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Más allá de los pañuelos, hablemos del proyecto de ley
El presidente uruguayo Tabaré Vázquez afirmaba en su veto a la ley de aborto del año 2008 que "el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo trata a los más necesitados. Por eso debe proteger a los más débiles". En estas márgenes del Plata, Verdes y Celestes dicen defender a los más débiles.
Los defensores de la legalización afirman hacerlo en nombre de las mujeres pobres que no pueden pagarse un aborto seguro y -bastante huérfanos de cifras verídicas- afirman que mueren a montones. Por eso impulsan una ley con la que van a poder abortar todas sin ningún problema. Por otro lado, los que se oponen al proyecto propugnan salvar las dos vidas porque consideran -lo ha dicho la Academia Nacional de Medicina- que desde la concepción hay una vida humana indefensa que el Estado debe defender. Y sostienen, además, que son los pobres los que menos interés tienen en abortar ya que sus necesidades urgentes son muy otras: comida, salud, no morir de enfermedades evitables.
Un debate encarnizado. Sin embargo, ya parece ser tarde para cierto tipo de argumentos. Ahora hay que argumentar acerca del texto del proyecto de ley que logró media sanción en diputados, en una sesión maratónica con unas serie sospechosa (por ser generosos) de cambios de postura de última hora de ciertos legisladores. Ese es el proyecto que se debate en el Senado y que será o no ley. Este proyecto, ¿de verdad protege a los más débiles?
Este proyecto establece -desde su fundamentación- como derecho humano la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce inclusive. Según una prestigiosa jueza mendocina el proyecto privilegia el derecho de la mujer a decidir por encima del feto por nacer. Habla, esta magistrada, de una proporcionalidad de derechos. Es decir que el feto, que ya es un ser humano en desarrollo, no tiene derecho absoluto a que se le proteja el derecho humano fundamental: el derecho a la vida. Afirma esta jueza que hay así una proporcionalidad con el derecho de la mujer a decidir. No sabemos con qué matemáticas se determina esa "proporcionalidad" y por qué repentinamente, según este proyecto, a la semana catorce y un día el embrión es un ser humano respetable, pero antes no. ¿Hay algún proceso mágico que desconocemos que lo transforma en un ser humano con derechos de los que un día atrás carecía? Da la impresión de ser una convención bastante arbitraria. Se parece mucho a una creencia.
Ahora bien, continuando con el texto de la ley, parece que los derechos de la vida humana por nacer no son tan firmes ni siquiera después de la semana catorce, porque en el artículo 7º se establece que "fuera del plazo dispuesto (las 14 semanas) se garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo... si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de la salud interviniente". Así como se lee. ¿Cuánto tiempo después de la semana catorce es posible entonces? ¿Con solo una declaración jurada se podría abortar, por ejemplo, a un feto en la semana treinta de desarrollo? En ningún artículo dice cuándo ya no se puede. Esto da a entender bastante a las claras que el derecho a abortar -según este proyecto de ley- es bastante irrestricto en la práctica. Ni siquiera debe mediar denuncia penal, solo declaración jurada ante el/la profesional de la salud interviniente. Entonces, ¿cuáles son los derechos del niño por nacer? No parece haber ninguna proporcionalidad. Es bastante claro, en este proyecto que ya tiene media sanción, que la balanza de derechos está bastante inclinada en favor de quien quiera abortar y muy en perjuicio del más débil: esa vida humana por nacer.
Si tomamos como principio rector que "el grado de civilización de una nación se mide por cómo trata a los más débiles de la sociedad", lo que se puede apreciar es que la ley planea tratarlos bastante mal. Y eso nos definirá como nación. Lamentablemente.
SJ, sacerdote, miembro del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)
