. "Es que queremos cambiar el modo de hacer política desde adentro", apunta María Eugenia, que agrega que no trabajan para los partidos políticos: "Primero, hacemos las investigaciones libremente para ver a quiénes benefician los planes y cómo se hacen. Después, los publicamos y presentamos el tema a quien le compete."

Sophia tiene una propuesta en carpeta que por estos días considera no sólo necesaria, sino también viable: asignar desde el Estado un ingreso mínimo para todas las familias pobres del país, de $ 120 a $ 180, dependiendo del número de hijos, que exige el compromiso de los padres de mandar los chicos al colegio, y de que la madre y los hijos se hagan controles de salud. Dicen que es parte de un Plan Social Nacional que reduciría los más de 50 programas sociales actuales a sólo cinco."Hicimos el cálculo y es realizable reasignando partidas del presupuesto nacional. Esto le compete al Ministerio de Desarrollo Social. Lo presentamos a la Presidencia y a todos los que fueron candidatos a presidente", se entusiasma María Eugenia.

Nicolás Ducoté es una de las once personas que se juntaron el 1º de marzo del año último detrás de un sueño: crear un grupo de trabajo que ayudara a resolver los problemas de la administración pública sin necesidad de hacerlo desde dentro del Estado, pero tampoco quedándose en el diagnóstico: querían concretar ideas en acciones.

Así crearon el Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), cuyo promedio de edad es de 27 años. Y en poco tiempo lograron concretar su más reconocido éxito: poner en funcionamiento ocho escuelas públicas autogestionadas en San Luis para 4400 chicos de los lugares más marginales de la provincia.

¿Cómo hicieron? Mudaron a la provincia durante un año a uno de sus equipos y, siguiendo un modelo de Boston, Massachussetts, otorgaron las escuelas a docentes, padres y emprendedores educativos.

Y éstos lo hicieron con resonante éxito: el ausentismo docente alcanzó el índice más bajo del país, esto es, el 0,65 por ciento, contra la media provincial, del casi 7 por ciento, y la nacional, del casi 8 por ciento. Tanto que cuando la provincia anunció, hace diez días, que abriría más escuelas autogestionadas próximamente, en un lapso de diez horas once personas de San Luis se comunicaron con el Cippec interesadas en expandir la iniciativa.

De aquellos once fundadores el número se incrementó hasta llegar a los 50 de hoy, todos con dedicación completa y la misma obsesión: atacar los problemas de la función pública en los distritos que lo requieran. Ya demostraron innovación y eficiencia en lo que se refiere a la política educativa, pero también abarcan otras áreas: política fiscal (hicieron la reforma tributaria de Pilar y los contrató el Consejo Empresario Argentino para que estudien qué cambios hay que hacer en las provincias para que éstas alcancen la solvencia fiscal) y de salud (hacen control de calidad en los hospitales públicos y de algunas prepagas y obras sociales).

Los sostienen empresas privadas como el Banco Galicia, Microsoft, Loma Negra y laboratorio Roemmers, y particulares como Francisco de Narváez y Martín Varsavsky, entre otros, y el hecho de que se hagan auditar por la firma Deloitte & Touche indica de su preocupación por rendir cuentas de lo actuado ante sus donantes y la ciudadanía en general. Precisamente, esta semana difundirán su balance de este año por Internet.

"Buscamos llegar a los intendentes más receptivos para ayudarlos. Por supuesto que no buscamos ganar plata sino cubrir los costos. El año último, cuando hicimos la evaluación del presupuesto 2000, nos convocaron de las oficinas de 42 legisladores nacionales. No queremos cargos públicos ni ser legisladores; nuestro ideal es que de acá a 5 o 10 años nos convirtamos en referentes de todos los legisladores", dice Ducoté.

El Cippec busca que la población cuente con la mayor cantidad de información posible sobre sus representantes. Detrás de ese objetivo, en este momento está produciendo otra iniciativa muy interesante: el "directorio legislativo", que es nada menos que un libro, que contendrá los datos personales, trayectoria legislativa, declaración de ingresos y las formas de contactar a cada uno de los legisladores nacionales del país.

Esta guía incluirá la nómina completa con las autoridades de ambas cámaras, de cada comisión y de cada bloque, además de un gráfico, instructivo para quienes desconocen el manejo legislativo, que detalla quiénes asisten en el recinto a nuestros representantes.

El Grupo Innova se volvió más conocido para el gran público cuando difundió, hace diez días, el ranking de eficiencia de los municipios de la provincia de Buenos Aires en los que vive el 60 por ciento de la población del distrito, que señaló a Vicente López como el mejor administrado y a Florencio Varela como el peor. No fue un estudio más para esta joven organización: el control de la gestión municipal es su especialidad.

Nicolás Fernández Arroyo dice que se sienten a gusto trabajando "en lo práctico, no en lo dogmático". Cada vez que un intendente se los pide, un puñado de sus 52 integrantes -en su mayoría, profesionales, pero sólo siete rentados- se instala en el lugar para hallar soluciones que se puedan convertir en hechos concretos. "Nos entrevistamos con los actores públicos y privados, procesamos la información y proponemos caminos", explica.

¿Qué otros logros los enorgullecen? Gracias a su trabajo, en Rafaela, Santa Fe, establecieron por qué se producía la diáspora de estudiantes de universidades locales hacia otras ciudades y también plantearon las alternativas para trasladar la terminal de ómnibus. En Pilar hicieron lo mismo, al ofrecer siete opciones que midieron el impacto ambiental, el socioeconómico y la contaminación. Y en San Francisco, Córdoba, luego de su trabajo, se empezó a reempedrar el casco histórico de la ciudad y a pavimentar la pista del aeródromo.

Los sostuvieron económicamente empresas como Aguas Argentinas y la Fundación de la Cámara Española (Fucaes), pero hoy los donantes son pocos, admiten.

"Necesitamos ayuda porque trabajar en estas condiciones se hace difícil -dice Fernández Arroyo-. Hay mucho interés de gente joven para trabajar en la mejora de la función pública. Hace poco hicimos una búsqueda, de un profesional con experiencia en investigación, y recibimos 70 solicitudes. Tenemos 200 jóvenes en lista de espera esperando. Pero para los municipios es para lo que menos plata se consigue."

Hoy, entre otras tareas, tienen tres pasantes investigando en la Legislatura bonaerense los proyectos de ley sobre seguridad en estadios deportivos para articular la gran cantidad de iniciativas existentes en la materia. Cada uno cobra sólo 150 pesos por mes.

Sepa el lector que estos grupos no actúan solamente cuando un gobernante les encarga una tarea. Por ejemplo, el ranking de municipios de Innova fue una iniciativa propia, de gran repercusión en la provincia de Buenos Aires -que mereció un espacio en la tapa de LA NACION-, en la cual sólo uno de los intendentes (el de Quilmes) accedió a darles información.

Innova hace investigaciones en estas otras áreas de los municipios: gestión político administrativa (cómo planifican, programan y proyectan los municipios, y cuánto de esto ejecutan) y datos sociales (necesidades básicas insatisfechas, índices de natalidad, mortalidad y analfabetismo).

"Yo veo que hay un enorme compromiso de los jóvenes con lo público, lo que no queremos es ser utilizados. Por eso, nosotros, desde Innova, nos estamos dando a conocer con hechos", explica Fernández Arroyo.

Innova se preocupa, además, por reunir a jóvenes con vocación por los problemas públicos de otros países. Este año, realizaron en esta ciudad un seminario para jóvenes líderes de Paraguay y Uruguay. "Yo creo que las estructuras partidarias están contaminadas -dice-. Es hora de abrir la política a los jóvenes."

Diego Gorgal
25 años, licenciado en Ciencias Políticas, cursa un máster en Economía.

Es muy joven, pero tiene gran experiencia en la función pública. Pasó por el PAMI con el equipo de Horacio Rodríguez Larreta (h.) y ahora asesora al ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Alvarez. En 1999, actuó como consultor de la intendencia de Venado Tuerto para reformar la administración financiera de la Comuna, donde logró que se aprobara el reemplazo del presupuesto por cuentas por el presupuesto por programas, para repartir dinero por objetivos y, al ver la resolución de los programas, medir el éxito de las asignaciones. En el PAMI, gracias al diagnóstico surgido del censo de personal que concretó para saber quién cobraba un sueldo, cuánto cobraba y qué trabajo realizaba, el organismo redujo sensiblemente la planta de personal. Su tarea sirvió para ordenar y depurar a los empleados que sobraban. "Aprendí que el administrador público debe tener un marco de incentivo. Deben tener un motivo para hacer las cosas bien; y si las hacen mal, tener algo que perder", concluye hoy, con el paso del tiempo.

Miguel Braun
27 años, licenciado en Economía y máster en Economía en Harvard.

Miguel Braun vivió sus últimos cinco años en Harvard, donde cursó un máster en Economía. A contramarcha de muchos jóvenes, él quería volver. Tenía la posibilidad de trabajar en un banco en Wall Street. Pero la rechazó. Quería venir a ver qué podía hacer para mejorar las cosas. En su país.

"Tenía claro que quería dedicarme a contribuir para que las cosas se hicieran mejor desde el sector público", cuenta.

Tiene dos grandes temas en carpeta: reformar las instituciones fiscales -"para que, a largo plazo, se consiga solvencia fiscal y los fondos públicos se asignen de manera más eficiente, honesta y equitativa", dice-, y lograr que la mayor cantidad de ciudadanos posible tenga acceso a la información.

¿Aspiraciones políticas? "Probablemente sea inevitable... No es un fin en sí mismo, pero para comprometerse con las reformas y mejorar el gasto público tal vez sea necesario estar adentro", dice después de una pausa.

Magalí Junowicz
24 años, licenciada en Economía.

Junowicz coordina un proyecto de investigación: trabaja en un estudio sobre el Desarrollo de Polos Tecnológicos. "Ante la situación actual de la Argentina resulta prioritario explorar otros sectores económicos que posean perspectivas de desarrollo futuro, en los que se puedan aplicar ventajas competitivas existentes como infraestructura y capital humano altamente calificado. Estas ventajas podrían posicionar a nuestro país como un polo de desarrollo para el mercado hispanohablante", se entusiasma. El uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones fue y es una de las claves para el desarrollo de países emergentes en el mundo.

Junowicz confía en que nuestro país puede apostar a ese sector. "Países con contextos muy diferentes como Irlanda, India e Israel han logrado impulsar el desarrollo de sus sociedades merced al crecimiento de este sector. Estamos definiendo las estrategias para nuestro país basadas no en el potencial actual, sino en las posibilidades reales de desarrollo a futuro", señala.

Natalia Capellari
27 años, licenciada en Relaciones Internacionales.

Natalia Capellari alterna sus días entre la investigación y la función pública. Para ella "estar adentro" de las estructuras de poder constituye una posibilidad clave: "En términos de satisfacción personal, la gestión pública te da la chance de poder influir positivamente en la vida de la gente como ningún otro lugar", asegura. Trabaja en un relevamiento de organizaciones empresariales. "Queremos hacer un mapa para identificar aquellas instancias de poder real y cómo se articulan con el Estado -explica-. Es la tarea inversa a lo que siempre hacemos, ya que, en general, miramos a la sociedad desde el Estado", dice mientras elabora dos informes sobre el presupuesto nacional. Uno en función de lo que el Ejecutivo envía al Parlamento y otro destinado a la población. El objetivo es colaborar en el debate brindándole a los legisladores y a los ciudadanos los medios para participar activamente de la discusión. "Tratamos de traducir algo que suele estar en un lenguaje poco accesible, para que la gente sepa cuáles serán las áreas prioritarias de la futura gestión", destaca.

Antonio Cicioni
30 años, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Educación.

Fue quien impulsó la creación de ocho escuelas públicas de autogestión en San Luis, nada menos que el caso bandera de Cippec, donde dirige el área de Política Educativa. "Es lo que siempre me gustó: promover mejores instituciones para que la educación avance", confía. Su primera, y decisiva, colaboración con la gestión pública para beneficiar la educación arrancó en 1997.

Ese año regresó de los Estados Unidos con el recuerdo de las "escuelas chárter": escuelas estatales, de libre ingreso, cuya administración se encarga a una cooperativa de educadores."El gobierno solamente las financia. El diseño integral queda en manos de un grupo de docentes con libertad para crear, donde los educadores eligen desde la hora del recreo hasta qué dictar", explica. ¿Las ventajas? "Que hay chicos pobres con educación gratuita y buena. Los educadores adquieren un mayor compromiso con su tarea. Y también crece la participación de los padres y de los alumnos", sintetiza.

Marcelo Cárdenas
25 años, licenciado en Economía.

Con un compañero de Innova, estudió las cuentas de San Francisco, Córdoba, para revelar qué sucedía en sus finanzas y luego recomendar políticas por seguir. Primero, encontraron una grave falla en la recaudación tributaria. "No existía un seguimiento del curso de las etapas de las tasas y contribuciones, que se traducía en pérdidas de recursos año tras año y una deuda cada vez más grande con el sector privado", sostiene. Así, recomendó instrumentar incentivos para la cancelación de sus deudas, tales como moratorias para los deudores, y un sistema de premios y castigos para bonificar a quienes estuvieran al día. Como se trata de una zona muy rica para la explotación frutihortícola, propropusieron que se entregaran los terrenos fiscales desocupados a grupos de personas para producir, y que comenzaran a pagar un canon a partir de la venta de esa producción. "Así, se generaron ingresos para el municipio y para los particulares, y se impulsan los microemprendimientos", precisó.

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