La superioridad moral de la democracia sobre las autocracias

2019. Crisis política en Chile. La ciudadanía salió a la calle a reclamar cambios; lo hizo de modo pacífico y también de modo violento. La respuesta institucional, propia de un Estado democrático, fue la del inicio a un proceso de reforma de la Constitución. Acuerdo político partidario, plebiscito para el inicio del proceso, elección de los constituyentes, sesiones, propuesta de salida y referendo de salida con voto obligatorio. Todo esto en el marco de una democracia plena como lo establece el Índice de Democracia de The Economist, caracterizada por un Estado con división de poderes y controles cruzados, con partidos políticos que no tienen ningún impedimento para constituirse y desempeñar su tarea. Con ciudadanos que pueden expresar sus preferencias sin temor a sufrir ninguna consecuencia por ello; que pueden elegir en elecciones libres; que pueden informarse a través de distintos medios y fuentes de información. Y que cuentan con una autoridad electoral que es profesional, en la que se encuentran representadas todas las expresiones políticas, capaz de reflejar las expresiones o intenciones de los ciudadanos a través del ejercicio del voto.

La democracia hace simple lo complejo. Crisis política, respuestas institucionales, soluciones. Estabilidad. Nuevas crisis políticas, nuevas respuestas institucionales y nuevas soluciones. Y así sigue en loop el círculo virtuoso de todo sistema democrático.

2021. Crisis política en Cuba. El 11 de julio sale una multitud en toda la isla al grito de “Patria y Vida” y Libertad; lo hizo de modo pacífico, sin ningún acto de violencia. Hace 70 años que no hay una elección libre en Cuba. La respuesta institucional fue la represión, la criminalización de la protesta y el procesamiento y condena de muchas personas, incluidos menores de edad que participaron de la marcha. Aquí no hay acuerdos políticos, todo es imposición, la busca de consensos está penalizada, hay un solo partido legalizado; no hay, por lo tanto, división de poderes ni controles cruzados, y en la Asamblea Legislativa, que se reúne dos veces al año para tratar los temas que envía el partido de gobierno, hay 605 personas que votan todo por unanimidad, porque el rasgo que distingue a un régimen totalitario de uno mayoritario es que el primero destina todos sus esfuerzos no a la consagración de una mayoría sino a la de la unanimidad.

Esta crisis política sin precedentes en Cuba se produjo tan solo dos años después de una reforma constitucional. Con lo cual se confirma la ineficacia y el fracaso de una respuesta institucional de un régimen que considera que todo puede ser susceptible de una planificación sin fundamento popular alguno. En 2019 el régimen elaboró entre los fríos y derruidos edificios públicos una propuesta constitucional en la que obvió lo único que les importa realmente a las cubanas y los cubanos: una transición democrática que garantice la libertad y la pluralidad con la intención de romper con el actual panóptico de matriz Estado-céntrica. Por eso el proyecto naufragó, porque no tenía sustento. Fue un simulacro de movilización más al que ya nadie se lo cree ni puede tomar en serio. Unas fotos de reuniones en algún vecindario controladas por las comisiones de candidaturas del Partido Comunista y los “facilitadores” del Consejo Nacional Electoral fueron difundidas para dar cuenta del “debate” en torno a la propuesta oficial de la nueva Constitución. Luego se informó que participó un número inverificable de personas y que estas hicieron un número inverificable de enmiendas y que, por último, fueron incorporadas al proyecto y aprobadas en el referendo del 24 de febrero de 2019 por el inverificable 86,8% de los electores.

Justamente, lo que distingue una elección íntegra de una que no lo es es que todas las etapas de un proceso electoral son susceptibles de ser verificadas. Un referendo, en tanto proceso electoral, para que produzca efectos de legitimidad debe poder ser verificado en todas sus instancias. El de Chile lo es y el de Cuba no lo es. En Cuba no hay ninguna posibilidad de verificar nada, por lo tanto, estamos ante una imposición que no tiene ningún vestigio de legitimidad y al no tenerla, el futuro inmediato solo puede traer más crisis. Y así ocurrió en 2021 con las protestas del 11J. Y como el régimen está muerto en términos simbólicos e ideológicos y no tiene nada que ofrecer más que violencia, volvió a caer en el mismo error al querer refrendar un Código de Familia (aprobado por una monocolor e ilegítima Asamblea) a través de una elección a realizarse en septiembre. Mientras tanto, por estos días, las cubanas y los cubanos salieron nuevamente a las calles a protestar por la inflación, los apagones y la falta de alimentos. Volvieron a exigir libertad y elecciones libres para sacarse de encima a una elite totalitaria que hace más de 60 años que no hace otra cosa que imponerse a través de la violencia y el manejo del hambre.

Chile no es el paraíso terrenal, como no lo es ningún país en el mundo, y su modelo político puede ser criticado en muchos aspectos, incluso uno puede cuestionar sus últimas reformas electorales o el desempeño de los actuales convencionales, que han dejado mucho que desear en lo que respecta a la búsqueda de consensos, pero no deja de ser un sistema democrático que resuelve conflictos en el marco de un Estado de Derecho. Cuba es solo una imposición.

El hecho de que ambos países, con sus respectivos modelos, se encuentren atravesando procesos electorales basados en figuras como la del referendo es una oportunidad inmejorable para recordar la superioridad moral de la democracia con relación a las autocracias, dado que logra resolver problemas complejos con legitimidad y garantizando derechos. En tiempos de recesión democrática, estas diferencias fundamentales no pueden pasar inadvertidas.

Director de la OSC Transparencia Electoral y magíster en Derecho Electoral, Universidad Castilla La Mancha, España