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La política agraria europea
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Luego de arduos debates, las quince naciones que integran la Unión Europea aprobaron una reforma de su Política Agrícola Común (PAC) que tendrá vigencia hasta 2013. La reformulada norma contiene algunos leves cambios que se ofrecen como menguada base para las negociaciones que propondrá, a partir de septiembre, la Rueda del Desarrollo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante la reunión de ministros que se realizará en Cancún.
El propio presidente francés, Jacques Chirac -siguiendo en esto a su antecesor Charles de Gaulle-, se ocupó personalmente de frenar los intentos de que la reforma tuviese mayor entidad. La propuesta original trocaba los mecanismos de apoyo a los agricultores, tradicionalmente referidos al precio de los productos, en entregas dinerarias por el mismo monto global, pero desacopladas de la producción y ligadas a conductas de preservación del medio ambiente, a beneficios para los consumidores, al bienestar de los animales y otros componentes de la llamada "multifuncionalidad agrícola". De todos modos, la asignación de fondos comunitarios para los agricultores será -según se preveía- de unos 43.000 millones de dólares anuales, suma que representa la mitad del presupuesto de la Unión Europea, pero el monto se distribuirá de manera muy diferente a la propuesta. En efecto, una buena parte se entregará de acuerdo con pautas vinculadas con el comportamiento de los mercados, en especial los cereales y la producción vacuna, dos áreas de particular interés para nuestras perspectivas exportadoras.
Los negociadores de las quince naciones retornaron a sus países festejando con bombos y platillos la decisión adoptada. Curiosamente, se supone que el mundo la interpretará como una muestra de generosidad europea y del propósito de hacer aportes constructivos para el éxito de la reunión de Cancún, donde se espera que germinen decisiones para cuando finalice la Rueda del Desarrollo, aplicables de 2005 en adelante. Pero muy opuesta será la interpretación que de ese gesto darán tanto los miembros del grupo Cairns -exportadores agrícolas que no subsidian sus productos, entre ellos nuestro país- como Washington. Se teme, inclusive, que el fin de la rueda deba ser pospuesto, como ocurrió en su momento con la Rueda Tokio y la Rueda Uruguay, o bien que sus decisiones sean una nueva frustración para quienes aspiran un a comercio mundial más equilibrado y equitativo. Desde la creación del GATT en 1947, organismo continuado desde 1994 por la OMC y destinado a liberalizar el comercio internacional, ha tenido lugar, contradictoriamente, un crecimiento de la discriminación en desmedro del comercio agroindustrial, pese a las efectivas ventajas obtenidas en ese mismo lapso por las naciones desarrolladas en materia industrial, en servicios, y en temas como la propiedad intelectual.
En tanto, los Estados Unidos han tenido una política con menor acento proteccionista y subsidiante de la agricultura y, en general, más inclinada a aceptar la eventual liberalización de los intercambios. Sin embargo, el Farm Bill , sancionado hace algo más de un año y con vigencia por cinco, ha añadido escepticismo respecto de la posibilidad de una rueda que arroje resultados apreciables para las naciones de exportación agrícola no subsidiada, como la nuestra. Es hoy notorio que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, los dos grandes protagonistas de esa Rueda del Desarrollo, han anudado restricciones para la negociación difíciles de desatar. Es, pues, poco creíble que la denominación elegida para la ronda pueda quedar plasmada en hechos positivos para el comercio agrícola. Así las cosas, sólo una dura confrontación contra los subsidios y protecciones, basada en alianzas sólidas y operativas, podría mejorar el panorama que se abre ante nuestros productores agrarios.
