La sustentabilidad es el nuevo desarrollo para la Argentina
Tenemos recursos naturales, pero no riqueza; creer lo contrario hizo que no supiéramos tomar el camino del crecimiento
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PARA LA NACIONFederico José Caeiro
Nos han enseñado desde chicos que la Argentina es un país rico por los recursos naturales que posee. Llanuras fértiles, minerales, hidrocarburos, un desprotegido mar productivo, diversidad de climas y paisajes, el acuífero Guaraní –uno de los reservorios de agua más grandes del mundo–, un vergel que debiera condenarnos al éxito. Pero hace mucho que hemos dejado de ser el granero del mundo.
Tenemos recursos naturales, pero no riqueza. La riqueza se mide como el valor de la renta generada por un activo a lo largo del tiempo; considerando activos a los recursos de la naturaleza que brindan beneficios llamados “servicios de los ecosistemas”.
Creernos ricos ha hecho que no supiéramos tomar el camino del desarrollo. No en vano se habla de la “maldición de los recursos naturales” para referirse al impacto negativo que la sobreabundancia de éstos tiene en países que dependen principalmente de ellos, propiciando la existencia de gobiernos que apuntan más a la extracción que a la generación de cadenas de valor. Para que un recurso natural se convierta en riqueza tiene que intervenir el hombre y transformarlo con su trabajo. Si se analiza la riqueza de los países considerando los capitales natural, humano y producido, el activo más importante en los países más desarrollados es el capital humano y en los países de bajos ingresos es el capital natural.
La discrepancia entre desarrollo y protección ambiental genera un debate polarizado que debe ser abordado con racionalidad. Algunos plantean que a mayor desarrollo y consumo más se degrada el ambiente, que no se puede crecer sin límites en un mundo de recursos finitos, que la libertad económica conlleva que las empresas no consideren los ecosistemas que destruyen y que el capitalismo es incompatible con la conservación de la naturaleza.
En la vereda opuesta están quienes sostienen que mayor libertad económica significa mayor desarrollo y mayor calidad ambiental porque así lo demandan los consumidores, que la protección de derechos de propiedad asegura minimizar externalidades ambientales y que los países más libres, además de ser los más prósperos, son los que más cuidan el ambiente.
Entre ambas posiciones, y sin dejar de considerar las distintas posturas, la necesidad cierta de un desarrollo sustentable utilizando racionalmente los recursos naturales que disponemos.
La Argentina se caracteriza por tener sectores que se ubican muy por debajo de su potencial (pesquero, forestal, minero, energético, turístico, etc.). Todos requieren de un marco menos hostil en lo que refiera a cuestiones básicas como reglas de juego claras, políticas económicas cortoplacistas, menor carga burocrática y litigiosidad judicial, infraestructura de calidad, logística más barata, exenciones a las retenciones, devolución del IVA a las inversiones, reformas impositiva, gremial o laboral, etc. No en vano los empresarios australianos dispuestos a invertir unos 8.400 millones de dólares en la producción de hidrógeno “verde” –un proyecto de compleja implementación que demandará mucha energía (en varios sentidos)–, advirtieron al Gobierno la necesidad de previsibilidad cambiaria y certidumbre en condiciones de inversiones.
Párrafo aparte merecen declaraciones de “recurso natural estratégico” o de “soberanía”, propias de estados extractivistas de la renta privada y ahuyentadores de la inversión, sin tener cabal dimensión de las consecuencias de estas costosas e ineficientes manifestaciones.
Una Argentina desarrollada es posible; pero necesita orientar su crecimiento. Es necesario implementar un proceso de ordenamiento ambiental participativo del territorio que nos permita decidir qué vamos a hacer, por qué, dónde y cómo. Debemos discutir modelos vigentes de producción y consumo, calidad de vida, empleo e inclusión, economías regionales, costos ambientales y sociales, para, entre todos, encontrar caminos que se transiten con previsibilidad, reglas claras, límites precisos, controles estrictos y sanciones justas.
Es imprescindible incorporar las políticas ambientales en la formulación de las políticas económicas y sociales centrales. El Gobierno, evitando que los sectores más carenciados soporten las externalidades negativas de un desarrollo no sostenible, debe asegurar la sustentabilidad de las políticas públicas estimulando el desarrollo del conocimiento, permitiendo la transformación e incentivando la innovación que traen las empresas privadas. Días atrás, en el cierre del 57° Coloquio de IDEA, el presidente Alberto Fernández planteó: “No existe otro remedio que la inversión privada para lograr un desarrollo sostenible”.
En la COP26 de Glasgow se planteó que hace falta un billón de dólares al año en inversiones en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en vías de desarrollo. Más allá de las cifras que se comprometan (y luego se terminen efectivizando), aprovechar estos fondos constituirá una nueva oportunidad –otra– para nuestro país. ¿Tendremos la habilidad para conseguirlos y desarrollar su potencial sin que sobrevenga alguna de las crisis a las que estamos acostumbrados? Latinoamérica se llevó sólo un 4% de las inversiones “verdes” en 2020, según datos de la Global Sustainable Investment Market.
Quizás animado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que en la COP26 anunció la creación de una nueva área marina protegida en las Islas Galápagos mediante canje de deuda por naturaleza, el presidente Alberto Fernández propuso una condonación parcial de nuestra deuda externa por acción climática. Este mecanismo no es novedoso, estuvo de moda en los 80; recordemos que acreedores extranjeros perdonaron 650 mil dólares de deuda a Bolivia a cambio de preservar tierras en la cuenca del Amazonas. Habrá que conocer detalles de cómo funcionará la propuesta; ideas de este tipo provenientes de países como el nuestro suelen despertar dudas; la confianza en la Argentina es de las más bajas de América Latina, un 26% (Panorama de las Administraciones Públicas, OCDE BID, 2020). Por otro lado, el swap climático requiere en paralelo un plan de desarrollo ambiental que lo sostenga; otro plan que no tenemos.
La Argentina no debe depender solo de la ayuda externa. Más allá de lo que se destine a mitigar y adaptarnos al cambio climático, el mundo post COP 26 priorizará y exigirá cada vez más materias primas y productos provenientes de procesos ambiental y socialmente sustentables; trazabilidad e inversión en tecnología serán un imperativo para cumplir con las nuevas y estrictas certificaciones ambientales. Para esto es necesario implementar una estrategia integral basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan proteger el planeta, erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad de todos (Agenda 2030).
El ambiente utilizado con racionalidad es un sector estratégico para insertarse en el mundo y apalancar el desarrollo social y económico de la Argentina, un país fundado sobre la idea del desarrollo y la ascendencia social que mutó a un país fundido.
Fuimos dotados con recursos naturales muy valiosos que estamos desaprovechando. Integrar la sustentabilidad en la estrategia de nuestro desarrollo no debe ser una opción, sino una obligación.
Miembro del Instituto de Política Ambiental de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
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