Los efectos de quemar la basura en la Ciudad

Ayer el oficialismo logró imponerse en la votación que aprobó por 36 votos contra 22 el proyecto de ley enviado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para autorizar la quema e incineración de la basura que a diario se genera en la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa oficial estuvo orientada a modificar el artículo 7 de la Ley de Basura Cero sancionada en 2005, la cual prohibía expresamente la combustión de residuos sólidos urbanos tanto en el territorio de la Capital como en el territorio de otras jurisdicciones y habilitó la incineración de residuos mediante técnicas que permitan generar energía.

Esta iniciativa significa no solo poner en riesgo las condiciones ambientales y la salud de las personas que viven en los barrios porteños o en los distritos bonaerenses más pobres en donde se instalarán seguramente en el futuro estas incineradoras de basura, sino que además modificará diametralmente el paradigma que sustenta los criterios de una verdadera gestión integral de residuos sólidos urbanos (Girsu).

Este paradigma, basado en la regla de las tres R (reducir, reutilizar y reciclar), fue abandonado a partir de ahora en la Ciudad de Buenos Aires, tras el fracaso del gobierno porteño a lo largo de esta última década en dar cumplimiento a las metas y objetivos fijados por la Ley 1.854, la cual preveía una reducción en 2017 de un 75% de los residuos enviados a los rellenos sanitarios del Ceamse, la empresa estatal dedicada al tratamiento de residuos urbanos en el área metropolitana, tomando como línea de base 2004.

En otras palabras, ya no habrá más razones para instrumentar medidas de reducción de la cantidad de basura generada o acciones de concientización o educación ambiental dirigidas a la ciudadanía para separar y reciclar los residuos porque estas centrales de incineración necesitan grandes cantidades de basura para poder funcionar y generar la energía necesaria para justificar su funcionamiento diario. Y no se llegará, incluso, a cumplir con las nuevas metas fijadas por la nueva ley, orientadas a reducir en un 80% en 2030 los residuos depositados en rellenos sanitarios teniendo en cuenta los volúmenes generados en 2012.

Las externalidades negativas se extenderán sobre las más de 6 mil familias que viven actualmente del reciclado y se harán sentir también sobre las cuentas y arcas públicas. En primer lugar, por los altos costos de recolección y transporte fijados en los pliegos de licitación de la ciudad, los cuales toman como parámetro la cantidad de toneladas de basura diaria que recolectan las empresas concesionarias. Y, en segundo lugar, porque desde el punto de vista económico - financiero, la inversión inicial y los costos operativos para la instalación y funcionamiento de estas plantas son muy elevados, incluso aún, mayores a los que ahora se destinan para depositar los residuos en los rellenos sanitarios del Ceamse, ubicados en el territorio bonaerense.

Mientras la comisión europea viene desalentando la construcción de este tipo de plantas y su uso se redujo en Estados Unidos y Japón, en la Argentina actuamos a contramarcha de lo que pasa en el mundo y terminamos convirtiéndonos en destinatarios junto a otros países latinoamericanos y asiáticos de esta chatarra tecnológica.

Solo por citar un ejemplo, hace poco tiempo fueron suspendidos los planes que originalmente estaban previstos para el área metropolitana de Madrid, a través del Plan Estratégico de Residuos, el cual contemplaba la instalación de una incineradora en la localidad de Pinto y se está avanzando ahora, tras las recomendaciones europeas y las movilizaciones populares, en la prohibición de esta práctica en dicha capital europea.

Para avanzar hacia la instrumentación de una verdadera política de gestión integral de los residuos resulta necesario que se adopten un conjunto de medidas. Una es que apruebe en el Congreso nacional una ley que obligue a las empresas a reducir el volumen de envases y envoltorios de los productos que comercializan.

Por otra parte, el gobierno porteño debe impulsar programas serios de capacitación en las escuelas, estimular a la ciudadanía a fomentar la separación en origen de residuos húmedos y secos y obligar a las empresas concesionarias del servicio de recolección a que garanticen –junto a los recuperadores urbanos – la inclusión de los residuos secos en el circuito de recuperación y reciclaje.

Por último, debería incrementar los controles y aplicar las sanciones correspondientes a los consorcios de propiedad horizontal y a las empresas, comercios, cadenas de comidas rápidas, restaurantes y hoteles que no dispongan sus residuos de manera diferenciada en la vía publica e instrumentar junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional un verdadero plan de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

Gustavo Fernández y Jorge Augusto Cuello