Las pruebas de un dolor infinito
Si bien hay conciencia del problema de la mujer golpeada por su pareja, la Justicia, para actuar, aún pide mucho de una víctima que suele estar atenazada por el miedo; tras viejos mecanismos legales se esconde el prejuicio
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PARA LA NACIONRomina Manguel
Violencia doméstica no sonaba a golpe certero. A palizas constantes. A sometimiento. A chicos aterrados intentando contener una furia imposible. Violencia doméstica remitía a una discusión subida de tono y no a muerte. Hasta que los casos de mujeres asesinadas ocuparon cada vez más centímetros en los diarios y horas de radio y televisión. Los medios le pusieron rostros a las denuncias: abusos repetidos, hijos llorando a sus mamás, como testigos de finales espantosos y anunciados. El Estado, tímidamente, empezó a preocuparse por esta conocida problemática que se visibilizó bajo el nombre de "violencia doméstica". Y ya el nombre sonó distinto: las históricas golpizas, patadas, gritos, quemaduras en el ámbito de algo nada parecido a un hogar fueron resignificadas.
Para dar respuesta a esta violencia doméstica, surgieron las comisarías de la mujer, se creó la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, se consagró la ley de género y se incorporó al Código Penal la figura de femicidio. Sin embargo, la Justicia -y las leyes de las cuales se nutre- no terminan de dimensionar la magnitud del desastre y las víctimas dejan su suerte librada a la buena voluntad y mejor o peor formación de funcionarios policiales y judiciales con los que se crucen. Paradoja: en las causas de violencia doméstica, los prejuicios contra las mujeres golpeadas se hacen sentir fuerte. Casi tanto como ese golpe que puede desfigurar un rostro y que aún así es considerado una lesión leve si se recupera en menos de un mes. El dato no es menor: para que se investiguen, las lesiones leves exigen el impulso de una víctima muchas veces paralizada por el miedo.
Si en Corrientes y Montevideo un arrebatador pega un manotazo a una cartera, la policía lo ve, lo corre y lo detiene. Nadie le va a preguntar a la mujer que sufrió el percance si quiere "instar la acción penal". Se hace. El arrebatador no se llevó nada. No lastimó a nadie, tal vez la dueña de la cartera ni siquiera estaba interesada en que se lo persiguiera penalmente. Pero el Estado interviene, mal o bien, y su intervención no está sujeta a ninguna otra voluntad. Cuando se trata de violencia doméstica, en cambio, las cosas cambian. En la misma esquina hay una mujer que recibe una tremenda golpiza por parte de su pareja. La gente lo ve. Le pega fuerte. Cada vez más fuerte. Hasta que la última trompada la doblega. Hay sangre en la ropa de los dos. A la mujer, todavía conmocionada, con el agresor al lado, le preguntan: " ¿Quiere instar la acción penal?" El asumir la responsabilidad de esa decisión pone a la víctima otra vez en peligro. El agresor sabe que se lo persigue porque la mujer dijo que sí, cuando pudo haberlo evitado. Y la culpa juega su rol en una relación compleja.
Ese minuto de duda puede ser el principio de una historia que muchas mujeres no han podido terminar de contar. Suponiendo que ella supere el terror, las amenazas y la incertidumbre, su suerte vuelve a quedar en manos de la pericia del funcionario de turno y del lado del debate en el que se haya parado, pues surge la cuestión de si la denuncia tiene o no que ser ratificada. Para los funcionarios que caminan la calle no hay dudas. Si la mujer ya relató los hechos ante un funcionario, no hace falta más. ¿Para qué? Evitan así darle tiempo al arrepentimiento. Conocen demasiadas historias como para no saber que esa vuelta al hogar junto al agresor puede ser la última. Para los otros, que viven a través de la letra fría de los códigos y se pierden fuera de los pasillos de Tribunales, la mujer tiene que volver a ratificar ante el juez. Si no lo hace, archivan la denuncia. Archivan, quizá, esa única posibilidad de una mujer de salvarse. Saben que puede no aparecer más: porque no se animó, porque la convencieron o porque la mataron. Las víctimas vuelven a una situación de peligro inminente. Y hay funcionarios que con su lógica retrógrada parecen dejarlas conscientemente en manos de sus agresores. "Pero no ratificó", se excusan. Como si en este contexto significara algo más que legitimar sus conciencias.
En el mejor de los escenarios, si es que hay uno, siguen imponiéndose los prejuicios escondidos en mecanismos legales todavía inalterables. La mujer denuncia que la golpean. ¿Miente? Y ante la sospecha se ordena un peritaje para determinar su capacidad de fabulación. Frente a la denuncia del robo de un auto nadie parece preocuparse por la capacidad de fabulación del denunciante. Le preguntan dónde fue, datos sobre el rodado. No se pone en tela de juicio si dice la verdad: se da por descontado.
Y suponiendo que todo funcione como un mecanismo perfecto, la mujer que insta la acción penal, ratifica la denuncia, se somete al peritaje y a las dudas de terceros y consigue testigos, no termina de estar a salvo. A menos que viva en Tigre o en la Capital Federal o en alguna de las siete localidades donde cuenten con el sistema DAMA: un botón antipánico que permite que la víctima dé aviso urgente a la policía si el agresor denunciado intenta violar la prohibición de acercársele. Algo que sucede demasiado seguido. O en Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz o Salta, donde funcionan oficinas de la mujer dependientes de las Cortes Supremas provinciales. O en Jujuy o Entre Rios, donde, presupuesto mediante, empezarán a funcionar. O tenga la suerte de estar cerca de alguna de las comisarías de la mujer.
Que acceda o no puede significar la diferencia entre seguir viviendo o que la maten: mientras la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte tarda entre 24 y 72 horas en excluir al agresor del hogar, hay provincias donde una cautelar puede demorar hasta tres meses. Para una mujer golpeada que tiene que convivir con un agresor que fue notificado de la denuncia, tres meses es mucho tiempo. Difícil que la historia tenga un final feliz.
A pesar de todo, hay mujeres que denuncian. Cada vez más. Y del otro lado, mujeres y hombres comprometidos que trabajan sin escaparle al sentido común: Analía Monferrer, secretaria letrada de la Corte Suprema a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica lo hace desde el Estado. Fabiana Tuñez eligió el ámbito de las ONG desde La Casa del Encuentro. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 empujan fallos notables. Son algunos de los muchos que ven más allá de la formalidad del expediente e indagan en las historias detrás de los golpes, como arqueólogos de un dolor infinito. Pero trabajan contra los prejuicios enquistados en el propio Estado. Y contra el tiempo: en el país asesinan a una mujer cada 35 horas. Muchas de ellas, en la inseguridad de su propio hogar.
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