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Milei, el fondo y las formas
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LA NACIONFernando Laborda
Javier Milei parece convencido de que si fue capaz de doblegar en las urnas a todos sus adversarios sin un gran aparato político detrás, con más razón podrá imponer una batería de reformas con las que no solo aspira a transformar de raíz la economía argentina y un Estado macrocefálico y corrupto, sino también a cambiar la forma de vida de los argentinos. Nunca un gobierno nacional de origen democrático con tan escaso poder parlamentario como el actual se atrevió a tanto. Igualmente difícil es encontrar en nuestra historia a un presidente que se animara a vilipendiar a legisladores cuyo voto requerirá para sancionar las normas que impulsa. Acusarlos de “coimeros”, horas antes de que su proyecto de ley ómnibus aterrizara en el Congreso, por resistirse a aprobar a libro cerrado sus iniciativas sonó por lo menos imprudente. Especialmente cuando Milei es esclavo del tiempo, por cuanto debe aprovechar todo su capital político presente en el breve período de gracia del que es beneficiario todo primer mandatario recién llegado al poder. No se trata, como en otras épocas políticas, de pasar el invierno. Esta vez la cuestión es avanzar antes de que se pase el verano. Frente a la temible probabilidad de que el próximo trimestre arroje índices inflacionarios casi tan elevados como el cercano al 30% con que cerraría diciembre, marzo puede ser muy tarde para Milei. La luna de miel podría haber terminado para entonces.
A poco de haber iniciado su mandato presidencial a fines de 2015, Mauricio Macri sorprendió a todos al recurrir a un decreto para designar en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia. Llovieron críticas desde todos los costados a esa decisión. Sin embargo, Macri negoció con la oposición, dio marcha atrás con el decreto y consiguió la designación definitiva de ambos juristas por el Senado. Hubo quienes imaginaron que Milei podría haber procedido de igual modo tras el anuncio de su megadecreto desregulador, tildado de inconstitucional tanto por opositores como por renombrados expertos en derecho. Altos dirigentes de la Unión Cívica Radical –fuerza política llamada a convertirse en árbitro en eventuales disputas parlamentarias– le tendieron al Presidente una mano, al admitir que no estaban en desacuerdo con muchas de las iniciativas planteadas en el ya famoso DNU 70/2023 y sugerir el envío de un proyecto de ley espejo que pudiera ser tratado capítulo por capítulo en el Congreso. Pero, al menos por ahora, Milei rechazó ese convite y optó por denigrar públicamente a la oposición, apelando a un planteo binario y al enojo de la ciudadanía con la “casta”.
La política debe ser diálogo antes que exacerbación de tensiones
¿Puede ser conveniente para un gobierno con tantas limitaciones en el Congreso apuntar a seguir desprestigiando a una dirigencia con la que seguramente tendrá que negociar? Ciertas actitudes de Milei hacia representantes de una oposición que no ha descartado la opción del diálogo podrían ser equiparables a algunas posiciones de Cristina Kirchner, para quien solo había súbditos o enemigos. ¿Puede eso terminar bien? Tal vez Milei debería recordar que ya no es un panelista de Intratables, sino el primer mandatario de la República; que un presidente no opina, sino que declara, y que la palabra presidencial, por su propio peso, no puede ser entendida como una herramienta de canje que se va adaptando a las circunstancias.
La apuesta de los operadores políticos de Milei para la aprobación de la ley ómnibus se basa en el supuesto de que los legisladores del radicalismo y del flamante bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera el diputado Miguel Ángel Pichetto, evitarán quedar mimetizados con el kirchnerismo, al tiempo que los gobernadores provinciales finalmente ayudarán a sancionar las leyes a cambio de la recuperación de los fondos coparticipables que las provincias habían perdido con la exención del impuesto a las ganancias sobre los salarios.
El anuncio de un paro general para el 24 de enero por la CGT quizá sea una buena noticia para la estrategia de Milei. La razón es que los dirigentes que conducen la central sindical están desde hace mucho tiempo deslegitimados ante la opinión pública. La medida de fuerza –la más rápida anunciada contra un gobierno que acaba de asumir en toda la era democrática– también surge deslegitimada tras un período de cuatro años de llamativa pasividad del sindicalismo pese a que el poder adquisitivo de los trabajadores se hizo trizas y una inflación acumulada del 930% hasta noviembre último llevó a la pobreza a casi la mitad de los argentinos.
La más reciente encuesta online de Synopsis, concluida el 13 de diciembre entre 1259 casos en el ámbito nacional, indica que una mayoría superior al 53% considera que la oposición peronista no se limitará a criticar al Gobierno y a realizar marchas y protestas sobre decisiones que no comparta, sino que buscará obstaculizar las decisiones que tome el oficialismo. Cuatro de cada diez encuestados creen, además, que la mayoría de los dirigentes peronistas estimularán el caos social para que Milei renuncie.
Lo cierto es que los actores que podrían frenar el DNU 70/2023 no están dispuestos a poner la cara, al menos por ahora, en medio del período de luna de miel del que goza el Presidente. Ni la oposición no kirchnerista quiere tratarlo en lo inmediato ni la Corte Suprema ha habilitado la feria judicial para el análisis del recurso planteado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con el propósito de abortar la aplicación del megadecreto.
Pero tampoco hay mayores chances de que la ley ómnibus pueda ser aprobada por el Congreso antes del 25 de enero, como desea el Gobierno. Al margen de tratarse de un mamotreto de 664 artículos y de que ni siquiera están aún conformadas las comisiones legislativas que deberían considerarlo, la oposición dialoguista apostaría a dilatar su tratamiento hasta marzo. De esa manera, evitaría enfrentarse con Milei en su período de apogeo en la opinión pública y, según presumen sus referentes, el escenario político sería muy diferente dentro de tres meses: estiman que el jefe del Estado podría estar menos fortalecido y con menos probabilidades de llevarse por delante al Congreso.
Hoy existe un importante acompañamiento de la sociedad a los objetivos que se ha trazado el Presidente. El citado sondeo de Synopsis señala que el 56,2% de la población consultada está a favor de recortar gastos administrativos y empleo público, mientras que el 50,1% está de acuerdo con la idea de no financiar más el déficit de empresas como Aerolíneas Argentinas, AySA o Ferrocarriles Argentinos, mientras que solo el 41% se manifiesta en desacuerdo. En cambio, la propuesta de paralizar toda la obra pública recoge un 48,4% de rechazos, contra un 42,5% de apoyos. Algo similar sucede con la reducción de subsidios y el aumento de tarifas de servicios públicos: el 53,3% los cuestiona y solo el 36% se pronuncia a favor.
La franca minoría parlamentaria del oficialismo plantea tres escenarios posibles:
* Que Milei enfrente serias complicaciones para construir una coalición parlamentaria que le permita llevar adelante sus reformas, lo cual derivaría en tensiones y conflictos de poderes, capaces de desencadenar una crisis a la peruana.
* Que el oficialismo consiga construir una coalición parlamentaria pero inestable, hecho que lo conduzca a recurrir ocasionalmente a maniobras como consultas populares no vinculantes, presiones sobre la Justicia y decretos viciados de inconstitucionalidad, con el riesgo latente de que el Gobierno asuma características autocráticas.
* Que el Presidente modere sus reformas y pueda armar una alianza en el Congreso, semejante a la de Georgia Meloni en Italia, que le permita avanzar algo más lentamente de lo que pretendería Milei.
Recientemente, el Presidente afirmó: “El problema no son las formas. Es el fondo. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor”. Sin embargo, las formas republicanas no son retóricas, sino que hacen a la esencia del sistema. Y así como la forma es la transparencia del fondo, la palabra excluyente o la mera descalificación del adversario por no compartir una idea contradicen los principios del propio liberalismo que se dice defender.
El Presidente podrá tener la última palabra, pero especialmente cuando se es minoría en el Poder Legislativo esta debe estar precedida por un intercambio donde se escuche al disidente, que no necesariamente es un opositor intransigente. La política debe ser diálogo antes que exacerbación de tensiones. Cuando el diálogo no existe o cuando su eje vertebrador son la autosuficiencia y la superioridad de nuestro punto de vista, el prójimo está condenado a desaparecer o a convertirse en subordinado. Gobernar es persuadir antes que confrontar e imponer.
Tipo de trabajo:
opinión
