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La presunción de decencia
Por Juan E. Cambiaso y Beltrán Gambier (para La Nación )
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"El mito de la corrupción hiere vivamente la imaginación popular, ilusionada siempre con los cirujanos de hierro, los políticos aficionados a la escoba y demás redentores sociales."
Alejandro Nieto,
La organización del desgobierno
EL sistema jurídico moderno ha optado por mantener en libertad a un dudoso culpable antes que encarcelar a un inocente. La ausencia de pruebas suficientes conduce a los jueces a sobreseer o absolver al ciudadano investigado por la comisión de un delito. ¿Qué significa verdaderamente esto? ¿Que es inocente? ¿Que es decente? Ninguna de las dos cosas. No es más que una presunción legal de inocencia, pero no una presunción social, ni una verdad comprobada. Ello porque los magistrados no juzgan la decencia ni la ética de las personas investigadas.
Retorno demasiado fácil
Cuando funcionarios de cualquier gobierno deben dejar sus puestos a raíz de investigaciones judiciales, resulta que algunos de ellos son sobreseídos o absueltos, y otros, no. Para los primeros, el retorno a la función pública muchas veces ha sido una firme posibilidad.
En efecto, luego de un sobreseimiento o absolución algunos pretenden generalizar y, sobre la base de la decisión judicial, considerar que esas personas están dotadas de idoneidad e integridad como para desempeñar nuevamente cargos públicos.
En realidad, no siempre las tienen y, lo que es peor, a veces carecen manifiestamente de ellas, como resulta de las investigaciones que, si bien no son suficientes para condenar por delito, alcanzan para descalificar cívicamente al imputado. Pretender instituir una suerte de presunción de decencia a partir del sobreseimiento y la absolución constituye por lo menos un exceso y es un planteo erróneo.
El gobernante de un país democrático es aquella persona a la que el pueblo ha confiado la administración de la cosa pública con cargo de rendir cuentas. El pueblo quiere que en la realización de esa tarea se acompañe de los mejores hombres: los más capaces y los más honestos. Quien gobierna un país debe ser el hombre mejor formado y el mejor informado. Y son tanto su estructura moral como su buen juicio los atributos que le permitirán llegar a conclusiones correctas, antes que las sentencias judiciales definitivas en materia penal. Los que gobiernan no necesitan de los jueces para decidir acerca de quienes los acompañan en su gestión de gobierno.
Funcionarios honestos
Es íntegro y decente el funcionario que no acepta desempeñar funciones para las que no está capacitado, el que cumple con los deberes a su cargo, el que combate el nepotismo, el que vive con recato, el que cuida y gasta bien el dinero público, el que denuncia las corruptelas del poder, el que no sabe de testaferros, el que no teme rendir cuentas tantas veces como se lo pidan, el que no hesita en declarar su patrimonio. Los allegados y subordinados del funcionario decente inmediatamente descubren en él estas virtudes republicanas y, siguiendo su ejemplo, adhieren a ellas con más fuerza. Le reconocen autoridad moral. Y esa circunstancia trasciende su círculo y llega a la sociedad: el bienhechor es rápidamente conocido.
El prestigio del gobierno
Si se denuncian hechos de corrupción en el seno de cualquier gobierno, su titular tiene que reaccionar inmediatamente con firmeza y objetividad respecto del sospechado, porque ese funcionario compromete gravemente el prestigio del gobierno todo -y a veces hasta el de la misma República- ante los ojos del ciudadano y, lo que es peor, del extranjero.
Cuando el funcionario es inocente, persuadirá de ello a su superior, el cual seguramente atenderá a la versión de su hombre de confianza. Si no lo consigue, si la sospecha queda probada de manera suficiente como para convencer a un hombre prudente de que es culpable, o si reconoce haber cometido la falta o el delito, merece ser tratado en forma acorde y quedar desprotegido por el gobierno. Si los actos de corrupción son ostensibles, aunque no resulten investigados, y aun si no fuesen susceptibles de ser probados (por lo alambicado del fraude), la falta de reacción del superior jerárquico no se puede comprender desde el punto de vista lógico, a menos que éste sea su cómplice o que carezca de autoridad moral. Y estas dos circunstancias serán justificadamente presumidas por los ciudadanos, que razonan lógicamente. El buen gobernante es quirúrgico en la duda, porque antepone el bien general al particular.
Un ingrediente del bienestar
Podría ser una ingenua ilusión (que vale la pena conservar) esperar el fin de la corrupción, pero no lo es pensar y luchar para disminuirla sensiblemente, porque la decencia es un ingrediente del bienestar general, una condición del desarrollo sostenido en el tiempo y fuente principalísima de la sensación social de que hay justicia para todos.
Una sociedad será tan decente como sus integrantes luchen para que lo sea, cotidianamente y en todos los ámbitos: en sus casas, en sus escuelas y universidades, en sus barrios, en su vida social y comunitaria, en sus clubes, en sus gremios o en sus colegios profesionales, en sus trabajos, en sus organizaciones religiosas, desde el llano o desde una posición de liderazgo.
Una sociedad en la que los indecentes pueden transitar por doquier, tolerados por quienes deberían rechazarlos, incitando, sonriendo y seduciendo a quienes en cada momento les convenga, sin temor al rechazo y al bochorno del que deberían ser objeto no tiene muchas posibilidades de progresar en la lucha contra la corrupción. No debe esperarse que la solución provenga de los cirujanos de hierro que, bueno es saberlo, no existen, aunque algunos puedan pretender serlo y se disfracen de tales con grave peligro para la República.
