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Mentir y llorar: la democracia según Bussi
EL general Bussi mintió. Y no lo hizo ocasionalmente, sobre un tema secundario. Lo hizo cuando era diputado en su declaración jurada de bienes ante el Congreso. Cuando los diputados juran, sus bienes establecen un punto de partida patrimonial que será fundamental para que el pueblo pueda saber después si le fueron fieles o si abusaron de su confianza para enriquecerse ilícitamente. Si ese punto de partida es falso, cualquier ejercicio de control que se intente de ahí en adelante quedará burlado.
Cuando cualquier ciudadano declara ante la DGI, también lo hace bajo juramento. Si omite o distorsiona datos a sabiendas, se convierte en evasor. En tal caso, el contribuyente defrauda al Estado mediante el perjurio.
Pero en el caso de la declaración jurada mentirosa de algún diputado, la falta es todavía más grave porque quien la comete ya no es un simple contribuyente sino un representante del pueblo. La víctima del engaño ya no es el Estado, un ente abstracto que no eligió de antemano al ciudadano evasor, sino los votantes de carne y hueso que lo habían consagrado. El autor del engaño ya no es un ciudadano común, sino un ciudadano ungido, al que las urnas exaltaron. Al mentir en su declaración jurada, un diputado comete evasión agravada : el delito de Bussi.
Al reconocer que tuvo una cuenta en Suiza por varios años, el gobernador tucumano pretendió excusarse diciendo que la omitió "involuntariamente" en su declaración jurada. La excusa es frágil por dos razones. Primero, porque empezó por negar la existencia de la cuenta. Esto significa que su voluntad originaria era negarla, lo cual refuerza la sospecha de que su omisión no fue involuntaria. Segundo, porque su tardío reconocimiento de la cuenta vino a consecuencia de que otros la denunciaban. Cuando alguien reconoce algo que hasta ese momento negaba porque otros están a punto de probárselo, su buena fe queda impugnada.
La función del llanto
Al confesarle al pueblo su omisión, Bussi lloró. Fueran las suyas lágrimas de cocodrilo o, como es posible, auténticas, cumplían una sutil función. Bussi fue elegido gobernador por el pueblo tucumano. El llanto apelaba a esa relación especial que se había establecido entre el pueblo tucumano y su gobernador. Bussi era un padre que lloraba su falta ante los hijos consternados. Lo que pedía era la renovación de esa relación privilegiada que supo establecer con la mayoría de los tucumanos. Lo que demandaba era un nuevo voto de confianza.
Al mismo tiempo, Bussi acusó a la oposición, y en especial a la izquierda, de aprovechar el entuerto para derrocarlo. De no actuar por indignación moral sino por pasión ideológica o partidista.
Hay algo de cierto en esta acusación. La victoria electoral de líderes vinculados con la represión de los años setenta, como Bussi en Tucumán o Patti y Rico en la provincia de Buenos Aires, ha sido muy difícil de asimilar para los políticos más o menos identificados con la lucha por los derechos humanos. Según la visión de estos dirigentes, los vencedores deberían estar presos; probablemente lo estarían si no los hubieran beneficiado las leyes de Alfonsín y los decretos de Menem.
¿Torna esta circunstancia ilegítima la elección de Bussi en Tucumán? No, ciertamente. Bussi ganó con buenas artes, desde la oposición, la gobernación que ahora retiene en medio de crecientes dificultades. Cuando la oposición objeta la victoria electoral de personas cuestionables por su pasado, ¿no corre el riesgo de desconocer la soberanía popular?
Hay aquí cierto paternalismo en juego. Si el pueblo vota por quienes impugnamos, ¿se equivocó el pueblo? ¿Pero quién se cree que es el impugnante para sustituir al pueblo? ¿Existe en la democracia alguna otra instancia política superior a la voluntad de los votantes?
Esta línea de pensamiento sobre el error presunto del pueblo se acerca demasiado al espíritu proscriptivo de los años cincuenta. ¿Había sido Perón un dictador entre 1946 y 1955? Hay razones 0de peso para afirmarlo. Ello, ¿lo inhabilitaba para presentarse otra vez como candidato a partir de 1955? Así lo pensaba el antiperonismo, que proscribió sistemáticamente a Perón por dieciocho años.
Pero el espíritu proscriptivo que se intenta en nombre de la democracia, en el fondo la vulnera. Mientras la administraron los autoproclamados democráticos de 1955, la Argentina de 1955-1973 no fue democrática. Al excluirlo del juego electoral, la pretendida democracia de sus adversarios le negaba a Perón la posibilidad de rectificarse. Sin embargo, esto fue lo que hizo el viejo caudillo cuando regresó finalmente al país como un "león herbívoro". El dictador había aprendido. Su respeto a la oposición desde su victoria electoral, en septiembre de 1973 hasta su muerte, en julio de 1974, debería figurar como un ejemplo insigne en los manuales del comportamiento democrático.
Es injusto por consiguiente suponer de antemano que Bussi, Patti o Rico son irrecuperables para la democracia. Nadie es irrecuperable. La sospecha de que el adversario es irrecuperable pobló la ESMA y profanó el Río de la Plata con víctimas torturadas y asesinadas. Pero la democracia es lo contrario de la teoría de la irrecuperabilidad: un generoso movimiento recuperatorio de anteriores conductas desviadas.
El pueblo y la ley
Una vez elegido, el gobernante debe ajustarse a la ley. Si no lo hace, de nada vale que alegue haber sido elegido por el pueblo. Clinton ganó por amplio margen su reelección en 1996. Si se le prueba haber mentido y haber incitado a mentir a la Justicia en el caso de Monica Lewinsky, de nada le servirá su victoria.
Si el título anterior de la votación popular no vuelve a un presidente invulnerable frente a la ley, tampoco servirá que las encuestas lo favorezcan en el momento en que es juzgado. Lo que importa en el caso de Clinton no es que su popularidad suba pese a Monica. Lo que importa es lo que digan finalmente sus jueces naturales.
Puede ser que el llanto de Bussi le haya servido para reanudar su vínculo emocional con el pueblo tucumano. Pero aun en el caso de que las encuestas así lo consignaran, deberá pagar la gravísima culpa de haber mentido bajo juramento. Lo que debe comprender la izquierda es que, si Bussi llega a ser destituido por la Legislatura tucumana mediante un debido proceso, no lo será por lo que hizo en los años setenta sino por lo que hizo en los años noventa contra la democracia de la que ahora forma parte.
Siendo el pueblo la instancia política suprema de la democracia, no es la única por una sencilla razón: porque eso que llamamos "pueblo" no es, en los hechos, sino una mayoría dentro del pueblo. Si el pueblo fuera unánime en una decisión cualquiera, ¿quién podría impugnarlo? Desde el momento en que el pueblo vota fraccionado, lo que hacen las leyes es proteger a las minorías. Esto es lo que funda la supremacía institucional de la ley sobre la supremacía política de la mayoría del pueblo en las democracias constitucionales.
Si mañana todos los argentinos, menos uno, resolvieran asesinar al argentino restante, su decisión sería institucionalmente repudiable. Si la mayoría del pueblo quisiera operar al margen de la ley, cometería un delito lo mismo que un individuo o una banda.
Aun popular, Bussi deberá responder por su mentira ante las instituciones. Una vez que purgue su condena, sin embargo, ni los años setenta ni los años noventa bastarían para proscribirlo. La mayoría de los tucumanos podría elegirlo nuevamente, si así lo quisiera.
