Los orígenes de la inflación

Cuando Perón tomó las riendas de su segundo período presidencial, el panorama económico distaba de ofrecer las halagüeñas perspectivas que alfombraron sus pasos iniciales como gobernante. La inflación, un fenómeno antes desconocido en el país y que había estallado precisamente durante su primer mandato, se agigantaba hasta constituirse en el principal motivo de preocupación para el equipo de economistas de su gabinete.

"No todas eran rosas en el huerto del Señor -admitió Alfredo Gómez Morales, que fuera ministro de Finanzas-; los problemas se sucedían sin pausa y faltaban soluciones. Lo que más nos obsesionaba era librarnos del fantasma de la inflación." Como se sabe, Gómez Morales había capitaneado el equipo encargado de corregir los errores de Miguel Miranda, el mago de las finanzas que en los dos primeros años de gobierno fue el taumaturgo de una ilusión que prometía a los argentinos un gran standard de vida en incesante aumento. Según el economista Carlos García Martínez, "ese período, que naufragó en 1948, se caracterizó por su fe en creer que los decretos y las disposiciones tienen la facultad mágica de crear la riqueza y el bienestar social casi de un día para el otro".

Miranda apostó a la industrialización acelerada y a la tercera guerra mundial. Diego Luis Molinari, embajador viajero, reforzaba este error con una sentencia: "La posguerra no durará seis años". En los tramos de la contienda mundial anteriores al golpe de 1943 el ejército había lanzado críticas contra Raúl Prebisch, entonces gerente general del Banco Central, por no haber invertido parte de las reservas en comprar abastecimiento para superar un período tan crítico. Prebisch explicaba entonces que es muy difícil adivinar el estallido de una guerra y, por otra parte, conviene más ahorrar divisas que gastarlas. La estrategia de Miranda fue diametralmente opuesta a la de Prebisch: con los 1600 millones de dólares que el país disponía, se compraron los ferrocarriles y casi todas las empresas de servicios públicos que estaban en manos extranjeras. Repatriar empréstitos significó una hemorragia de 800 millones de dólares. Miranda adquirió además maquinarias, equipos industriales y material de guerra para reequipar a las Fuerzas Armadas. A la vez guardó en los silos dos cosechas de maíz y lino, porque las ofertas europeas no pagaban precios convenientes. Pero el Plan Marshall inundó a los pueblos del Viejo Mundo con trigo y maíz regalado. "Y hubo que tragarse el cereal que teníamos guardado", se lamentó siempre Gómez Morales.

Para García Martínez hay un punto de partida preciso: "La inflación -dice-, considerada como fenómeno de naturaleza endémica, comenzó en la Argentina en 1945". Y lo sostiene con cuadros estadísticos, "donde la magnitud del aumento en el costo de la vida -señala- surge límpido y claro de esas cifras. Es suficiente hacer notar que en una década, de 1945 a 1954, el costo de vida experimentó un alza superior al 500 por ciento, mucho mayor que el habido entre 1914 y el quinquenio 1940-44". Carlos F. Díaz Alejandro observa, a su vez, que "la tasa de inflación en la Argentina se despegó de la tasa de Estados Unidos y Europa occidental a partir de 1949". Y Juan Carlos de Pablo lo explica claramente cuando señala: "Durante la primera mitad de la década del 40, la Argentina sufrió un proceso inflacionario al igual que muchos otros países. La diferencia fue que a partir de 1948 la inflación desaparece en el resto del mundo desarrollado, pero no en nuestro país.

Desde ese momento la inflación es de origen nacional". Y esa inflación neutralizó cualquier aumento de salarios que el gobierno decretaba con suma facilidad. En 1952, el nivel del salario real de un peón industrial bajó el 25 por ciento con relación a 1948. Para un obrero especializado, el descenso fue del 30 por ciento. Era la contrapartida de la euforia 1946-48, cuando el ingreso nacional creció un 26 por ciento. Una visión de todo el ciclo revela, sin embargo, que 1946-52 estuvo caracterizado principalmente por la existencia de una ocupación plena. Guido Di Tella y Manuel Zymelman analizaron este fenómeno ocupacional: "El porcentaje de trabajadores empleados en la industria se elevó del 21,3 por ciento en 1945; al 28,3 en 1949 y cayó al 25,1 en 1952". En el sector agrario la balanza se inclinó del 34,7 por ciento en 1945 al 25 en 1952. En ese mismo lapso, la ocupación en servicios se elevó del 44 al 49 por ciento; esto es "de una rama de ocupación más productiva a otra menos productiva".

Perón apeló al recurso de otorgar aumentos masivos de salarios y a la vez fijar precios máximos en niveles anteriores a dicho incremento general. "El mito de la omnipotencia estatal -sentencia García Martínez- se esconde detrás de estos ingenuos intentos de alcanzar de la mañana a la noche un amplio bienestar por simples disposiciones gubernamentales." Sin combatir con armas reales el proceso inflacionario, el gobierno intentó detener su inevitable secuela inmediata: el alza de los precios. Volvió la batalla contra el agio y la especulación, iniciada en 1946 con la famosa "campaña de los sesenta días", la que llevó esta vez a la cárcel a decenas de pequeños comerciantes. La mayoría de ellos eran almaceneros, a quienes se aplicaron severos castigos que afectaban tanto sus intereses comerciales como sus derechos civiles. "Hubo sanciones desmedidas contra nuestros afiliados", se quejarán los directivos del Centro de Almaceneros. Una lista proporcionada por esa entidad refleja hasta qué extremo se cumplió la ley contra el agio y la especulación durante el gobierno peronista, cuyas penas máximas consistían en la clausura definitiva del negocio, una inhabilitación comercial de seis años a su dueño, arrestos de noventa días en la cárcel de encausados y las multas correspondientes. Cuando se trataba de extranjeros (y esto ocurrió frecuentemente en el caso de los almaceneros, en su mayoría españoles) el proceso incluía el pedido de aplicación de la ley 4144, de residencia.

Entre los casos más famosos de aquellas campañas se cuenta el de José Bello, cuyo negocio instalado en Bacacay 3500, del barrio de Floresta, fue clausurado definitivamente "por vender queso de rallar a 8 pesos con 70 centavos, precio correspondiente al doble crema, en lugar de ofrecerlo a 8 pesos como corresponde". Bello debió pagar 30.000 pesos, cumplir tres meses de encierro en Villa Devoto, y estuvo a punto de ser deportado a España. Lo mismo le ocurrió a su compatriota Mariano Gómez, instalado en Arenales 3002, "por haber confundido los precios de las yerbas Cruz de Malta y Flor de Lys ". Una diferencia de 35 centavos en el precio de los quesos gruyére y roquefort costó a José Manuel Martínez, de Tucumán 400, una multa de 100.000 pesos; y el exceso de 15 centavos en una porción de medio kilogramo de dulce de membrillo determinó a José Antonio Taborcias, de Nazarre 2800, la pérdida de su carta de ciudadanía y una sanción de 50.000 pesos.

Plan de emergencia

"El período 1946-51 fue pródigo en realizaciones y parecía que la prosperidad creada por el gobierno era virtualmente inextinguible. Se vivía una euforia en la que se sobrestimaban los recursos del país y se subestimaban los problemas. Esto no permitió ver la situación económica en su real dimensión, en la que factores externos e internos precipitaron una crisis", explicó Antonio E. Cafiero, el ministro más joven del gabinete y también el mejor dispuesto a poner en marcha un plan de estabilización y desarrollo, para sacar al país de la crisis que comenzaba a ahogarlo al iniciarse la segunda Presidencia. Cafiero llegó al gabinete por sugerencia del canciller Jerónimo Remorino, para reemplazar a Roberto Ares en la cartera de Comercio Exterior.

[...] Los factores de perturbación que, según Cafiero, precipitaron la crisis en 1952, serían estos: "El Plan Marshall, la pérdida del poder adquisitivo de nuestras divisas, la inconvertibilidad de la libra esterlina y la conferencia internacional de materias primas (que impedía la suba de nuestros precios), entre los factores externos. A ellos se sumaron dos sequías de magnitud no conocida en el país, las que arruinaron dos cosechas completas, las de 1949-50 y 1951-52. Y cuando yo llegué al gabinete, en 1952, me encontré con un plan económico que Perón había puesto en vigencia en febrero de ese año, con medidas destinadas a conjurar la crisis. Esta se verificaba a través de un pronunciado déficit en la balanza de pagos y una inflación de caracteres muy agudos, que no iba acompañada de un crecimiento proporcional de la riqueza".

La explicación de Cafiero

Todos esos factores existieron, pero también es cierto que la política económica implementada en 1946 había sido la gran causante de la crisis que hubo que empezar a corregir en 1949 hasta desembocar en el plan económico de 1952. La aplicación del mismo sería luego explicada en el libro que Cafiero publicó en 1961, donde dice lo siguiente: "Las medidas de emergencia adoptadas se dirigieron fundamentalmente a propiciar una conciencia popular de austeridad en los consumos, fomento del ahorro y aumento de la productividad general. Campeó en su planteo el firme convencimiento de las autoridades de que sin la colaboración del pueblo era inútil esgrimir fórmulas salvadoras. Correspondía a la población asumir la decisión de aceptar los sacrificios que imponía la situación y consolidar con ello la independencia económica y la justicia social consagrada por la acción del justicialismo, o bien, abandonar toda aspiración de desarrollo progresista y retroceder a los tiempos de la colonia económica". Entre esas medidas de emergencia figuraban, por ejemplo, la restricción de la faena de animales que no habían llegado a su madurez: el destino de una matanza semanal a las cámaras frigoríficas para exportación, y la prohibición del consumo de carne en hoteles y restaurantes en esos mismos días. Para compensar el fracaso de la cosecha de trigo, fue sustituida la importación necesaria con una mezcla de mijo y centeno, que hizo desaparecer de la mesa familiar el clásico pan blanco.

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