La reforma del Ministerio Público

El ministro de Justicia ha anunciado, no una sino varias veces, que su objetivo prioritario es lograr la aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley de reforma de las leyes orgánicas del Ministerio Público ya aprobado en el Senado. Se trata, en concreto, de reformar las leyes que regulan el funcionamiento de la Procuración General y de la Defensoría General.

Por tratarse del organismo que conforman los fiscales, me interesa alertar especialmente acerca de las consecuencias que podría tener la aprobación de esa iniciativa en lo que a la Procuración General se refiere.

Y para que no haya dudas, empiezo por la conclusión: si ese proyecto se aprobara podría significar la desaparición, o cuando menos una severa restricción, de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional y el fin de la república en tanto organización con división de poderes y autonomía de esos poderes.

La Procuración General, como antes recordé, es el organismo que agrupa a los fiscales, quienes son los encargados de impulsar las investigaciones criminales y acusar a los presuntos culpables para que sean juzgados por los jueces. Su titular, el procurador general, tiene la muy relevante tarea de orientar la política criminal, es decir de decidir si los fiscales se han de dedicar, al menos de manera prioritaria, a perseguir narcotraficantes o ladrones de gallinas; si han de impulsar las investigaciones de actos de corrupción o si habrán de poner el acento en las violaciones a las normas de tránsito.

La diferencia, como se aprecia, es sustancial.

El proyecto de ley en cuestión propone que el acuerdo del Senado para el procurador general sea prestado por la mayoría de sus miembros, en lugar de los dos tercios que exige la ley vigente. Esa modificación permitiría que alcance con el voto favorable de una sola bancada, por ejemplo del actual oficialismo, y que no sea necesario el consenso de varios bloques; lo cual favorece que los méritos del candidato sean mucho menores. Para que se entienda: cualquier candidato propuesto por el gobierno, aunque carezca de las mínimas aptitudes para el cargo, podría ser perfectamente designado con esta baja exigencia.

Lo que se agrava porque se mantiene el requisito de dos tercios de votos en el Senado para remover a un procurador que incurra en mal desempeño. Es decir, el actual oficialismo podría designar a quienquiera, aunque sea un impresentable, pero la oposición nunca podría removerlo.

Otra modificación muy trascendente, en materia de remociones, es la referida a la composición del tribunal encargado de juzgar a los fiscales acusados de mal desempeño y, eventualmente, removerlos. Tendría una mayoría oficialista que le permitiría perseguir y remover fiscales sin mayores dificultades (y en este punto, estoy seguro de que las primeras víctimas serían los fiscales que incomodan al gobierno).

La frutilla del postre, sin embargo, es otra. Es el sometimiento de la Procuración General a la supervisión de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Esta comisión del Congreso, en la que el actual oficialismo tiene mayoría, no solo supervisaría de manera amplia la actividad de la Procuración General, sino que también podría impartir instrucciones al titular del organismo y hasta designar un procurador interino en caso de vacancia (que, sin dudas, se provocaría apenas sancionada la ley). Tal como anticipé, adiós a la división de poderes y a la autonomía funcional que el artículo 120 de la Constitución garantiza a la Procuración General).

En síntesis, las fatales e inevitables consecuencias de la aprobación de tan aberrante proyecto de ley serían, entre otras: que el oficialismo podría designar a cualquier inepto para desempeñarse como procurador general; que el oficialismo podría apartar y remover a los fiscales que no le simpaticen o que investiguen a los funcionarios; que seguramente perderían impulso las investigaciones sobre actos de corrupción; que la política criminal y la actuación toda de la Procuración General quedarían sometidas a la mayoría oficialista de una comisión del Congreso; que podría haber persecuciones arbitrarias contra opositores promovidas e impulsadas por fiscales afines al gobierno.

En una palabra: la división de poderes y las garantías constitucionales pasarían a tener un carácter muy relativo.