La Justicia abarca a todos por igual

Nuestro país requiere que abordemos con premura y seriedad -en relación con la limitación de imputabilidad de los menores- un debate profundo con la participación de todos los sectores de la comunidad involucrados.

Nadie duda de que en el ideario colectivo de la sociedad -al margen de las estadísticas del caso- transita la preocupación y el temor cotidiano sobre la cantidad de hechos delictivos protagonizados por menores en los últimos años. En efecto, la creciente inseguridad protagonizada por adolescentes exige que analicemos, con sensatez y equilibrio, cuál es el mejor camino para evitar arbitrariedades que arrojen -en la práctica - resultados negativos. En este estado de situación, el actual gobierno cree que bajar la edad de imputabilidad de los menores no resuelve el problema e impulsa afrontar este tema mediante un debate serio e interdisciplinario con los mejores especialistas y actores representantes de Unicef con análisis y acciones preventivas de contención social.

En consonancia con esta postura, Unicef cree que la edad de imputabilidad es un elemento importante de la ley de justicia penal juvenil, que tiene que ser tratado en conjunto con los otros aspectos de la ley y no de manera aislada. Por ello se sostiene que es necesario encontrar un abordaje para la justicia juvenil que no afecte los derechos consagrados en los tratados internacionales que son parte de la Constitución argentina.

A mi criterio, el problema general de inseguridad producto del accionar delictivo de menores debe incluir reformas al Código de Procedimiento Penal, agilizando los procesos, dando intervención activa a las víctimas y limitando las posibilidades de excarcelación y condonación o disminución de penas, sobre todo a quienes reinciden. El Código Penal debe contemplar mayor tipo de delitos, acorde a nuestros tiempos, imponiendo penas más estrictas en particular a los funcionarios que cometan hechos de corrupción en el ejercicio de su gestión pública.

La ley debe marcar límites claros y las sanciones de cumplimiento efectivo para tener un efecto ejemplificador en la sociedad. Al mismo tiempo, se impone una profunda reforma penitenciaria orientada verdaderamente a la posterior reinserción en la sociedad de quien ha violado la ley. Ampliar el ámbito laboral y educativo en las cárceles con el firme concepto de resarcir a la sociedad el daño provocado. Asimismo, es necesario realizar una auditoría continua en las cárceles para evitar descontrol y corrupción interna.

Esta administración desde el comienzo ha instado desde las distintas estructuras del Gobierno a tomar medidas concretas, incluso, decretando la emergencia en seguridad. En ese marco se ha comenzado una intensa lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y por el mayor control de nuestras fronteras, y se ha aumentado la contención social aún en condiciones difíciles de un importante déficit fiscal heredado. Por otra parte, desde el ámbito de la justicia se ha planteado la reforma integral que comprende el Programa Justicia 2020, para transparentar, acercar y modernizar la justicia con una visión cultural y práctica.

Este equilibrio surge, en definitiva, de comprender que la Justicia nos abarca a todos por igual y que no da lo mismo para una sociedad civilizada respetar la ley o pretender vivir al margen de ella.

Ex secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación