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Los fallos de la Corte Suprema deben ser respetados
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PARA LA NACIONIrma Argüello
El levantamiento del oficialismo en el Senado contra el emblemático fallo de la Corte Suprema que el 8 de noviembre desbarató una maniobra para subdividir el bloque del Frente de Todos para lograr una silla más en el Consejo de la Magistratura, vulnera la Constitución Nacional y la división de poderes, bases de nuestra democracia republicana, convirtiendo el hecho en una suerte de golpe de estado institucional. En ese fallo, el máximo Tribunal de la Nación calificó a tal división artificial como un ardid o simulación que no obedecía a fines genuinos.
Es cierto que dada la crisis que vive la Argentina, la gravedad de la situación y sus evidentes consecuencias negativas, que se proyectan en el tiempo, se desdibujan ante las urgencias cotidianas de la población vapuleada por la inflación, la falta de trabajo, la pobreza rampante y la inseguridad a la vez que sumergida en “relatos varios” y vías de escape ofrecidas por el poder para distraer de los asuntos de fondo. Lo inmediato y urgente prevalece sobre lo importante. Pero aun así, es esencial no perder la perspectiva.
Esa atípica sesión del Senado del 16 de octubre, con quórum justo y sin la presencia de la oposición, en la que se la Cámara desoye el fallo de la Corte y reitera por unanimidad el esquema de la división del bloque que ya había sido declarado nulo, traspone un límite inédito en el nivel nacional de falta de respeto de un poder del Estado frente a otro, en ejercicio de su rol constitucional.
Es importante destacar que lejos de ser un tema para pocos especialistas, o puramente técnico, exclusivo de juristas o abogados; se trata de un asunto de máximo interés para todos los ciudadanos de nuestro país. Por eso vale la pena alertar con claridad y simpleza sobre los hechos y sus consecuencias, para el conocimiento del conjunto de la sociedad y una eventual toma de posición.
Aunque en nuestro país, y muy lamentablemente, la educación en el civismo ha caído en la irrelevancia o, peor aún, en un adoctrinamiento sesgado, los ciudadanos necesitamos conocer para ser dueños de nuestras decisiones. Por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura fue creado con la reforma constitucional de 1994 y que sus funciones está reguladas por el artículo 114 de la Ley Fundamental. Dichas funciones son de gran importancia para la estabilidad jurídica de nuestro país. El Consejo se ocupa de seleccionar postulantes a jueces federales, emitir propuestas de nombramientos, efectuar el control disciplinario y remoción de los magistrados y administrar el Poder Judicial. La Constitución indica que en su composición debe privar el equilibrio entre los representantes de los órganos políticos surgidos por el voto popular o sea, senadores y diputados nacionales y Poder Ejecutivo, los jueces de todas las instancias, las asociaciones de abogados con matrícula federal y los académicos del derecho.
Para garantizar tal equilibrio, la ley 24.937 de 1997 y sus modificaciones posteriores establecieron una composición de 20 miembros. Se planteó de entrada la participación de cuatro legisladores por cada Cámara, dos por el bloque con mayor representación y dos más, uno por la primera y otro por segunda minoría. Sin embargo, en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, otra ley, la 26.080 disminuyó el número de miembros a 13, aumentándose a la vez dentro del Consejo la representación proporcional de la política en desmedro de los demás actores. También al reducir el número, se eliminó la participación de las segundas minorías legislativas. Así la influencia de la política pasó del 45% a un 53%, incrementando y concentrando su poder en la toma de decisiones.
En abril de este año, la Corte Suprema declaró inconstitucional dicha ley, retrotrayéndose la composición del Consejo a los 20 miembros de la norma original. Ante la necesidad de pasar de 13 a 20 miembros, surgió el hecho irregular de la división artificial del bloque del Frente de Todos con el objetivo de capturar el Consejero por la segunda minoría, nombrando al senador kirchnerista Martín Doñate, en desmedro de la segunda minoría real del Pro y de su representante, el senador Luis Juez.
Es importante indicar que esta transgresión tiene consecuencias prácticas nefastas. En la Argentina los problemas que padecemos son de carácter sistémico y obedecen a múltiples factores. Este concepto se puede sintetizar en que todo tiene que ver con todo. En ese marco, por ejemplo, el deterioro de la economía se debe ver no como una causa de nuestros problemas, ni como un hecho aislado, sino como una consecuencia de las políticas incoherentes, del afán de entregar posiciones gubernamentales claves a personas sin la imprescindible idoneidad, cuando no de actitudes delictivas enquistadas en los diversos actores sociales, así como una naturalización del deterioro y de la falta de respeto a personas, valores e instituciones. Los argentinos lo estamos pagando cada día con un deterioro generalizado de la calidad de vida y mayor aislamiento.
De ese modo, mientras no exista respeto de los funcionarios por la ley y la Constitución, calidad institucional, orden y seguridad jurídica, mientras exista lo que en las empresas llaman “clima de negocios” adverso, impuestos abusivos para sostener enormes estructuras de privilegios y asistencialismo, las inversiones productivas, n las que dinamizan la economía, y por ende, dan trabajo seguirán siendo esquivas. Por el contrario, continuará el éxodo de empresas huyendo de la arbitrariedad de las medidas de gobierno y la inseguridad jurídica. Eso abre un panorama muy oscuro para el país que este desacato del kirchnerismo en el Senado, un verdadero embate a la institucionalidad viene a profundizar.
Pero, ¿por qué tanto interés del oficialismo en dominar el Consejo de la Magistratura? La respuesta es simple. Se trata de un intento más de controlar el Poder Judicial con el objetivo de garantizar impunidad, a través de manipular el nombramiento de jueces afines e intentar remover o amedrentar con sanciones a los que no lo son.
Así como lograr impunidad es el objetivo clave si se mira hacia el pasado y presente de las causas abiertas, hacia el futuro pende otra sombra también grave: el interés de vaciar de contenido, de respeto y poder a la Corte Suprema de Justicia, garante de la institucionalidad y del cumplimiento de la Constitución. Las agresiones a los jueces de esta Corte percibida como “hostil” se multiplican. Se pretende instalar, tarde o temprano, una Corte afín que no cuestione ni reaccione a ninguna decisión del poder político, por abusiva que esta sea. Ese peligroso camino no es novedoso y lo han transitado todos los regímenes que, con ropajes de democracia, han caminado hacia el autoritarismo.
Hoy la Argentina se encuentra transitando una crisis mayor, pero todavía hay esperanza de no caer en ese abismo. Por eso es vital defender las instituciones republicanas y la Constitución Nacional. El desacato del oficialismo en el Senado, más allá del hecho puntual, que algunos minimizan,
irradia un simbolismo importante para alertar a la ciudadanía. No se trata de un asunto de personas, de si debe estar Doñate o Juez, se trata de dos modelos de país en pugna, el del capricho, la chicana y la vulneración de las instituciones o el del respeto a ellas, y el del hacer lo correcto, velando por el bien común. Tampoco es un “conflicto entre poderes”, como algunos lo definen, se trata de un poder del Estado incumpliendo con frágiles excusas un fallo legal y legítimo de otro poder del Estado, plenamente habilitado por la Constitución para emitirlo.
En este sentido, la oposición debe redoblar los esfuerzos para lograr que el fallo de la Corte se haga efectivo, el presidente del Consejo de la Magistratura lo propio. Todos los nuevos consejeros deben ingresar, no por la ventana, sino por la puerta grande. Así como antes con Vicentín, o el intento de reforma Judicial, entre otros, los argentinos debemos estar conscientes de la situación y acompañar por interés propio y del conjunto, en paz pero con firmeza, estos esfuerzos para que se haga lo correcto, de modo de desbaratar atropellos que debilitan a nuestra sociedad y condicionan su futuro. Es nuestro derecho, pero también nuestro deber y va más allá de colocar el voto en una urna de tanto en tanto. Tomemos consciencia que si los fallos de la Corte Suprema no son respetados nos quedamos sin democracia y sin República.
@irmaar
