¿Mejorará la seguridad con el traspaso del control policial?

En materia de inseguridad, 2012 promete ser un año complicado. A pesar de la falta de estadísticas confiables, en las últimas semanas surgieron una serie de indicadores –como el número de policías asesinados, los casos de violencia de género, los delitos contra menores y ancianos, los robos seguidos de muerte– que marcan el nivel de agresividad de los delincuentes. Otro indicador es el avance del narcotráfico.

En ese contexto se inscriben tres procesos estructurales que afectan el servicio de seguridad ciudadana. El primero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la creciente transferencia de responsabilidades en materia de seguridad de la Nación a la Ciudad: el cuidado de hospitales, subtes, escuelas y autopistas sin la transferencia del personal ni de los recursos para que la Ciudad afronte el desafío.

En la provincia, la creación de policías locales develó un dilema de carácter organizacional que se avecina y que oculta la pelea de fondo, conceptual, sobre el modelo de seguridad entre Garré y Scioli. El planteo de la municipalización de las tareas primarias de prevención policial puede ser un avance si se implementa correctamente. Aunque queda distorsionado por una disputa político-ideológica.

El tercer problema estructural es que, en la medida en que se envían gendarmes y prefectos a las grandes urbes, en especial a Buenos Aires, se desafecta personal de las fronteras, haciendo más permeable al país al avance del crimen organizado. Antiguas postergaciones, como la falta de radarización y nuevas tecnologías de detección y prevención, agravan el problema, por más que se perciban algunas lentas mejoras en la materia. Más allá de otros factores, como el socioeconómico, que inciden en el delito, es clave una mayor coordinación si queremos evitar que el Estado se vea desbordado por la delincuencia común y organizada.

El autor es experto en seguridad; fue jefe de la Policía Metropolitana hasta diciembre último