Reforma laboral: Milei quería retocar la ley al promulgarla
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PARA LA NACIONPablo Mendelevich
De la tendencia del argentino medio hacia la ilegalidad trata Un país al margen de la ley, libro publicado en 1992 que a esta altura se destaca entre los clásicos de las ciencias políticas. Carlos Nino, quizás el filósofo del derecho que mejor describió la relación traumática de los argentinos con las normas, observó que lo más notable no es tanto la anomia en sí sino, paradójicamente, su normalización.
Pues bien, la reforma laboral viene de producir un episodio acabado de ese mecanismo colectivo inconsciente, el de la normalización de la anomia. Convendría dejarlo a mano por si alguna vez el país se decide a ir al psicoanalista.
El episodio consistió en la propuesta de invertir el sentido de lo que votó el Senado, pero no ahora cuando el proyecto todavía se encuentra en proceso de confección parlamentaria, sino mediante la reglamentación, una vez que la ley haya quedado promulgada. ¿A nadie le pareció que un pacto político en esa dirección equivaldría a consagrarle al Congreso un papel decorativo -por cierto bastante oneroso- ya que significaría legitimar una supuesta potestad del Poder Ejecutivo de revisar las leyes recién aprobadas y rediseñarlas a su antojo? Una cosa es que según la Constitución el Ejecutivo pueda vetar una ley (veto a su vez sujeto luego a ratificación parlamentaria) y otra, concluir que tiene derecho a reescribirla y convertirla en lo que le apetezca.
“Hagamos esto -fue el mensaje implícito que dio la Casa Rosada en las conversaciones interpartidarias que hubo durante el fin de semana largo-, saquen ustedes la ley así nomás que nosotros después la damos vuelta al reglamentarla”. Se sabía que las reglamentaciones dejaban margen para la picardía, pero esto sin duda va un paso más allá, sobre todo por lo desinhibido. Y también por el detalle de que el exceso de potestad reglamentaria generalmente se origina en la intención de planchar o neutralizar derechos legislados por los contrarios, no por los propios. O bien, como en el caso de la ley de Acceso a la Información, reglamentada por el decreto 780/2024, para volver ociosa una ley anterior sin tener que pagar el costo político de mandar otra al Congreso. Ese decreto redefinió la información pública, le otorgó discrecionalidad al funcionario e introdujo sanciones o límites para pedidos que el Estado considere hechos de “mala fe”, cuando la ley pretendía que no haya que explicar el motivo de la consulta.
Ahora, con la reforma laboral todavía en el horno, surgió la idea de acelerar el proceso. “La recauchutamos con el reglamento y así nos ahorramos la paquidérmica burocracia parlamentaria”, parecen decir sin sonrojarse.
En un país imaginario con instituciones republicanas fuertes, los opositores dialoguistas sondeados (incluso algunos oficialistas) habrían rechazado la idea por principios, escandalizados y ofendidos. Pero en la Argentina la rechazaron por otro motivo: dijeron que no confiaban en el gobierno, que otras veces el gobierno ya les había fallado, que no tenían garantías de que haría lo que decía que iba a hacer con la reglamentación. ¿Y si metía mano también en otros temas? Por eso, sólo por eso la idea de dar vuelta la ley al reglamentarla quedó descartada. Habría sucedido así el lunes.
Lo que quería el gobierno era evitar que el proyecto aprobado la semana pasada por el Senado anduviera yendo y viniendo de una cámara a la otra cuando lo que se calculó es que debería atravesar sólo dos votaciones, una por cámara y listo. Ahora esta pieza central, que tan fatigosas negociaciones insumió con gobernadores, senadores, sindicalistas, empresarios, que tantas tensiones y ansiedades produjo, se expone a una remake de la rosca política, temen algunos libertarios, porque la vulnerabilidad oficial envalentona a quienes se esperanzan con borrarle al original mucho más que un capítulo.
El tema se originó, como se sabe, en el error que dice haber cometido el oficialismo con el artículo 44. Sorprendente mea culpa, ya que los gobiernos rara vez dicen que se equivocaron, mucho menos el mileísta, día por medio autopercibido el mejor gobierno de la historia.
Pero todavía no queda muy claro en qué habría consistido la equivocación. “Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades”, declaró la senadora Patricia Bullrich por televisión. La nueva redacción habría omitido involuntariamente según este enfoque una distinción entre enfermedades leves y graves a los efectos de establecer la reducción del salario del trabajador que las contrajera. Otras interpretaciones, sin embargo, sostienen que no se trató de un error técnico sino político, ya que el artículo en cuestión fue agregado a último momento con el propósito de imponer una reducción salarial novedosa en casos de enfermedades o accidentes ocasionados fuera del ámbito del trabajo. El gobierno reculó, de acuerdo con esta visión, cuando advirtió que la norma había caído pésimo entre cientos de miles de personas, incluida buena parte de sus votantes. En las sobremesas, es verdad, no se hablaba de otra cosa. Y además este fue el empujón que le faltaba a la CGT, tibia inicialmente por las diferencias internas y por olfatear poco ánimo huelguístico en la calle, para disponer un paro general.
La reculada oficial consistió en evaluar tres caminos: sacar una ley reparatoria de un único artículo; dar vuelta en la reglamentación lo que la ley diría sobre “los accidentes y enfermedades inculpables”, que es como se denomina el capítulo VII, sección I del proyecto; o hacer lo que la Constitución manda, esto es dejar que las dos cámaras terminen sin parches ni intromisiones la faena legislativa.
Una ley reparatoria habría sido algo bastante absurdo, porque no se trata esta vez de arreglar una ley mal hecha sino de corregir un proyecto que está en pleno tratamiento legislativo. Aunque si es por papelones nada tan poco señorial como lo de los constituyentes de 1994 cuando se les perdió un artículo de la Constitución que acababan de elaborar. Hubo que hacer una ley para reponerlo.
Ahora la cuestión es por un lado el frenetismo con el que se legisla esta reforma laboral, la mayor en medio siglo, con el 1° de marzo como deadline, y por el otro, el hecho de que la supuesta equivocación oficial involucra algo tan delicado para la gente como es la palabra cáncer, una de las más pesadas en nuestro vocabulario.
El partido que llegó al poder motosierra en mano tiene experiencia en planteos impiadosos. Hasta ahora el más punzante fue el de los recortes en discapacidad, encima enredado con fuertes denuncias de corrupción dentro del área, sospechas latentes, despidos de funcionarios y causas judiciales. Milei parece tener propensión a escalar con mayor entusiasmo las hostilidades cuanto más sensible es el tema. La diferencia con los casos anteriores es que a este lo quiso arreglar de entrada y no salió a insultar a sus críticos sino que aceptó decir que había habido un error del oficialismo. En el contexto de los últimos 26 meses, gran paso adelante. Se verá en los próximos diez días qué tan cara salió la equivocación.
Si el kit de reparaciones de Milei se valió de la anomia normalizada, la decisión adoptada ayer de suprimir de cuajo el artículo más cuestionado del proyecto expone a un Milei negociador pocas veces visto, en consonancia con la resistencia frontal que le plantearon propios y aliados.
