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Los males del poder concentrado
Pese a los intentos de mitigar el hiperpresidencialismo en el país, el Ejecutivo controla el 72% de los recursos del Estado y ejerce un poder casi hegemónico que ahoga a la democracia Sergio Berensztein Para LA NACION
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La concentración excesiva de poder en una o pocas manos es siempre peligrosa. Para garantizar la libertad y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos es imprescindible que el poder político se encuentre efectivamente limitado y controlado. Y si bien los gobiernos no están exentos de cometer errores, la experiencia histórica sugiere que las consecuencias de los pasos en falso se vuelven más severas y dramáticas cuando son el resultado de decisiones discrecionales, ésas que no son sometidas de forma sistemática a la deliberación pública.
Los mecanismos de control han sido objeto de debate desde la Revolución Francesa: la búsqueda permanente, imperfecta y aún no resuelta de sistemas de gobierno con equilibrios entre el poder y el control ha sido uno de los ejes del desarrollo político contemporáneo. Los primeros intentos por fragmentar el poder del monarca derivaron en la división de poderes, y así se originaron las funciones diferenciadas del ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres poderes quedaron articulados mediante un dispositivo de frenos y contrapesos para evitar el peor escenario: que el exceso de poder de alguna de las partes pusiera en riesgo la paz social.
El Estado moderno enfrenta nuevos desafíos: vivimos en un mundo de transformaciones constantes, con altos niveles de desarrollo tecnológico e innovación en el campo del conocimiento. En un contexto tal, el balance de poder en las sociedades es propenso a sufrir modificaciones. Los problemas de seguridad (amenazas externas, conflictos internos), las crisis económicas (hiperinflación, hiperdesempleo), los desastres ambientales o humanitarios (terremotos, inundaciones, sequías) producen desequilibrios en la distribución y el manejo del poder, poniendo en peligro el sostenimiento mismo del imperio de la ley, arriesgando la vida, la libertad y la propiedad.
El Estado, como forma moderna de organización del poder político, es un arma de doble filo: sin él vivimos en un estado de naturaleza, tal y como lo define Hobbes en El Leviatán . Sin embargo, un Estado que incumple su responsabilidad de proveer bienes públicos -seguridad, salud, educación, infraestructura básica, vivienda y cuidado del medioambiente- lesiona a la ciudadanía, que adjudica los fracasos a los representantes políticos, lo cual erosiona a la democracia.
Si bien es necesario que quienes gobiernan tengan suficientes recursos y atribuciones, ello no debe derivar en el acaparamiento de dichos recursos. Es preciso diseñar fórmulas políticas que se ubiquen entre el todo y la nada, avaladas por el consenso y la credibilidad de los actores políticos y el conjunto de la sociedad. Por ello, resulta necesario contar con reglas de acceso y control del poder efectivas, explícitas, duraderas y sobre todo adaptables, para que puedan anticiparse a los cambios de la realidad social evitando que las transformaciones deriven en tensiones y conflictos.
Hay Estados que fracasan y Estados fracasados. Los primeros cometen errores, muchas veces insólitos, pero de forma esporádica; los segundos también fallan, pero de manera sistemática. Los fracasos asiduos no sólo ponen en riesgo la gobernabilidad democrática, sino también el desarrollo económico, ya que generan en el largo plazo estancamiento, fragmentación social, pobreza y exclusión. Es preciso abandonar la discusión sobre el tamaño del Estado para concentrarse en la calidad, eficiencia, eficacia, destreza y flexibilidad que debe exhibir para adaptarse a las cambiantes demandas de los ciudadanos y a los desafíos estratégicos que impone la sociedad global. Las víctimas de aquellos errores son siempre los mismos: los ciudadanos, y fundamentalmente aquellos que menos tienen. Los Estados débiles, incapaces e inapropiadamente organizados, suelen convertirse en instrumentos útiles para inescrupulosos que desarrollan estrategias orientadas a acumular poder. Así, los recursos públicos son utilizados con fines políticos partidarios o personales, de forma desembozada o en nombre de la patria, el pueblo o el interés nacional.
Hacia la república verdadera
En un libro señero, Un país al margen de la ley , Carlos Nino analiza las consecuencias que tuvo en la Argentina el hiperpresidencialismo, es decir, la concentración excesiva de atribuciones en el Poder Ejecutivo que otorgaba la Constitución del 1853. Alberdi había intentando solucionar la ecuación anarquía-tiranía que caracterizó la etapa poscolonial con una fórmula transitoria, la república posible, estructurada en la figura cuasi monárquica del Presidente de la Nación. Argentina sólo iba a poder avanzar hacia la república verdadera una vez que consolidara su marco institucional. Esto nunca ocurrió, puesto que el sistema político permitió el desarrollo de proyectos hegemónicos con diferentes improntas ideológicas (conservadoras, radicales, peronistas), pero basadas en un rasgo común: la negación a que otras fuerzas políticas puedan competir con reglas claras y transparentes.
En esta transición a la democracia hubo intentos parciales de mitigar el hiperpresidencialismo, como lo fue la reforma constitucional del 1994. Lamentablemente, su instrumentación parcial y sesgada terminó generando una contrarreforma que, en definitiva, fortaleció al Poder Ejecutivo frente a los otros poderes del Estado (el Legislativo y el Judicial), las provincias y municipios, la sociedad civil y los ciudadanos en general. El tamaño del Estado alcanzó niveles récord (el gasto consolidado es del 42% del PBI), mientras que no se registraron mejoras significativas en los principales indicadores sociales (pobreza, exclusión, desigualdad, desarrollo humano). El Poder Ejecutivo controla el 72% de esos recursos, y casi 60 mil millones de pesos pueden ser dispuestos con absoluta discrecionalidad. La autonomía de agencias como el Indec y el Banco Central ha sido flagrantemente avasallada, y se generó una pérdida en muchos casos irreparable de capacidad e idoneidad en sus respectivos planteles.
El proceso no se detiene, pues la vocación hegemónica siempre se expresa en la permanencia a cualquier costo. Los superávit fiscales son siempre transitorios: cuanto más débiles son los líderes hegemónicos, más necesitan gastar para preservar el poder. Esto lo terminan pagando los contribuyentes de hoy y de mañana, pues la deuda pública no deja de aumentar, a pesar de lo que diga la propaganda oficialista.
Este sistema hegemónico hiperpresidencialista está ahogando la democracia. Es sencillamente imposible generar condiciones de competencia igualitarias por el poder cuando es la administración del Estado la que desea ser parte del proceso electoral. Para peor, las nuevas reglas de financiamiento y de publicidad en los medios audiovisuales (que en otro contexto podrían contribuir a mejorar aunque sea parcialmente los mecanismos electorales) limitan enormemente las posibilidades de los candidatos de oposición.
¿Implica esto que la suerte de las próxima elecciones ya está echada? Todo lo contrario: todos los proyectos hegemónicos y personalistas del pasado han fracasado, pues la sociedad se termina cansando de los abusos y caprichos de quienes detentan el poder. El problema es cuánto cuestan estos desvíos autoritarios, y qué cosas dejamos de hacer (ahorrar, invertir, innovar, arriesgar, construir) por la incertidumbre y la desazón con que la política vernácula castiga a la sociedad.
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