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La imprudencia al volante
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Quien hace gala de imprudencia cuando conduce cualquier clase de vehículos debería tener prohibido de por vida manejar, porque demuestra carecer de respeto por su propia vida y por la de sus semejantes. Una vez más, la inconducta vial se ha cobrado la existencia de dos personas inocentes y ese flagelo cotidiano, en que el país tiene penosa preeminencia, seguirá incólume en tanto la sociedad en su conjunto no se decida a ponerle punto final.
Una mujer y su pequeña hija perecieron abrasadas dentro de un pequeño y antiguo automóvil cuando transitaban, a marcha normal y dentro del carril debido, por la avenida Intendente Cantilo, frente al estadio de River Plate. Su vehículo fue embestido en la parte trasera por otro mucho más potente, que de acuerdo con testimonios policiales lo hacía a velocidad excesiva -presuntamente intervenía en una picada- y al intentar adelantarse en forma antirreglamentaria se lo llevó por delante, provocando el estallido del tanque de combustible. El auto que causó la tragedia, conducido por un joven de 19 años, estaba preparado, además, para desarrollar velocidades superiores a las de por sí elevadas que puede alcanzar de fábrica.
Mientras la sociedad se lamenta por este episodio que ha venido a engrosar las espeluznantes tasas anuales de mortalidad por culpa de los accidentes de tránsito, es menester convenir en que esa caótica y luctuosa situación no es fruto del azar.
En la Argentina, desobedecer o directamente ignorar las reglamentaciones viales vigentes es como una suerte de deporte demencial practicado por la mayor parte de los conductores. Se trata de una flagrante y masiva inconducta cívica que tiene origen en la concesión indiscriminada de las licencias habilitantes: la idoneidad de los aspirantes es verificada en una pista de pruebas que poco o nada tiene que ver con las condiciones de manejo imperantes en la vía pública (incluso hay jurisdicciones que prescinden de esa tolerante formalidad).
A ello hay que sumar los criterios meramente recaudadores que rigen los controles del tránsito, la inoperancia de la legislación y la lenidad de las sanciones, las burocráticas estructuras de los tribunales de faltas que les permiten a los infractores evadir sus responsabilidades, la proverbial ineficacia de los programas de educación vial y la fabricación interrumpida de vehículos progresivamente más veloces y potentes, puestos en manos de conductores dudosamente aptos para manejarlos.
Un interminable e inoperante debate, reavivado fugaz e infructuosamente en cada oportunidad en que un accidente grave conmueve a la opinión pública, es la única respuesta que hasta ahora se le ha dado a esta gravísima cuestión. Año tras año, la inexplicable subsistencia de esa generalizada actitud indiferente arroja el triste saldo de miles de víctimas mortales, infinidad de discapacidades físicas permanentes o transitorias e ingentes pérdidas materiales, financieras y de horas de trabajo.
Ni siquiera esas gravosas consecuencias han logrado llamar a la reflexión a los encargados de dictar las medidas preventivas y punitivas que son norma inexcusable en otros países evidentemente más cuerdos en materia de legislación de tránsito. Sin ir más lejos, desde abril de 1997, el Senado de la Nación tiene pendiente el tratamiento del proyecto que agrava las penalidades para los conductores que provoquen muertes por accidentes de tránsito, iniciativa que desde ese entonces cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados.
La preservación de la seguridad pública es misión indelegable del Estado. Sería positivo, pues, que se hiciese carne en el Estado y en toda la sociedad la conciencia de que infringir las reglamentaciones de tránsito es una conducta tan peligrosa y dañina como la de quienes empuñan un arma para delinquir.
