Los derechos humanos, versión Milei y Villarruel

Que seas paranoico no quiere decir que no te estén siguiendo, advierte Woody Allen. Podría parafrasearse ahora que el hecho de que el kirchnerismo haya inventado una historia tuerta no significa que la contra-versión de Milei sea completa sólo por endilgarles parcialidad a los otros y por hallar víctimas de la violencia guerrillera hasta ahora inhumanamente ignoradas.

En la corrección del relato de los derechos humanos que hace el Gobierno la parcialidad más equívoca, que sesga cualquier verdad que se diga después, consiste en borrar de la historia al terrorismo de estado. Con sus propias omisiones el Gobierno sugiere que el terrorismo de estado es parte de la tergiversación de los hechos que pergeñó el kirchnerismo (desde el Estado, justamente), y no lo que en verdad fue, una monstruosidad sin igual, ya investigada, probada, acreditada y refrendada de sobra por la Justicia. Acaso lo que desencadenó el único consenso que logró la sociedad argentina en estos cuarenta años de democracia, resumido en la frase canónica de Julio Strassera “nunca más”.

Para quienes no habían nacido, no recuerdan o nunca leyeron la sentencia de la Cámara Federal que en 1985 condenó a las juntas militares, al menos va acá un párrafo de lo que confirmó luego la Corte Suprema: “los comandantes establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Judicial), la libertad o, simplemente, la eliminación física”.

Una cosa es decir que las víctimas de los Montoneros y el ERP han sido ignoradas y destratadas, lo cual es cierto -un punto a favor de Victoria Villarruel-, y otra es invertir el nefasto mecanismo de exclusión de los kirchneristas y construir un relato espejo, que esconde o que excusa, con más soslayo que negación explícita, la represión ilegal planificada y ejecutada por los militares. Es mejor, tal vez, hablar de negación que de negacionismo, sustantivo preferido por la izquierda en sus reproches a Milei y Villarruel, porque el negacionismo, el rechazo a negar una realidad empíricamente verificable, está referido sobre todo al Holocausto (lo dice la RAE). Y aunque a veces se compara el juicio a las juntas con Nüremberg, las situaciones son diferentes.

En todo caso, una negación u ocultamiento determinante por parte del peronismo (que el relato kirchnerista terminó de consagrar) es la del gobierno constitucional de Isabel Perón, el introductor del terrorismo de estado. No sólo la remarcación del 24 de marzo como puerta del Infierno tiene la intención de que se crea que todo lo malo empezó ese día. Y, a la vez, la de fortalecer la condición del peronismo como víctima privilegiada de la represión ilegal, cuando en realidad el peronismo primero la incubó. La discusión interminable acerca del número de desaparecidos durante el “Proceso” significativamente nunca mostró interés por ir un poco hacia atrás para hurgar en la etapa isabelina. Todavía no se sabe si las víctimas del terrorismo de estado en esos 633 días fueron seiscientas o un poco más de mil.

La glorificación de los Montoneros que labró el kirchnerismo de la mano de la partidización de los organismos de derechos humanos, por otro lado, fue completamente acrítica. Emocional. Nunca fáctica. No podía ser de otra manera. Montoneros o la cúpula que sobrevivió al baño de sangre de los setenta jamás encontró una forma razonable de explicar en términos contemporáneos cómo siendo una organización peronista luchaba con las armas contra un gobierno peronista (lo mismo que hacía el ERP, marxista). Qué revolución socialista pensaba hacer matando colimbas y vigilantes. O con qué criterio seleccionaba los blancos célebres, como José Ignacio Rucci, líder de la CGT y sindicalista preferido de Perón, acribillado tres días después de que Perón fue elegido presidente por un porcentaje mayor al que ahora obtuvo Milei. Nadie explicó ese pasado haciéndose cargo de él. Las atrocidades de la dictadura, en cambio, fueron aprovechadas para diluir las responsabilidades del terrorismo a secas, el terrorismo de los grupos guerrilleros, que, hay que decirlo, en la época estaban apoyados por masivas organizaciones juveniles.

Ese relato revolucionario, tan épico como esquivo, difuso, lleno de agujeros, fue lo que dejó servida la oportunidad para que se diera una combinación de fatiga de la impostación con cambio de época y surgimiento de nuevos liderazgos. Entonces apareció Villarruel, una líder política con ideas y discurso más articulado que el promedio, materia gris de la nueva revisión de los setenta, basada, paradójicamente, en los derechos humanos, dice ella, de las víctimas olvidadas. Revisión que parece estar entrando en la fase de los hechos y viene a sacudir el tablero.

“Nunca pude entender por qué se borró la mitad de la historia. Por qué en este país se cuenta la historia según la idea política que tenga. Yo tengo 94 años y gracias a Dios una buena memoria y yo viví el terrorismo, yo lo viví en carne propia”, declaró el lunes Nélida “Coca” Vaglio, la viuda de Rucci. Alguien logró persuadirla ahora para que quebrara su silencio de medio siglo. Su hija Claudia Rucci trabaja en el Senado con la vicepresidente Villarruel.

Es cierto que se borró la mitad de la historia. Pero eso empezó hace muchos años y no sucedió por un decreto. Como profanador de causas nobles, al meterse con los derechos humanos el kirchnerismo alcanzó la perfección.

Néstor Kirchner, quien recién conoció a los dirigentes de los organismos, incluidas las Madres, cuando llegó a presidente, entendió que la cuestión del enjuiciamiento de los militares que estaba sin terminar representaba una frustración colectiva, que encararlo le granjearía el apoyo de un importante sector social y que los militares ya no eran una amenaza para nadie. El problema fue que los juicios contra represores que activó vinieron acompañados del revisionismo histórico sesgado. Quienes llenaron el vacío ideológico original de los Kirchner -santacruceños también desprovistos de equipos- fueron los sectores más radicalizados de los organismos, encabezados por Hebe de Bonafini. La líder de las Madres en rigor fue coherente consigo misma, ella siempre asimiló a los desaparecidos con heroicos jóvenes idealistas. Una doble tergiversación, histórica y conceptual, que el gobierno adoptaría de manera ambigua. Histórica porque la nómina de desaparecidos es bastante diversa (hasta incluye algunas personas pertenecientes al régimen militar, víctimas de internas entre las fuerzas) y el enfoque de que a lo sumo se armaron en defensa de la Patria y la constitución es falso. Y conceptual porque los derechos humanos son universales, no dependen del comportamiento ni de la ideología de las personas.

La postura implícitamente reivindicatoria de los Montoneros malversó el concepto universal de los derechos humanos. La excusa fue confrontar la llamada teoría de los dos demonios, que equipara las atrocidades cometidas por los militares desde el Estado con las acciones de las organizaciones guerrilleras, jurídicamente grupos particulares. Ahora, curiosamente, también se escucha esa acusación, la misma que se usó cuando Alfonsín extraditó de Brasil a Firmenich: Milei quiere reponer la teoría de los dos demonios. De discutir las responsabilidades políticas de los grupos armados ni una palabra.

Gran apilador de frentes abiertos, Milei piensa que ha llegado la hora de atacar el rubro en el que la vicepresidente descuella. El lunes se supo que el Ministerio de Justicia está investigando 900 expedientes de las indemnizaciones que se les pagaron a víctimas del terrorismo de estado. El tema de las indemnizaciones había sido destacado por el Gobierno el día anterior en el video que prometía memoria, verdad y justicia completa. Hasta ahora ese tema, el dinerario, merodeaba en las orillas de la discusión pública en base a notas periodísticas y algunos libros de investigación (El negocio de los derechos humanos, de Luis Gasulla).

El video evitó especificar a quién se le ocurrió la idea de resarcir a las víctimas de un lado pero no del otro (si se puede decir así, aunque esas equivalencias gramaticales producen malentendidos). “Lastimosamente se hizo por plata”, dice al viento Juan Bautista “Tata” Yofre, el narrador, sin mencionar que la decisión de indemnizar a ciertas víctimas fue del presidente ascendido a prócer hace veinte días por Javier Milei al remodelar los salones otra vez ideologizados de la Casa Rosada. Menem lo hizo. A la par de los indultos a militares y jefes guerrilleros, Menem fue también el primero que sumó exmontoneros al gobierno. Según una investigación de Viviana Gorbato, “recicló” nada menos que 500 montoneros. Entre ellos, al primer secretario de Deportes, Fernando Galmarini y a su esposa Marcela Durrieu, cuya hija Malena, casada con Sergio Massa, casualmente dijo el domingo en Plaza de Mayo: “la historia es lo que es, el Nunca más es Nunca más y es lo que estamos viendo acá”, quizás porque no recordaba en ese momento que el gobierno kirchnerista sin hacerse mayor problema reescribió el prólogo de Nunca más, el informe de la Conadep, porque no le agradaba lo que había escrito Ernesto Sabato.

La primera ley sobre indemnizaciones, que es de 1991, ordenaba resarcir a quienes hubieran sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo durante la vigencia del estado de sitio. Hay que entender a los guionistas, no es nada fácil embutir la “justicia completa” en doce minutos de video. ¿O será que erradicar el pecado de la parcialidad requiere algo más que un video aireado con ánimo desafiante el mismo 24 de marzo, sacro feriado nacional monopolizado por la liturgia mayor de la izquierda y el kirchnerismo?

El gobierno escogió rebatir también el tótem de esa liturgia, “fueron treinta mil”, acudiendo a un exmontonero que mira a la cámara y dice “fui yo el que inventó lo de los treinta mil y es falso”. Raro empeño en renovar una discusión al parecer inconducente, que sugiere cierta falta de rumbo en la cuestión de fondo.

Milei y los Kirchner coinciden en borrar de la historia de los derechos humanos a Alfonsín, cuya política, en el momento más difícil de la democracia, porque en sectores de las Fuerzas Armadas el golpismo estaba latente, sí persiguió penalmente al terrorismo guerrillero sin equipararlo con el terrorismo de estado, al que consideraba muchísimo más grave. Luego de crear la Conadep y ordenar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el juzgamiento de las primeras juntas militares que habían gobernado desde el 24 de marzo de 1976, Alfonsín dispuso por otro decreto (el 157) la necesidad de promover la persecución penal de los líderes del ERP y de Montoneros. Entre ellos, Firmenich fue condenado a 30 años de prisión. En 1990 Menem los liberó a todos.