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Las mafias del fútbol
La estricta aplicación por el Estado del derecho de admisión en los estadios es positiva, pero hacen falta medidas de fondo para desterrar a los violentos
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LA NACION
Es triste que hayamos tenido que esperar una nueva muerte, como la del hincha Emanuel Balbo, en el estadio Mario Kempes de Córdoba, para que el gobierno nacional se decidiera a poner en marcha un reglamento tendiente a impedir la presencia de grupos violentos en los estadios de fútbol. Se trata, con todo, de una medida esperada, que hay que apoyar, aun cuando poco cambiará si no se toman otras decisiones de fondo que terminen con las mafias que crecen alrededor de este deporte y que van más allá de los integrantes de las barras bravas.
De acuerdo con las resoluciones dispuestas por las autoridades nacionales, el nuevo reglamento para prevenir la violencia en el fútbol le otorga al Estado la facultad de aplicar el derecho de admisión en los espectáculos futbolísticos. También exige que los menores de 16 años deban concurrir a los estadios en compañía de un mayor responsable; establece que sólo se podrá ingresar con entradas nominadas y con el correspondiente documento nacional de identidad, y propicia la realización de relevamientos sobre las condiciones de seguridad en las canchas.
Como consecuencia de la instrumentación de este protocolo, conocido con la denominación "tribuna segura", por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se detuvo a 85 prófugos con pedido de captura y se aplicó el derecho de admisión en 474 ocasiones. Entre los ejemplos más resonantes, se prohibió por dos años el ingreso a los partidos de fútbol de 12 reconocidos integrantes de la barra brava de Boca Juniors, entre los que se encuentran Rafael Di Zeo y Mauro Martín. La justificación de la medida fue que todos esos barrabravas fueron procesados en febrero pasado, acusados de encubrir, junto con un jefe policial, la fuga de otro miembro de la hinchada xeneize, a quien se buscaba por otro delito.
La purga no terminó allí, porque poco después las mismas autoridades nacionales incorporaron a la lista de excluidos de las canchas a 42 hinchas de Racing Club, quienes tampoco podrán asistir a los partidos por espacio de un año. A ese listado hay que añadir a dos personas recientemente detenidas en inmediaciones del estadio de la Academia por portación de armas y tenencia de estupefacientes, a quienes se les aplicó una restricción de concurrencia a las canchas por dos años, un período que debió haber sido mucho mayor.
Otros tres barrabravas de River y siete de Belgrano de Córdoba recibieron en las últimas semanas la aplicación del derecho de admisión a los estadios. Los hinchas del equipo cordobés habían sido detenidos tras la muerte de Balbo, quien fue agredido y empujado al vacío desde la tribuna local.
El Gobierno ha considerado que, en función de los antecedentes y comportamientos de los hinchas castigados, se puede concluir que éstos son capaces de generar un riesgo que atente contra el normal desarrollo de un encuentro futbolístico, que al tratarse de un evento de asistencia masiva conmueve el mantenimiento de la seguridad pública.
Es vital que entendamos que los barrabravas no son sinónimo de pasión deportiva. Son, por el contrario, verdaderas asociaciones ilícitas, fuente de delincuencia, corrupción y anomia, lamentablemente sustentada en una red de complicidades y en la insólita condescendencia de no pocos dirigentes y simpatizantes que los aplauden o actúan con indiferencia ante sus frecuentes bestialidades.
Debe celebrarse que, por fin, el Estado diga presente frente a este verdadero flagelo que acosa a la sociedad argentina. Restaría que el Senado salga de su letargo e inicie el debate de un proyecto de ley que duerme en un cajón.
Sin embargo, la medida comentada no será más que otro cambio cosmético si no se advierte que el fenómeno de las barras bravas de nuestro fútbol ha estado y sigue estando asociado a las luchas internas dentro de muchos clubes y también de los partidos políticos.
Mientras haya dirigentes del fútbol y la política nacional que se sigan valiendo de los funestos servicios de las barras bravas, mientras otros, por temor o por conveniencia, continúen desviando su mirada de las alternativas para erradicar a estos grupos de violentos, que conforman auténticas asociaciones delictivas, no habrá una solución definitiva.
En los últimos días, se ha escuchado de boca de funcionarios que, ante la violencia en el fútbol, "habrá un antes y un después de la muerte de Balbo". Claro que sólo en lo que va del presente siglo murieron 118 personas en los estadios y sus adyacencias por hechos violentos, y muchas veces escuchamos lo mismo. Es de esperar que esta vez sea la última.
LA NACION
