La mentira de la falta de recursos como excusa para frenar el sistema acusatorio federal

La tasa de eficacia del sistema de justicia federal es patética. Aunque todos los sectores políticos y buena parte de los operadores judiciales declaman públicamente su apoyo al sistema acusatorio, lo cierto es que en 2024 el Código Procesal Penal cumplirá 10 años desde su aprobación legislativa, pero sólo entró en vigencia en el distrito federal de Salta y Jujuy. Las razones de esta demora han sido políticas, y no la falta de recursos, el latiguillo de la resistencia al sistema adversarial en las provincias, y una de banderas de la resistencia federal. ¿Cómo se superó esto en las provincias, y cómo enfrentarlo en la Nación?

Veamos:

1. Puesta en valor de los abogados que hoy son amanuenses en fiscalías federales y juzgados saturados de papeles. La implementación del Código y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal Nº 27.148 (aprobada en 2015, pero que el Procurador que lleva seis años de interinato aún no implementó) permitiría que, a los 280 fiscales que actualmente tiene el organismo, se le añadan los 850 secretarios/as y los más de 1000 prosecretarios que actualmente se desempeñan en el MPFN y que, de acuerdo al art. 51 de la Ley Orgánica, en la mayoría de esos casos podrían convertirse en auxiliares fiscales, con amplias facultades de litigio. La dotación de fiscales podría así cuadriplicarse, simplemente con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica, generando automáticamente una mayor eficiencia en la gestión de los casos.

El funcionamiento de cada fiscalía como una isla es un modelo anacrónico, inaceptable en cualquier organización de servicios moderna. Abogados entrenados en técnicas de investigación y poseedores de destrezas de litigación no sólo mejoran el sistema, sino que concretan su realización personal como profesionales.

Esto va de la mano con la supresión del juzgado como aparato de poder y su reemplazo por el Colegio de Jueces y la Oficina Judicial. Se terminaría así con la delegación de funciones, práctica inconstitucional consuetudinariamente consentida. Y no por eso menos perversa. Necesitamos que los jueces presidan las audiencias, reciban las declaraciones y tomen decisiones, sin una cadena de dependientes que mimen la labor judicial.

Las mujeres y hombres que trasiegan papeles en los juzgados pasarán a trabajar como jueces, como abogados en la fiscalía y en la defensa, y gobernarán las nuevas oficinas judiciales. No falta gente; lo que falta es voluntad de cumplir con la Constitución y la ley.

2. Es falso que el sistema judicial federal no tenga recursos. El Poder Judicial de la Nación cuenta con una enorme cantidad de recursos disponibles. Así: a) Los famosos “fondos reservados” que la Corte Suprema acumula sin que quede clara su utilidad. b) En el sistema de Colegio de Jueces no se pagan subrogancias. El monto de dinero que actualmente se destina a este rubro es escandaloso, e inútil. c) El presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Nación es enorme,

y debe y puede reducirse, con una integración menos numerosa y un régimen de concursos anticipados que haga más previsible la carrera judicial y disminuya el costo de las evaluaciones. d) El siempre postergado traspaso al ámbito federal de las competencias de la Justicia Nacional es una rémora de la época de los Territorios Nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La necesaria transferencia de recursos no obsta a que muchos de los operadores de la justicia nacional puedan pasar a la órbita del sistema federal, que se vería ampliada sin necesidad de nuevas designaciones.

3. Es falsa la afirmación de que es “riesgoso para el sistema acusatorio implementarlo con los recursos existentes”. No hay mayor riesgo para el Estado de derecho que mantener el sistema vigente, con un nivel de ineficacia que está a la vista. La concentración de poder en los juzgados de instrucción, la nula respuesta al ciudadano cuando la prescripción o el archivo son la regla para nueve de cada diez casos que ingresan al sistema; la incapacidad de incidir sobre los fenómenos criminales, las demoras de hasta décadas para la resolución de causas graves, y de más de un lustro para causas sencillas, el escriturismo y la falta de transparencia durante el proceso, la violación de garantías de los imputados y de derechos de las víctimas, son apenas algunos de los serios problemas de funcionamiento del sistema.

Poner en vigencia el modelo procesal penal establecido por la Constitución Nacional no es una facultad, sino una obligación. La apelación a más tiempo, más preparación o más recursos, es hoy una burla a una ciudadanía que exige un servicio de justicia acorde a los retos que presenta la criminalidad más grave, que es la que recae en la competencia federal. En este contexto, más que nunca, no avanzar es seguir retrocediendo.

Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)