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Las balas que matan a los periodistas hieren a la democracia
La prensa mexicana sabe que el precio de investigar y denunciar se paga con la vida
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LA NACIONLeonardo Tarifeño
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, ser periodista es casi tan peligroso como ser sicario. El crimen organizado cuenta con la protección de sus socios en las instituciones estatales; a los reporteros, en cambio, no los defiende nadie. Desde el 1° de diciembre de 2012, día en el que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia del país, 32 periodistas han sido asesinados. En las dos administraciones anteriores, encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón, la cifra alcanzó los 73 homicidios. Este año, seis colegas fallecieron a manos de miembros del narcotráfico. De acuerdo con la ONG Artículo 19, la impunidad roza el 99,7% de los casos.
Los periodistas mexicanos libran una guerra desigual porque su trabajo los enfrenta a los delincuentes armados en la calle y a quienes los apoyan en los escritorios. Es un duelo entre la verdad y el dinero, donde el bando que tiene más seguidores e influencia lleva las de ganar. Cabe señalar que las escaramuzas no distinguen colores políticos, ya que el actual presidente pertenece al conservador PRI y los dos anteriores integraban las filas del derechista PAN.
La batalla más reciente se saldó con la muerte del prestigioso Javier Valdez, ganador del premio María Moors Cabot y del PEN Club a la "excelencia editorial", asesinado en Culiacán a pocas cuadras de la redacción de Ríodoce, semanario fundado por él mismo. En 2011, en su discurso de agradecimiento del Premio Internacional a la Libertad de Prensa, concedido por el Committee to Protect Journalists(CPJ), Valdez había dicho que "hacer periodismo en México es caminar sobre una línea invisible -marcada por los traficantes y el gobierno- en un campo minado". En 2009, la explosión de una granada había hecho destrozos en el mismo edificio que alberga las oficinas de Ríodoce. El día anterior a la muerte del autor de Narcoperiodismo: la prensa en medio del crimen y la denuncia (Aguilar), un grupo de siete periodistas mexicanos y extranjeros fueron emboscados en el estado de Guerrero, en la carretera a Iguala, donde 42 estudiantes desaparecieron en septiembre de 2014. Valdez era colaborador de la agencia AFP y corresponsal en Sinaloa del diario La Jornada. La corresponsal del mismo medio en Chihuahua, Miroslava Breach, recibió ocho balazos mortales el pasado 23 de marzo, muy cerca de su domicilio, mientras llevaba a su hijo a la escuela.
Como bien demuestra el caso Cabezas en la Argentina, el límite que el poder le pone a la prensa es el daño a sus propios intereses. Justamente por eso los políticos más autoritarios son capaces tanto de disentir en sus apreciaciones ideológicas como de coincidir en un solo punto: el control y el descrédito del trabajo de los reporteros, conscientes de que el mayor -y, quizás, único- contrapeso a la corrupción y la mentira lo constituye el ejercicio periodístico de la libertad de expresión. Los escraches anónimos contra periodistas reconocidos, las acusaciones incomprobables, la intimidación permanente y la división del gremio fomentada por el Estado han sido una constante política y social en varios países de la América latina de los últimos años, con la Argentina entre sus principales exponentes. ¿Cómo habría sido, o mejor dicho, cuál podría ser el final de ese camino? Sin duda, la situación que hoy vive la prensa en México.
Las amenazas a Javier Valdez habían sido más agresivas en los últimos días. Por esa misma razón, en junio de 2015 Rubén Espinosa dejó la Veracruz donde trabajaba como fotógrafo de la revista Proceso para refugiarse en la Ciudad de México. Un mes más tarde de su autoexilio, Espinosa apareció muerto en un departamento de la capital, con cuatro mujeres más. La investigación posterior priorizó la posibilidad de un asalto o de un ajuste de cuentas, subrayó que una de las jóvenes era colombiana y descartó las reiteradas denuncias previas de Espinosa, en las que decía que la responsabilidad de cualquier ataque a su persona era de Javier Duarte, el por entonces gobernador de Veracruz. Acusado del desvío de por lo menos 20 millones de dólares, entre otras causas, Duarte huyó de México en noviembre de 2016. Fue capturado en abril pasado, en Guatemala. La muerte de Espinosa no figura entre las causas de su detención.
En su cuenta de Twitter, Valdez había escrito: "A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si ésa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio". A la luz de su destino final, sus palabras resultan proféticas y más tristes que nunca. Sobre todo, porque exigen un heroísmo blindado, un espíritu de sacrificio que sus colegas no tienen por qué estar dispuestos a seguir. En su Culiacán natal, así como en otras ciudades del interior del país, los reclamos de justicia por su asesinato ya conviven con las propuestas editoriales de limitar las investigaciones de asuntos delicados, que ponen en riesgo la seguridad de los periodistas. La autocensura, que nadie reivindica, se convierte en una opción vital y laboral porque es cierto que ninguna historia o denuncia vale más que la vida de un trabajador de la prensa. Sin embargo, aunque bajo esa opción podría salvaguardarse (o no) lo más valioso que tenemos, lo que de ninguna manera quedaría a salvo es el sistema que toda una sociedad eligió para vivir. La democracia se transformaría en el imperio de la ley del más fuerte. La libertad quedaría herida de muerte y se limitaría a esconderse en el labio mordido de quien elige el silencio y la complicidad, siempre en defensa propia.
Dos días después de la muerte de Valdez, el grupo de periodistas asignados a la cobertura de los eventos presidenciales le pidió al propio Peña Nieto que se ocupara de hacer justicia. El reclamo interrumpió la agenda del mandatario e incluyó gritos que exigían más acciones y menos palabras. El presidente aseguró que comparte "la indignación" general y se solidarizó con los reporteros presentes. Muchos de ellos, como la gran mayoría de los periodistas en México, no ignoran que el combate de la violencia contra la prensa no se gana con la captura de un sicario en particular, sino con la voluntad política de enfrentar una red de corrupción que involucra a aquellos que deberían investigar y resolver los crímenes. Las palabras de Peña Nieto van en una dirección, y la inercia del Estado que dirige va en el sentido opuesto. Javier Valdez lo sabía, y por eso meditaba en la posibilidad de irse del país. Todavía lo consideraba, cuando alguien tomó la decisión por él.
Los asesinatos de periodistas en México dicen, con lógica macabra, que las elites criminales le temen más a la prensa que a sus enemigos armados de ametralladoras, fusiles y granadas. Entre libros y funerales, la sociedad mexicana acaba de descubrir que el poder de la palabra es el de la democracia. En el duelo entre la verdad y el dinero, nunca hay un ganador definitivo. De momento se imponen la fuerza, el derroche, la barbarie, la impunidad, la corrupción. Que los balazos que hieren a la democracia no acaben con ella hoy depende exclusivamente del interés de los ciudadanos por conocer la verdad.
