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Los vicios de la reforma constitucional de 1994
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Con motivo de la conmemoración de los 20 años de la reforma de la Constitución, hemos podido apreciar calificadas opiniones sobre las profundas modificaciones realizadas. En general, coinciden en que la reforma nos ha legado una modernización de los derechos y de la estructura política del país, situación que no ha sido aceptada totalmente por los operadores políticos, lo que nos impide gozar aún de sus beneficios.
Un interesante artículo publicado en el diario francés Le Monde y reproducido por LA NACION la semana pasada reflexiona sobre las causas de la pronunciada decadencia argentina desde mitad del siglo XX y destaca el carácter ilusorio de los discursos de las elites políticas basados en mitos y en la negación de la realidad. Con el respeto que nos merecen todas las opiniones, creemos que muchas dejan al descubierto su íntima relación con el mito.
La reforma de 1994 se edificó sobre una indudable legitimidad política. Pero se pretende echar un manto de olvido sobre sus vicios políticos y jurídicos que condujeron a modificaciones orgánicas cuyo resultado frustrante bien podía preverse como el final de un fracaso anunciado. Nuestra intención no es reiterar un debate ya dado política y jurídicamente, sino insistir en la búsqueda de mecanismos que mejoren la calidad de las prácticas democráticas del país, tan enfocadas en la concentración del poder como alejadas de la tolerancia consensual.
Así como el capítulo de "Nuevos derechos y garantías" y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional constituyen un logro que nos posiciona entre los países mas garantistas de América, las modificaciones a la estructura de la división del poder, con el objetivo declamado de atenuar el sistema presidencialista, recuperar el rol del Poder Legislativo y afianzar la independencia judicial dan razón a José Manuel Estrada cuando advertía en la UBA sobre los riesgos de las reformas constitucionales que alteran la praxis política de la nación. Muchos planteamos que el encandilamiento de los arquitectos de la reforma con la democracia social europea implicaría una mixtura de culturas constitucionales cuyas consecuencias no encontrarían correlato con las banderas declamadas.
El tercer senador y su elección directa diluirían el federalismo, al igual que la supresión del Colegio Electoral, que centraría el sistema político en los tres o cuatro distritos más poblados del país; el jefe de Gabinete de ministros, la delegación legislativa, la reglamentación de los DNU y la promulgación parcial de las leyes serían un búmeran para las intenciones de atenuar el férreo presidencialismo criollo.
Hoy pretende enmascararse las consecuencias de estos errores con justificaciones ancladas en la sociología política, cuando sería sano reconocer que muchas frustraciones no sólo obedecen a nuestra cultura constitucional débil, sino también a una sociedad que no ha resuelto aún el modelo democrático al que aspira. La democracia con más o menos límites, más o menos constitucional, moldeada normativa y fácticamente por un gobierno fuertemente presidencial que se combina con un sistema político de partido hegemónico y de tendencia al movimiento, caracteriza períodos importantes de la historia de América latina.
Esta gran concentración de poder, tarde o temprano, resquebraja los principios de la democracia constitucional para proyectarse sobre un modelo de democracia populista que desvirtúa la separación del poder y transforma la clásica trilogía en un esquema dual: poder político frente a poder jurisdiccional. De allí la ambición de disciplinar a la Justicia. La reforma contuvo también un vicio que aprisionó la libertad de voto de las minorías políticas: se obligó a los convencionales a votar por sí o por no todos los intereses de los pactistas sin posibilidad de elección, lo que dejó en evidencia los perfiles autoritarios de las mayorías.
A 20 años de la reforma, la República transita por caminos de inestabilidad institucional. Las causas son muchas, pero más allá de los aciertos o los errores de la reforma, aún podemos realizar mejores desarrollos normativos e interpretativos para amortiguar las deficiencias constitucionales y prácticas que han sido señaladas. Sólo si entendemos la Constitución como símbolo de unidad nacional, podremos construir una democracia cualitativa y no meramente cuantitativa.
Romero Feris fue senador nacional y convencional constituyente en 1994; Amaya es doctor en derecho constitucional
Jorge Alejandro Amaya y José A. Romero Feris
