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Los fallos que benefician a Scioli causan alarma a Juntos
Daniel Scioli agitó esta semana un fantasma muy temido en la oposición: ser asociada al oficialismo si los hilos de la supuesta trama que vincularía a segmentos de Juntos con el Frente de Todos quedan expuestos a la luz pública. Una posibilidad opacada parcialmente por la corrida cambiaria que dejó en un segundo plano la decisión del juez de Garantías N°6 de La Plata, Jorge Grispo de anular la elevación a juicio de la causa donde el exgobernador y una decena de sus funcionarios son acusados de negociaciones incompatibles con la función pública.
A Grispo le llevó casi tres años concluir que las pruebas reunidas por el fiscal Álvaro Garganta en un expediente de 25 cuerpos resultan insuficientes para que Scioli sea sometido a juicio. La suspicacia puesta a rodar con malicia en los Tribunales platenses involucra a los dos funcionarios judiciales. La presentación del fiscal incluiría la suficiente cantidad de inconsistencias técnicas para librar al magistrado de cualquier duda sobre el sentido de la decisión que adoptó. Todas especulaciones dispuestas a constituir lo que podría ser una patraña sobre la base de un único hecho comprobable. Grispo fue designado en el gobierno de María Eugenia Vidal y, en apariencia, a instancias de Gustavo Ferrari. Antes de desempeñarse como ministro de Justicia de Vidal, Ferrari sirvió para Scioli como Asesor General de Gobierno. Ferrari se encargó de desmentir con énfasis esa hipótesis. Igual que la supuesta influencia sobre Grispo que podría ejercer Enrique Saraví O´Keefe, uno de sus colaboradores más inmediatos en la gestión de Vidal.
El clima enrarecido que impera sobre las dirigencias en la opinión pública, proclive a dar veracidad a las supuestas complicidades que las hermanarían, hace comprensible el desasosiego en Juntos. Políticos (31%) corrupción (35%) e inflación (60%) comparten el podio de los principales problemas detectados por la consultora Fixer en julio. Lo extraño es que con esa aprehensión hayan pasado por alto que la absolución de Alexis Rodrigo Balboa podía estar anticipando el fallo de Grispo.
Balboa fue director administrativo en la secretaría General del gobierno de Scioli y llegó a juicio oral acusado de ocultar y destruir pruebas como un desprendimiento de la causa donde Garganta investigó al exgobernador por interceder a favor de Ricardo Miller para construir 12 Unidades de Pronta Atención (UPA) y de mantener con él relaciones comerciales. Igual que Grispo, el juez correccional N°1 de La Plata, Patricio Gandulfo, adujo falta de pruebas para absolver a Balboa. La gestión de Vidal había denunciado el extravío de expedientes de esas obras. Elisa Carrió denunció a Scioli en 2016 por el delito de asociación ilícita.
Es lógica la preocupación de Juntos por estos acontecimientos en la provincia de Buenos Aires, cuyo sistema institucional parece desenvolverse bajo un status quo impuesto por el peronismo desde la recuperación de la democracia y del que, en apariencias, habría pocas probabilidades de abstraerse. Tal vez porque excedan a un resultado electoral y no siempre tengan por escenario a ese territorio. En el Congreso, el bloque de diputados Encuentro Federal votó a favor de crear un área marítima protegida a la zona donde se hundió el submarino ARA San Juan. La denuncia de Juntos contra el oficialismo por violar el reglamento al tratar la propuesta de Graciela Camaño en la comisión de Legislación General pero no en ninguna otra de incumbencia específica no amilanó a la bancada de Margarita Stolbizer, Domingo Amaya, Sebastián García De Luca y Emilio Monzó. Más que su pertenencia a Juntos, Encuentro Federal reivindica su cercanía con Horacio Rodríguez Larreta. Aunque en el recinto suelen ser solidarios con Sergio Massa y su aliada más recíproca: Camaño.
Camaño es miembro único del bloque cuyo propósito enuncia su denominación, Identidad Bonaerense. Una condición que Massa comparte con ella. Pero también con Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia es que la vicepresidenta desconfía que eso sea una virtud, como ya saben los intendentes del conurbano. Entre ellos circula una murmuración incomprobable. Invitado especialmente por Axel Kicillof, Massa participó el 29 de junio en Vicente López de una jura de cadetes de la policía bonaerense y presenció el desfile de cuerpos de esa fuerza.
Entre ellos, los de la división canes de rastros. Adiestrados especialmente en la detección de cuerpos sin vida en catástrofes, los perros habrían comenzado a ladrar sin control al pasar frente al palco donde se hallaban los funcionarios. Maldad en estado puro. Los efectivos amenazan con ser un dolor de cabeza para Kicillof. Fue abucheado por familiares de aspirantes al Servicio Penitenciario que esperaron su presencia durante cuatro horas para dar inicio al acto de su incorporación.
El Servicio Penitenciario inició un sumario administrativo para “esclarecer las causas que originaron el malestar o disconformidad de los concurrentes (sic)”. Podría resultar inconducente. No es la primera demora que experimenta con Alak, de quien depende. El ministro aduce falta de cupo en la cárcel de San Nicolás para hacer efectiva la prisión de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, confirmada por la Justicia a comienzos de junio.
Cabaleyro y Espíndola representan al sindicato de Camioneros en San Nicolás y están acusados de coaccionar a una firma de transporte en San Pedro. En San Nicolás se especula que Alak echó mano a una excusa. Durante junio se habrían registrado otros ingresos a ese penal. Un auxilio relativo que justifica la obsesión de Pablo Moyano por las cámaras de seguridad que hizo instalar en las dependencias que ocupa en el tercer piso de la CGT. Incluido los baños.
Las noticias de la causa por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente no son tranquilizadoras. La sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora rechazó la recusación a Brenda Madrid de Sebastián Scalera. La jueza se declaró competente para volver a fallar después que esa misma sala le rechace el sobreseimiento que le dictó a Moyano y que lo excluía del juicio oral por ese caso. Es poco probable que Madrid dicte otro veredicto sin incurrir en prevaricato. Y también que el fiscal no insista con impugnarla.
Moyano participó del acto de Cristina en Ensenada con Scioli mantiene la expectativa de ser candidato a presidente si queda comprometido el plan para que ella ocupe ese lugar. A los intendentes los seduce la idea que el rol de consultor económico que Kicillof cumple con la vicepresidenta lo catapulte como una alternativa a Scioli y que despeje el camino a la gobernación de su jefe de gabinete, Martín Insaurralde.
Pero la corrida ha devuelto a los intendentes sobre el conurbano. El terreno que mejor conocen. Temen a que los efectos de la economía arrastre sin distinción con todo el oficialismo. Una ola advertida por el jury que confirmó anteayer por diez votos a uno la suspensión del fiscal de Tigre, Claudio Scapolan a la que se opuso la senadora de Massa, Sofía Vannelli. Walter Caruso se cuidó esta vez de apuros que después lo obliguen a rectificarse.
El diputado del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, rechazó el 4 de mayo que el jury tenga competencia para investigar a Scapolan. Pero cambió su voto por vía administrativa después de quedar en minoría con Vanelli. Caruso pertenece al bloque Espacio Abierto Juntos. La oposición tiene de qué preocuparse.
