Las clases de instrucción cívica del peronismo a Milei
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PARA LA NACIONPablo Mendelevich
Ya nadie se acuerda de lo que decía el crucial artículo 15° de la Constitución peronista de 1949, mucho menos el peronismo: “El Estado no reconoce el derecho de atentar contra la libertad”.
Dado que Javier Milei nació en 1970, no pudo ser él quien propuso la inclusión de esta disposición precursora. Por otra parte, desde el Preámbulo, al cual le incrustaron la contraseña justicialista (una Nación “socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”), en aquella carta magna todo estaba ajustado a la medida de Perón. El pasado y el presente, pero antes que nada, el futuro, es decir la cláusula que le permitiría ser reelecto en 1951.
Decía enseguida el artículo 15°: “El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución, o atentatorias al sistema democrático en que ésta se inspira”.
Prosa laxa, ambigua, que armó gran revuelo en la época. La oposición temía que el régimen usara este artículo para perseguir a cualquier grupo político que quisiera suprimir. Los temores resultaron fundados. Aunque Perón no necesitaba una Constitución para perseguir opositores: por entonces se torturaba en las comisarías. El comandante de Gendarmería Guillermo Solveyra Casares, quien dirigió la división “Información política” de la SIDE entre 1946 y 1955 (y casualmente fue convencional constituyente en el ’49) no es otro que el inventor de la picana eléctrica portátil. Hoy se conoce su amistosa correspondencia con el general, quien en 1972 lo convocó para que se integrara como su invitado personal al chárter de Alitalia, el vuelo que canceló los 17 años de exilio. Pero Solveyra Casares no apareció en las listas que se difundieron.
Para el primer aniversario de la promulgación de la Constitución del ’49 Perón metió preso al diputado -previamente desaforado- Ricardo Balbín, líder de la oposición. Lo tuvo un año en la cárcel de Olmos. Arturo Frondizi, que era el vicepresidente del bloque radical, protestó enérgicamente: “Conociendo los procedimientos aplicados a algunos detenidos políticos por funcionarios policiales dejo constancia del hecho de la detención para que después no se aparente ignorancia si la vida o la salud del doctor Balbín sufren algún desmedro”.
Formado en la materia, incluso con experiencia concreta de espionaje en Chile, el coronel Perón había creado un órgano superior de inteligencia, la CIDE (Coordinación de Informaciones del Estado), que recién sería SIDE, con ese, bajo la Revolución Libertadora. Su argumento fundacional fue que el área no debía estar en manos de las Fuerzas Armadas, pero para manejarla puso militares. La CIDE, además, coexistía con el SIN (de la Armada), la SIA (Fuerza Aérea), SIE (Ejército), Coordinación Federal (Policía), Control del Estado, CIBA (Coordinación de Informaciones de la Provincia de Buenos Aires), los servicios de Gendarmería y de Prefectura… hasta el Correo tenía una oficina de informaciones secretas. Todos competían por llevarle partes informativos al presidente, a su esposa o al ministro del Interior. ¿Temas predilectos? Las actividades de los comunistas o de los supuestos comunistas, de los sindicatos, de los partidos opositores, estudiantes, gente en las colas de transporte, colas de almacenes y verdulerías. En resumen, información sobre lo que hacían, dejaban de hacer y pensaban “los contreras”.
Por si subsistiera algún interesado en repetir después de setenta años que todas estas son patrañas del gorilismo (o si algún sindicalista estuviera con ganas de reimprimir los carteles “no jodan con Perón”) nada mejor que remitirse a la palabra señera del mismísimo general. O mejor dicho, del coronel. Porque el asunto lo trató con incomparable transparencia en un discurso que dio en la Bolsa de Comercio el 25 de agosto de 1944 cuando era ministro de Guerra (además de secretario de Trabajo y Previsión) y estaba armando el peronismo. Allí se vanaglorió de haber desplazado a los comunistas de los sindicatos. Explicó por fin: “el Ministerio de Guerra, que había obtenido su información por intermedio de su servicio secreto, fue el que tomó en forma directa la onda, la fijó más o menos, estudió el panorama, y cuando pensó en llegar a una solución, estábamos a tres o cuatro días de esa huelga que debía producirse irremisiblemente…”.
Por si no se entendió, el Ministerio de Guerra que utilizaba su servicio de inteligencia para romper la huelga que el régimen militar quería impedir era su ministerio (dicho sea de paso, la Constitución de 1949 no incluyó el derecho a huelga).
¿Hace falta evocar una vez más al tercer gobierno peronista, López Rega, la plantación del terrorismo de estado y la idea que tuvo Perón de un somatén? En buen romance, un somatén es un organismo paramilitar, una reserva del ejército que actúa por cuenta propia, como la que usaban los catalanes en el siglo XI y que el general Miguel Primo de Rivera reflotó durante su golpe de Estado de 1923. Así nació la Triple A, entrelazada con los servicios de inteligencia, como lo dejó tristemente asentado, entre otros, el agente Aníbal Gordon, quien en su carácter no de agente de la SIDE sino de delincuente común salió de la cárcel el 25 de mayo de 1973 aupado por la amnistía para guerrilleros de Cámpora.
Pues bien, resulta que a los efectos de voltearle a Milei el DNU 941/2025, DNU que de repente, mientras todo el mundo estaba brindando por Año Nuevo reformó de manera integral la SIDE, este peronismo carente de toda credencial cívica y moral en la materia pretende abrazarse con radicales, socialistas, la Coalición Cívica y más de una docena de organizaciones de la sociedad civil para resistirlo “por antidemocrático”.
Aclaremos algo importante: el DNU 941/25 es antidemocrático. Sea porque les confiere a los servicios la facultad de detener personas así nomás, porque reforma todo el sistema de inteligencia sin intervención del Congreso, porque le abre más la puerta a la inteligencia interna (que está prohibida) o porque empodera al sector del Estado con peor reputación en lo referido a la defensa concreta de la democracia sin que la sociedad hubiera podido verificar que la legendaria pátina conspirativa de los servicios haya quedado superada por una profesionalización sostenida. La anteúltima noticia fue que el nuevo titular de la SIDE, Cristian Auguadra, era el contador de Santiago Caputo.
El problema es que el peronismo nunca revisó su pasado. Ni siquiera lo reconoció. Nunca asumió su responsabilidad como fundador de un sistema de inteligencia más propio de las autocracias que de una democracia, dedicado a espiar, perseguir y detener opositores (o propios díscolos o caídos en desgracia). Y ahora, cual virginal abanderado de la república impoluta se erige en censor del empoderamiento de los agentes de la SIDE resuelto por Milei. Quienes sin uniforme ni gorra ni placa (¿ni nada?) podrán detener a quien se les antoje. Queda claro, esto ya sucedió en la Argentina, pero nunca antes fue legal.
Excluidas las dictaduras, la cultura original del sistema de inteligencia que ahora Milei remodela por sorpresa y en cierto modo profundiza en su peor costado (en algunos aspectos orgánicos probablemente en sentido positivo, porque el DNU, de 41 artículos, es muy abarcativo) fue modelada por el peronismo. “Los servicios…”, se dice seguido en la política. Y lo que a muchos les viene a la cabeza no es el glamour de una película de James Bond. Bajo casi todos los gobiernos hubo acusaciones de espionaje a propios y extraños o francas denuncias, patología agravada por el fraccionamiento, grupos enfrentados de incomprobable, temeraria autonomía. O mano de obra desocupada, como ya se decía en tiempos de Alfonsín.
¿No habría que desterrar el espionaje político para que el espionaje profesional moderno gane eficacia? ¿Y no le reserva la Constitución al Congreso las reformas penales como ésta, que involucra a la detención de las personas? Es una idea feliz reclamar consensos parlamentarios en vez de decretos cuasi monárquicos, pero la solución al comportamiento atomizado y politizado de los servicios no parece estar a la vuelta de la esquina.
La ley de Inteligencia Nacional 25.520 elaborada por peronistas y radicales fue votada en 2001 casi por todos los sectores en ambas cámaras, democracia al palo, pero eso no significa que después su letra se hubiera cumplido. Al contrario, con esa ley se demostró que una cosa es un consenso mágico (fue aprobada justo en 2001) y otra, cambiar la realidad. Tampoco la pudo cambiar Cristina Kirchner como pretendía en 2015 cuando creó la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, ley 27.126), puso a un general de inteligencia -César Milani- al frente del Ejército, le quiso transferir el área y se fue a las Naciones Unidas a pedir que Estados Unidos le entregue a Jaime Stiuso (“queremos saber por qué está aquí protegido, por qué y por quién”, dijo en Nueva York).
Tras ponerse en funcionamiento la ley nacional de Inteligencia el kirchnerismo nunca se tomó en serio la creación de la comisión bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia, una idea copiada de Estados Unidos. Acá esa comisión nació con coma inducido.
Ahora mismo no está siquiera constituida. En el sitio oficial de Diputados se puede hallar la convocatoria a una reunión constitutiva, pero es para el 20 de agosto de 2024. Este gobierno dilata el funcionamiento de la bicameral de inteligencia todo lo que puede precisamente para que pase lo que acaba de pasar: el Presidente pone la inteligencia patas para arriba y la bicameral que por ley debe seguir la cuestión tiene la consistencia de una holografía. No confundir con la otra bicameral de la que ahora tanto se hablará, la Permanente de Trámite Legislativo, ahora tampoco constituida, que casi pasó inadvertida desde su nacimiento, durante dos décadas bendijo prácticamente todos los DNU de los sucesivos presidentes, los sellaba con la automaticidad de un empleado bancario, hasta que un día la comisión se despertó y vetó uno. ¿Quién era el presidente? Milei. ¿De qué se trataba el DNU vetado? De la SIDE.
Sucedió cuando Milei quiso girarle cien mil millones de pesos destinados íntegramente a los fondos reservados. Uno puede estar tranquilo con los fondos reservados porque la encargada de controlarlos es la Bicameral de Inteligencia.
Entre agosto y septiembre de 2024 las dos cámaras rechazaron el DNU de los cien mil millones (rechazo sin precedentes desde que hay DNU, vale repetirlo) y la SIDE tuvo que devolver la plata. Pero como se trata del Estado argentino y no el de Suiza, el gobierno se las ingenió para reasignar partidas. No se ampliaron los fondos reservados pero el presupuesto de 2025 de la SIDE llegó a 107 mil millones de pesos.
¿Puede ahora volver a ser rechazado por ambas cámaras un nuevo DNU relacionado con la SIDE en un debate seguramente superpuesto con la estrella anunciada para febrero, la reforma laboral? Todo indica que la puja por los votos de los legisladores dudosos enganchará la aprobación o rechazo del DNU de la SIDE con la reforma laboral.
Es improbable que un debate honesto acerca del DNU se imponga por encima del toma y daca. Y ahí está el punto. La cultura del espionaje político -y sus amenazantes consecuencias sobre la calidad de la democracia- difícilmente sea erradicada mediante leyes mientras no se sincere la historia y no se pacte cambiarla. Mucho menos con DNU que legalizan las peores prácticas.
