Malvinas: el conflicto que obliga a las empresas a revisar sus negocios y sus socios
Los procedimientos iniciados contra compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas trasladan la disputa por los recursos de las islas al sector privado. El caso expone un riesgo que alcanza a accionistas, proveedores y contratistas, y plantea una discusión relevante para las cadenas de valor de Vaca Muerta, la minería y otros negocios estratégicos
La cuestión Malvinas dejó de ser un asunto reservado a la política exterior y la defensa. Las decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales también pueden generar consecuencias para empresas, inversores, accionistas, proveedores y contratistas.
El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra personas y compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y sus espacios marítimos circundantes. El alcance informado incluye a empresas que participarán directamente de esas actividades, a sus accionistas y a compañías que les prestan servicios. Esto amplía el alcance de la situación y puede involucrar a actores que no participan directamente de la explotación.
En septiembre se anunciaron 15 nuevos procedimientos, que se sumaron a los 45 comunicados días antes. En total, son 60 personas y entidades alcanzadas por las actuaciones informadas oficialmente. Se trata de investigaciones en curso, no de sanciones firmes para todos los involucrados. Ver Comunicados oficiales N.° 158 y 161.
La medida se apoya en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental. La norma contempla multas, inhabilitaciones, suspensión de actividades y consecuencias específicas para las personas jurídicas.
El dato más relevante para las empresas es el alcance de la investigación: la exposición puede extenderse más allá de quien opera directamente un proyecto.
El riesgo también circula por la cadena
Una empresa puede quedar vinculada con una operación a través de sus accionistas, proveedores, contratistas, financiadores o socios comerciales. Esa posibilidad obliga a revisar cómo se analiza una relación de negocios.
Durante mucho tiempo, la debida diligencia se concentró en verificar la existencia legal de un proveedor, pedir cierta documentación y revisar antecedentes básicos. Situaciones como la de Malvinas, junto con la evolución de las regulaciones internacionales y de los estándares de gestión, muestran que las empresas deben prestar cada vez más atención a su cadena de valor.
La debida diligencia permite conocer a los socios de negocio, anticipar riesgos y mejorar la calidad de las decisiones empresariales. También ayuda a fortalecer los ecosistemas de los que depende una operación.
Las empresas necesitan conocer quiénes son los beneficiarios finales de sus contrapartes, qué sociedades integran sus grupos económicos, en qué proyectos participan, qué actividades desarrollan sus propios proveedores, qué riesgos presentan y qué medidas aplican para mitigarlos.
También deben contar con mecanismos para detectar cambios. Una relación comercial que parecía adecuada al momento de la contratación puede quedar expuesta por una sanción, una investigación, una modificación normativa o un cambio en la estructura societaria de un tercero.
La conexión con Vaca Muerta y la minería
El caso Malvinas no significa que los proveedores de Vaca Muerta o de la minería queden automáticamente alcanzados por las mismas medidas. La relación es más concreta: muestra cómo un riesgo originado en una operación puede extenderse a través de su estructura societaria y su cadena de servicios.
Vaca Muerta, la minería, la energía y la infraestructura reúnen proyectos de gran escala, múltiples contratistas y relaciones comerciales que atraviesan distintas jurisdicciones. En ese contexto, una empresa operadora depende de una red de proveedores técnicos, logísticos, financieros, ambientales, tecnológicos y profesionales.
Cada uno de esos actores puede incorporar riesgos al proyecto.
Una situación legal irregular, un incumplimiento ambiental, una denuncia laboral, una estructura societaria opaca o una relación con una entidad sancionada puede afectar la continuidad de un contrato, una auditoría, una decisión de financiamiento o la reputación de toda la cadena.
Por eso, los grandes operadores buscan proveedores que puedan demostrar algo más que capacidad técnica. Necesitan conocer su estructura, su situación patrimonial, sus antecedentes, sus controles internos y la forma en que gestionan a sus propios subcontratistas.
La debida diligencia de cadena de valor también empieza a ser una condición para las empresas medianas y pequeñas que buscan ingresar a estos mercados.
Una condición para hacer negocios
Muchas empresas quieren convertirse en proveedoras de grandes compañías energéticas, mineras, industriales y de infraestructura. Para lograrlo, la capacidad técnica es indispensable, pero también cuenta la posibilidad de demostrar cómo funciona la empresa y qué riesgos tiene bajo control.
Los procesos de evaluación y aprobación de proveedores pueden incluir información societaria, financiera, laboral, ambiental y de integridad. En el sector minero, incluso existen registros y programas específicos orientados al desarrollo de proveedores y a la conducta empresarial responsable. La propia Cancillería reconoce la debida diligencia como una herramienta para fortalecer las cadenas de suministro, gestionar la incertidumbre y generar valor sostenible. Guía oficial sobre la debida diligencia.
Para una empresa proveedora, prepararse para ese proceso puede definir su acceso a una oportunidad comercial. La pregunta ya no es solamente si puede prestar un servicio. También importa si puede acreditar quiénes son sus socios, cómo gestiona a sus terceros, qué controles aplica y cómo responde frente a un incumplimiento.
Cumplir y poder demostrar
En un contexto de mayor control regulatorio, una empresa debe poder explicar cómo evaluó sus relaciones comerciales. Los directorios y las áreas ejecutivas deberían conocer las respuestas a preguntas básicas:
¿Quiénes son los beneficiarios finales? ¿Se revisaron los vínculos directos e indirectos? ¿Se analizaron los antecedentes de los proveedores críticos? ¿Existen cláusulas para actuar ante un incumplimiento? ¿Hay un responsable de monitorear cambios? ¿La empresa puede demostrar qué información tuvo en cuenta antes de tomar una decisión?
La trazabilidad importa porque permite distinguir entre una organización que afirma gestionar sus riesgos y otra que puede acreditar cómo lo hizo. Esto requiere coordinación entre las áreas de compras, legales, compliance, finanzas, sostenibilidad y negocio. También exige actualizar la información durante la relación, especialmente en proyectos de alta exposición.
No todas las relaciones comerciales requieren el mismo nivel de análisis. El criterio debe ser proporcional al riesgo. Una empresa que contrata un servicio menor no enfrenta la misma exposición que una compañía que participa en un proyecto energético, accede a beneficios fiscales o integra una cadena de suministro estratégica.
Una responsabilidad compartida
La gestión de riesgos en la cadena de valor no corresponde únicamente a las grandes compañías. También involucra a las empresas proveedoras. Los operadores deben definir expectativas claras y controles proporcionales. Los proveedores deben prepararse para responder con información confiable y demostrar que conocen sus propias relaciones comerciales.
La debida diligencia no debería aparecer después de una crisis, una investigación o una auditoría de un cliente. Tiene que formar parte de la estrategia de las empresas que buscan integrarse a negocios de energía, minería e infraestructura.
La cuestión Malvinas muestra que una decisión vinculada con recursos naturales puede tener consecuencias para una red amplia de actores. Esa realidad ofrece una enseñanza aplicable a cualquier sector estratégico: una empresa debe conocer no solo el contrato que firma, sino también el contexto, la estructura y los riesgos que acompañan a la relación.
Para quienes buscan participar en los grandes negocios de energía, minería e infraestructura, la debida diligencia de cadena de valor será cada vez más parte de la competitividad.
Conocer a los socios, proveedores y contratistas permite anticipar problemas, proteger la continuidad del negocio y construir confianza. En mercados de alta exigencia, esa capacidad puede definir quién logra ingresar a una cadena y quién queda afuera.
Paula Cortijo, abogada especializada en compliance, ética corporativa y gestión de riesgos en cadenas de valor. Founder y CEO, Transparencia Latam.
