La Justicia de Perón: ¡10 puntos!

No es extraño que los trágicos episodios del 15 de abril de 1953 -recordados en esta página al cumplirse cincuenta años- generen polémica. Ella surge del interés por conocer la verdad sobre una violencia política que, aunque de raíces históricas, alcanzó niveles de sadismo a partir del golpe militar de 1930. Fue el general golpista José Félix Uriburu quien designó jefe de policía a Leopoldo Lugones hijo, un tétrico personaje que restauró el método de los tormentos para hacer confesar a los presos. Dicho sistema sería institucionalizado en 1934 cuando otro general, Agustín P. Justo, autorizó la creación de una "Sección Especial" destinada a aplicar torturas a los detenidos por actividades comunistas.

La perfección llegó en 1946 a través de un tercer general, Juan Domingo Perón, que instaló en la Casa Rosada una nueva oficina, Control de Estado, cuya jefatura confió a otro siniestro sujeto, el gendarme Guillermo Solveyra Casares, autor de las instrucciones de aniquilamiento de opositores e introductor de la picana eléctrica portátil. Y aquí lamento rectificar al amigo Antonio Cafiero -por el que siento una antigua estima-, pues no es exacto que los acusados por las bombas del 53 fueran "detenidos y procesados por la Justicia ante los jueces competentes, con todas las garantías de la Constitución y de la ley, y nadie sufrió agravio o condena otra que la dispuesta por la Justicia", como él dice. Tal vez por haber integrado el gabinete nacional de aquel gobierno, Cafiero aceptó esa versión oficial y nunca llegó a enterarse de la verdad.

Es cierto que la Justicia actuó, pero veamos de qué manera. Primero fue allanada la imprenta de Chascomús donde se editaban El Imparcial , de Domingo Catalino, y Patria Libre , del dirigente radical Arturo Mathov. El encargado de dicho taller, Alberto E. Blach, fue preso junto con el periodista Ernesto Bonasso (padre del escritor Miguel Bonasso), acusados ambos de "propalar versiones alarmistas".

Hasta fines de mayo de ese año la policía no cesó de hacer allanamientos. La redada empezó con los socialistas Emilio Carreira, Juan Antonio Solari e Isidro Gabriel. Otro celular cargó a los doctores Carlos Sánchez Viamonte, Alfredo L. Palacios y al octogenario Nicolás Repetto. Poco les costaría capturar luego en sus domicilios a Arturo Orgaz, Federico Pinedo, Pablo Dellepiane, Alfredo Hermitte, Hilmar Digiorgio, Luis Acuña, Francisco Elizalde, Vicente Centurión, Patricio Cullen, Marcelo y Emilio de Alzaga, Guillermo Sansot, Alberto Rómulo Lanusse, Adolfo Ernesto Holmberg, Jorge Raúl Fauzón Sarmiento, Hernán Tulio Davel, Enrique Alippi, Leonor Juana F. de Alippi, Luis Pujol, Germán Sánchez, Otto Carlos Franchi, Alfredo Bernardo Estrabou, Luis Audubert, los hermanos Aldo, Horacio y Miguel Lombardero, María Teresa González, Elena Carazza de Lobato y el aviador Macedo. Al no poder hallar a Mathov, se llevaron a su amiga Yolanda J. V. de Uzal.

Puestos todos a disposición del Poder Ejecutivo, se los distribuyó en la cárcel de mujeres, la Penitenciaría Nacional y el penal de Villa Devoto. En este último se toparon con un prisionero ilustre, el diputado laborista Cipriano Reyes (nada menos que el factótum del 17 de octubre de 1945), que, además de haber sido torturado, llevaba cinco años de reclusión por desobedecer a su líder. Sumados a los centenares de presos políticos y gremiales que venían poblando las celdas desde la huelga ferroviaria de 1951, puede decirse que en 1953 casi no quedaban militantes opositores sueltos. O vivían en el exilio o estaban encerrados. A ellos se agregarían los centenares de almaceneros de barrio acusados de agiotistas.

La mayoría sufrió largos meses en prisión, pero los acusados de "autores materiales del hecho" tuvieron otro destino y quedaron sin registro de entrada en las comisarías. Fue el caso del radical Roque Carranza y del demoprogresista Carlos Alberto González Dogliotti, a los que se atribuía la colocación de aquellas bombas. Carranza me contó una vez que durante su militancia universitaria conoció los laboratorios donde se armaban los explosivos: "Los cartuchos eran fabricados en Ingeniería, aunque sólo se trataba de bombas de humo o de petardos estruendosos". Sobre ese atentado, González Dogliotti explicó que "a consecuencia no de las bombas sino de las avalanchas del público murieron siete personas y sufrió heridas casi un centenar". (LA NACION, 11/5/92). De todos modos, la responsabilidad por los muertos y heridos era la misma.

Sin fiorituras

El trato a los acusados del 53 no sería mejor del que habían recibido entre 1949 y 1951 las huelguistas telefónicas, el abogado radical Juan Ovidio Zavala, el estudiante comunista Ernesto Mario Bravo y el socialista Luis Vila Ayres, que no habían colocado ninguna bomba ni matado a nadie y lo mismo fueron puestos "en la parrilla" de los policías Cipriano Lombilla y José F. Amoresano, especialistas en arrancar confesiones. Tras ser condecorados por su contracción al trabajo, estos dos niños mimados de Solveyra Casares serían sustituidos en la Sección Especial por los hermanos Juan Carlos y Luis Amadeo Cardoso, que formaron un binomio tan eficiente como el anterior en esa repugnante faena.

En mayo de 1953 la policía salió a buscar a González Dogliotti; al no encontrarlo, se llevó a sus hermanos María Teresa y Jorge Alfredo. Este contó que en la comisaría 3ª lo hicieron desnudar, le vendaron los ojos y lo tendieron sobre dos escritorios: "Con unas bandas de goma me amarraron brazos y piernas. Oí que decían: "No tirés tanto, que lo vas a desarmar". Fui interrogado sobre el paradero de mi hermano y como no sabía nada, alguien ordenó: "¡Diez puntos!". Enseguida sentí descargas eléctricas en el vientre y en las piernas, que me sacudían todo el cuerpo. Para que no gritara tanto, uno me tapó la boca con un trapo mientras entonaba el aire mexicano Canta y no llores . Los demás se reían a carcajadas. Dijeron que si quería hablar moviera las manos. Lo hice porque no podía soportar el dolor. Al volver las preguntas y decirles que no sabía nada, de nuevo oí: "¡Diez puntos!". Otra vez las descargas eléctricas, ahora en los labios. Empecé a tener convulsiones, mi respiración se hizo entrecortada, me desmayé y me tiraron en un calabozo".

Su hermana María Teresa sufrió un trato parecido, hasta que ambos fueron blanqueados apenas la policía encontró a Carlos Alberto. A éste lo colocaron en la "parrilla" de la comisaría 46ª y de allí lo pasaron a la 17ª, donde le tomaría declaración el juez Miguel Vignola. Fue peor, porque, al contarle que lo habían torturado, Su Señoría lo devolvió a la seccional anterior para que los especialistas siguieran con el tratamiento.

A Otto Carlos Franchi, además de patadas y puñetazos, le pasaron la picana por la boca, los testículos, las orejas y el cuello: "Quedé con quemaduras en los labios, me vino taquicardia, tenía convulsiones y sentía calambres. Esa noche me calmaron los otros presos, pero volvieron a mandarme al sótano. Allí bajaron también a Dellepiane, a Estrabou y a Macedo, a quienes les hicieron lo mismo delante de mí". El relato de Estrabou incluye su intento de cortarse las arterias con un vidrio, por lo que recibió un martillazo en la clavícula. Lo llevaron al hospital con la mano herida, lo curaron, lo afeitaron, le cortaron el pelo, le dieron ropa limpia, le hicieron firmar una declaración falsa y lo dejaron en Tribunales para que "actuara la Justicia".

Dellepiane no la pasó mejor: "Cardoso me bajó al sótano, me hizo vendar los ojos y estaquear sobre la mesa. Como no le podía decir nada, ordenó: "¡Diez puntos!". Fue terrible. Después me revisó un médico y me llevaron a declarar ante el juez. Jamás me olvidaría de esa valijita gris de la que asomaban los cables de la picana eléctrica".

Para capturar en Encarnación del Paraguay a Horacio Lombardero, sus hermanos Aldo y Miguel fueron llevados por Cardoso hasta Posadas y ablandados en la Gobernación: "Allí descubrimos el espeluznante contenido de ese maletín gris que tanto cuidaban". Tampoco lo olvidaría Yolanda J. V. de Uzal, que estuvo siete meses a disposición del Poder Ejecutivo, "con noches sin poder dormir, lavándome con el agua del inodoro y soportando golpes e interrogatorios bestiales en Orden Político, donde supe lo que era la picana eléctrica".

Hacía cinco años que las Naciones Unidas habían aprobado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" (artículo 5°). En cambio Perón pensaba que "si para alcanzar la victoria el conductor tiene que echar mano a ciertos recursos, debe hacerlo, porque ser conductor es una tarea extremadamente difícil para querer todavía hacerla con extremadas fiorituras o figuras retóricas". Así habló durante una entrega de sables, el 4 de enero de 1952. Sin fiorituras.

Hugo Gambini es periodista. Autor de Historia del peronismo (Planeta): 1. El poder total (1943-1951), 2. La obsecuencia (1952-1955) .