Los gobiernos provinciales deben dejar de ser cómplices de los desmontes

Hay un crimen: la deforestación en el norte de Argentina. Hay víctimas: indígenas, campesinos, flora, fauna. Hay responsables: grandes productores agropecuarios. Pero también hay cómplices: los gobiernos provinciales.

Con más de un millón de kilómetros cuadrados, el Gran Chaco Americano es el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después del Amazonas. Abarca una parte importante de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil. Se trata de una de las áreas más ricas en biodiversidad del planeta que, además de resultar clave para la regulación climática e hídrica, alberga 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

Se estima que en la región chaqueña hay unas 25 especies de mamíferos amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el oso hormiguero y el chancho quimilero; siendo las principales causas la constante destrucción y fragmentación de su hábitat y la caza furtiva.

En la porción argentina del Gran Chaco viven campesinos, pequeños productores e indígenas de nueve pueblos originarios, quienes dependen de los bosques para obtener alimentos, agua, maderas y medicinas.

Pero también se trata de una de las regiones más deforestadas del mundo en las últimas tres décadas a causa del avance de la frontera agropecuaria, principalmente para ganadería y soja que en gran medida se exportan a China y Europa.

En este sentido, es clara la responsabilidad de los gobiernos provinciales en la violación de la ley Nacional de Bosques mediante diversos mecanismos: realización de recategorizaciones prediales para autorizar desmontes en bosques protegidos, autorización de desmontes selectivos para ganadería intensiva donde no está permitido o directamente, como en el caso de Formosa, la elaboración de un ordenamiento territorial que permite el desmonte del 75 por ciento de sus bosques.

La sanción en Argentina de la Ley de Bosques (26.331), a fines de 2007, fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas.

Sin embargo, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde su aprobación se desmontaron 3.400.000 hectáreas, una superficie mayor a la de Bélgica. Un verdadero ecocidio.

El 75% de la deforestación se produjo tan sólo en cuatro provincias de la región chaqueña: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Más grave aún es que, durante los últimos 5 años, en esas provincias el 45% de los desmontes se realizaron donde la ley nacional lo prohíbe.

Resulta evidente que los controles son muy pocos y que las multas no son suficientes para desalentar los desmontes ilegales. Los responsables rara vez son obligados a reforestar. Es por ello que se precisa, en forma urgente, su penalización.

Más deforestación significa más crisis climática; más inundaciones; más enfermedades; más pérdida de alimentos, maderas y medicinas; más desalojos de comunidades campesinas e indígenas; y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté, que espera por un amparo y una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La situación de nuestro Gran Chaco es grave y no da para más. Los gobiernos de las provincias del norte deben dejar de ser cómplices de su destrucción. Es hora de que los gobernadores de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta actúen por el bien común y prohíban los desmontes. Deforestación Cero no es una proclama, es una necesidad.

Coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina