Los presos de La Tablada

Algunos indicios recientes parecen indicar que el gobierno nacional se propondría interceder por la liberación de por lo menos quince de los veinte condenados por el copamiento del cuartel del Regimiento 3 de Infantería Mecanizada, ocurrido el 23 de enero de 1989, cuando esa unidad tenía asiento en La Tablada, provincia de Buenos Aires.

Lo que mueve a las autoridades en esa dirección es, seguramente, el deseo de contribuir a cauterizar las heridas subsistentes en el seno de la sociedad por causa de los enfrentamientos ideológicos que sumieron al país en sangrientos y luctuosos episodios de violencia que todos los argentinos de bien procuran superar.

Pero, al margen de cualquier otra consideración, para que una iniciativa de ese cariz tenga positivos efectos reparadores sería conveniente que quienes ahora están purgando en la cárcel las sentencias, emanadas de un tribunal legítimamente constituido, reconozcan el error en que incurrieron al promover aquel trágico enfrentamiento.

El asalto al acantonamiento de uno de los cuerpos históricos del Ejército, dirigido desde el exterior por el sombrío líder guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, tuvo como protagonista a un grupo armado, que, bajo la denominación de Movimiento Todos por la Patria y so pretexto de neutralizar una dudosa conspiración, lo ocupó durante un día haciendo frente al asedio de numerosos efectivos militares y policiales. El combate allí librado tuvo el saldo de 39 muertos y 200 heridos.

Una y otra vez, especialmente durante los últimos años del gobierno de Carlos Menem, se reavivaron las conjeturas acerca de la probabilidad de que el Poder Ejecutivo indultase _o que, en su defecto, el Congreso dictase una ley de amnistía_ a los responsables de tan alocada aventura. Los asaltantes habían sido juzgados por la Cámara Federal de San Martín, en instancia única según lo dispuesto por la ley de defensa de la democracia. Hallados culpables de los delitos imputados, fueron condenados a penas que van desde prisión perpetua hasta 13 años de reclusión. El prófugo Gorriarán Merlo fue capturado más tarde y juzgado por cuerda separada. Los conjurados de La Tablada cargaban sobre sus conciencias la responsabilidad de haber vuelto a encender la mecha de la violencia, atentando contra la paz de la Nación, contra el orden constitucional e incluso contrariando la manifiesta voluntad de la mayor parte del pueblo argentino, ávido de encarrilar su futuro y el de las instituciones por las sendas de la pacificación y la democracia. No obstante, poco tiempo después recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para manifestar que había sido violado su derecho de apelar a la doble instancia judicial.

Bajo los términos del Pacto de San José de Costa Rica, que aquí tiene jerarquía constitucional, la CIDH hizo lugar a ese cuestionamiento y planteó la necesidad de someter a revisión el primero de aquellos dos procesos. Las actuales autoridades nacionales han rechazado abiertamente la posibilidad de dictar un indulto, aunque se han mostrado permeables a analizar otras alternativas jurídicas: por ejemplo, admitir la doble instancia, mediante una ley cuyo proyecto está en estudio, lo cual retrotraería a los condenados a la condición de procesados, lo que significa que estarían entonces en condición de quedar en libertad por imperio del dos por uno. En modo alguno sería admisible, por supuesto, que ese beneficio fuese hecho extensivo al caso aparte de Gorriarán Merlo, un enfermo de violencia que no dio señal alguna de arrepentimiento por los crímenes vandálicos en que intervino, ya fuese como instigador o como autor material o como ambas cosas al mismo tiempo.

Por razones humanitarias y aun políticas, en cambio, no habría reparos a la iniciativa de que el Poder Ejecutivo le someta al Congreso esa propuesta y, si éste la aprueba, que los asaltantes de La Tablada se puedan reintegrar en el seno de la sociedad. Siempre y cuando, por supuesto, los mueva la plena voluntad de reconciliarse con esa sociedad que no los excluyó por capricho o abuso, sino porque se alzaron a sangre y fuego contra las instituciones fundamentales, que son la columna vertebral de la convivencia democrática y de la paz social.