La villa de Retiro

Bastó con que el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires anunciase su determinación de que la Villa 31, de Retiro, fuere radicada en forma definitiva en los terrenos que hasta ahora ocupa para que se desatase una controversia entre quienes respaldan esa intención y quienes, por el contrario, no están de acuerdo con ese propósito.

Sin duda, el tema no es de menor cuantía. Las alternativas de la historia de ese asentamiento demuestran por sí solas la patética incapacidad que, desde hace varias décadas, ha venido aquejando a las autoridades nacionales, provinciales y municipales llegado el momento de formular políticas coordinadas y eficientes que permitirían darle solución definitiva a ese postergado drama social.

Erradicada, mediante procedimientos discutibles, durante la década del 70, la Villa 31 -genérica denominación del conglomerado que, en verdad, está formado por varios núcleos poblacionales- resucitó pocos años después y su renovada expansión tuvo inusitado vigor. Tanto, que resultaron ser infructuosos los esfuerzos encaminados a desalojarla. Sus pobladores los resistieron con éxito, incluso al ser presionados duramente porque sus casillas eran un obstáculo para la construcción de la Autopista Presidente Illia o cuando la policía pretendió investigar hechos delictivos cometidos por las minorías marginales que se suelen refugiar en esas laberínticas porciones de la geografía urbana.

Alguna vez, hace alrededor de diez años y durante la gestión presidencial de Carlos Menem, numerosos ocupantes ilegales de esas tierras fiscales concurrieron a la Casa de Gobierno para recibir los boletos de compraventa que, se suponía, iban a legitimar, de acuerdo con los términos del decreto 1001, su residencia en esa vasta franja del Puerto Nuevo. Tiempo después, esa misma administración trató de compelirlos al desalojo, también sin éxito: avanzaba la autopista y ya había sido anunciado el Proyecto Retiro, megainiciativa ésta que por sus particulares perspectivas no congeniaría -según el criterio de diversos especialistas- con la subsistencia del asentamiento.

Hace pocos días, el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra, hizo pública su voluntad de que, en efecto, la Villa 31 sea consolidada definitivamente en los predios que ocupa. Las viviendas precarias -muchas de ellas algo mejoradas merced a programas locales de ayuda- serían reemplazadas por unidades más confortables, puesto que habría quedado descartada la edificiación de monobloques.

Aun antes de que fuese difundido, ese propósito provocó un curioso efecto: casi sobre el emparrillado ferroviario, detrás de la Facultad de Derecho y del Centro de Exposiciones, se están instalando más casillas improvisadas.

Entretanto, los objetores de la radicación estable no sólo alegan razones de seguridad -toda esa zona es escenario de frecuentes delitos-, sino, además, de estricta naturaleza urbanística. ¿Cómo se compatibilizará el nucleamiento poblacional proyectado con la futura conexión entre las vías troncales del ferrocarril y las portuarias?¿Cuáles serán las necesidades de infraestructura de servicios que tendrá el nuevo barrio? ¿Podrán ser satisfechas? ¿Los terrenos que ocupará definitivamente no serían más apropiados para satisfacer requerimientos operativos del puerto? ¿Es equitativo favorecer a un segmento de la población relativamente pequeño, dándole una ubicación de privilegio, mientras que otros sectores en similares condiciones deben resignarse a seguir padeciendo penurias?

La mayor parte de los técnicos no mira con buenos ojos el proyecto gubernamental; la mayor parte de los políticos, en cambio, le ha dado franco respaldo.

Casi está de más aclarar que nadie disiente con que de una vez por todas es menester rescatar de su indecorosa realidad a los más de cien mil seres humanos que habitan en las villas de emergencia metropolitanas. Algunas veces -¿por qué no?- se podrá alcanzar ese objetivo mediante el asentamiento in situ; en otras (y ése parecería ser el caso de la Villa 31), no se trataría de la solución más conveniente. Por ese motivo, sería positivo que esa última propuesta fuese revisada detenidamente desde puntos de vista estrictamente técnicos y enaltecidos por la garantía de que están exentos de cualquier clase de interesada intencionalidad política.

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