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La inflación en el conurbano, una obsesión de Cristina
Ángela Merkel le confirmó a Alberto Fernández lo que ya sabía. Sin un plan consistente para corregir sus desequilibrios macroeconómicos, a la Argentina le será difícil que la comunidad internacional sea comprensiva con las dificultades que tiene para cumplir con sus compromisos externos.
Es la traducción práctica del diálogo que ambos mantuvieron anteayer: el acuerdo previo con el FMI resulta indispensable para renegociar el pago de 2400 millones de dólares que debería hacerse efectivo el 30 de mayo. Una condición que obligaría al oficialismo a zanjar el debate sobre inflación y gasto público en sus filas durante los dos meses de prórroga para cumplir con ese vencimiento que concede la entidad coordinada por Francia. Es muy difícil que esas variables no sean aludidas en cualquier tipo de entendimiento que pueda alcanzarse con el organismo que preside Kristalina Georgieva. Bajo la pomposa denominación de “Proclama del 25 de mayo”, el documento promovido por Fernanda Vallejo es otro capítulo de esa disputa.
La economista y diputada nacional replica el disgusto de Cristina Fernández de Kirchner con Martín Guzmán: la renegociación de la deuda con los acreedores privados no arrojó los resultados esperados “en términos de disminución del riesgo país y del ingreso de divisas.” Pero tampoco la que el ministro de Economía lleva con el Fondo, que “propone únicamente un acuerdo a 10 años, por lo cual se transformaría en un auditor permanente de las cuentas del Estado Nacional e impondría sus condicionantes, perjudiciales para el presente y el futuro de Argentina.”
El achicamiento del gasto público y el control de la inflación son algunos de los ítems que observaría el FMI. Algo que Cristina no puede permitirse en la antesala de un proceso electoral complejo. Sobre todo en el conurbano bonaerense, donde se asienta su mayor caudal de votos. Es el motivo de su enojo por la poda de Guzmán al presupuesto. En abril redujo en un 14 por ciento el gasto corriente primario con relación al mismo mes del 2020. Las prestaciones sociales aportaron casi 10 puntos a ese recorte: 52.411 millones sobre un total de 76.557 millones de pesos.
Pero esa medida no solo aleja a Guzmán de Cristina. También de quienes serían sus aliados en el gobierno. O de Fernández, su principal defensor. El Movimiento Evita es uno de ellos. La política del Ministerio de Economía lesiona su interlocución con el resto de las organizaciones piqueteras. Emilio Pérsico las alertó hace un mes de las políticas de ajuste del ministro. Una forma de recuperar empatía con las corrientes de izquierda que lidera el Polo Obrero. Si el 13 de mayo no cortaron los accesos a la ciudad como planearon fue por el compromiso asumido esa noche por Pérsico y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de reincorporar los 50 mil planes del programa Potenciar Trabajo dados de baja en abril. La protesta hubiese sido una catástrofe para el gobierno. Habría ocurrido mientras el Presidente era recibido por el Papa en el Vaticano. Tal vez el aspecto más positivo de la gira por Europa.
En esa reunión, Pérsico se lamentó de criticar que el aumento del 50 por ciento en la tarjeta Alimentar no se haya destinado a los programas que controla desde la secretaría de la Economía Popular. Como Potenciar Trabajo. Unos 250 mil millones de pesos. Equivale al 0,7 por ciento del PBI y representan 50 mil millones menos que los que iban a ahorrarse por la baja de los planes. Una medida que desaconsejan a Arroyo sus asesores legales. Podría derivar en querellas judiciales.
Pérsico no tuvo otro remedio que transitar la estrechada avenida del medio. Los beneficiarios reincorporados cobran 5400 pesos. La mitad de lo que percibía. Es probable que la Iglesia haya persuadido a Pérsico de su arrepentimiento. La mayoría de los obispos cercanos a Francisco concibe a los piqueteros oficialistas como una continuidad del peronismo en la representación de las mayorías. Pero en especial de lo que definen como trabajadores de la economía popular. El Papa es partidario de un salario universal para ellos y de incorporarlos en forma activa a la CGT. Algo en lo que insiste desde 2015, por ahora sin éxito. El estudio realizado por Fernando Marull y Asociados podría ser un argumento a favor de la reticencia del sindicalismo tradicional. Comparado el ingreso de una familia tipo con tres hijos asistida por ayuda oficial (2 planes Potenciar Trabajo, 3 AUH y tarjeta Alimentar) y otra con dos salarios mínimos, vital y móvil, los ingresos en mayo de la primera ($48.043) es apenas inferior a los de la segunda ($50.544)
Sin embargo, ninguna de las dos llega a cubrir la canasta familiar calculada por el Indec: 70.868 pesos. Si hay algo que parece desalentar ese tipo de subsidios es la posibilidad de un mercado laboral dinámico y competitivo.
No es la única asimetría con la que convive el oficialismo. La alianza de Juan Grabois con La Cámpora le habría garantizado a la cooperativa Jóvenes en Progreso el monopolio de la recolección de cartón y plástico en la peatonal Laprida y el polo gastronómico de Las Lomitas. La zona del Gran Buenos Aires es la de más alta generación de esos materiales reciclables. Si fuese cierto, constituiría un cambio de estatus notable para Grabois. Hasta 2018 sus cartoneros tuvieron vedado el acceso a esa posibilidad. Lo mismo que le ocurre ahora a otros más informales en Villa Fiorito, lindantes con la terminal de ómnibus en Puente La Noria. Quienes se atreven a desarrollar la recolección en esa zona privilegiada correrían el riesgo del decomiso. Lo que convertiría a la ayuda alimentaria que les presta a esos grupos el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en una curiosa forma de misericordia. El MTE es una organización ligada a Grabois. El vínculo entre el Papa y el dirigente cartonero sigue siendo un misterio. Aunque tal vez la afinidad entre Axel Kicillof y Víctor Fernández pueda dar indicios. El obispo de La Plata visitó al gobernador el 17 de mayo. En el kirchnerismo aseguran que en ese encuentro de 90 minutos Fernández le propuso realizar la ceremonia por el 25 de mayo en la residencia oficial que ocupa Kicillof.
El gobernador sostiene las posiciones más extremas sobre las restricciones necesarias para detener la circulación del virus en la segunda ola de la pandemia y le atribuye buena parte de la responsabilidad en el contagio sanitaria del gobierno porteño. En la reunión con los piqueteros del 13 de mayo, Pérsico y Arroyo se comprometieron a acompañar el reclamo para que sea vacunado el personal declarado esencial que trabaja en los comedores incluidos en el Registro Nacional de Comedores populares (Renacom). Pérsico debió admitir que es probable que Horacio Rodríguez Larreta cumpla antes con ese cometido. Hace dos semanas las organizaciones sociales recibieron de la ciudad el pedido del listado de los 10 mil trabajadores que desempeñan esa tarea en la ciudad de Buenos Aires. Un trámite que Kicillof todavía no cumplió.
