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Mujeres de negro
En las últimas semanas, en varias oportunidades tuve que explicar por qué apoyo la ley de paridad de género. Me tocó hacerlo ante varios hombres pero también ante mujeres, en su mayoría mujeres grandes, si bien en todos los casos el argumento era el mismo: es antidemocrático, no debería haber cupo, tienen que estar los mejores y eso no debe decidirse por una ley. Sí, amigos, todos sabemos y nos decimos siempre en voz alta que tienen que estar los mejores, pero como nada indica que eso vaya a darse como fenómeno natural luego de tantos siglos de vida humana en la tierra, entonces lo mejor es garantizar apropiadamente la equidad, hasta que todos –TODOS- seamos conscientes de eso y hasta que sea obvio que los que tienen que llegar a los mejores lugares sean los más idóneos. Para entonces las mujeres no tendrán que limosnear una banca, ni un cargo en una empresa o en una cátedra ni en la modesta mesa de una conferencia. Para entonces, ninguna figura pública se animará a decir las animaladas que le pueden llegar a costar la (aún inverosímil) carrera política al candidato republicano Donald Trump y seguramente tampoco habrá que paralizar un país para pedir que dejen de matar a las mujeres.
Para garantizar los derechos, en muchos casos las mujeres aún necesitan imponerlos por ley o hacerlos visibles por la fuerza de tomar la calle, como sucedió el 3 de junio de 2015 en Argentina con Ni una menos o como ocurrió la semana pasada en Polonia, cuando después de una petición que logró juntar 450 mil firmas, cientos de miles de mujeres llamaron a la huelga, se vistieron de negro y en una impresionante demostración de poder colectivo –la mayor luego de las célebres marchas de Solidaridad que marcaron el comienzo del fin para el comunismo- marcharon para impedir el tratamiento de una ley que busca penalizar el aborto en todas sus formas y que sólo lo declara legal en caso de amenaza de vida para la madre. Al día de hoy, en Polonia el aborto está permitido solo en casos de violación o incesto o de riesgo de vida “severo e irreversible” del feto o de la madre, aunque en los hechos son muchos los médicos que se niegan a realizar la práctica argumentando objeción de conciencia.
Las polacas soportaron durante largo rato la lluvia y llevaron sus consignas por todas las ciudades de un país habitado por una abrumadora mayoría de católicos practicantes (un 87% de la población se declara católico) y que hoy está políticamente conducido por un gobierno ultraconservador, cuyas acciones discriminatorias y xenófobas inquietan a la Unión Europea. Las fotos de la gran marcha del “lunes negro” –que se publicaron en medios de todo el mundo- mostraban a mujeres de todas las edades, mujeres jóvenes y fértiles en edad de decidir la maternidad y también a mujeres a las que ya se les pasó ese tiempo. Había, también, nenas, muchas nenas, y varios hombres que acompañaron la marcha y sus consignas. La ley finalmente no se trató, la primera ministra Beata Szydlo tomó distancia de la iniciativa a la que había apoyado en un comienzo y el viceprimer ministro Jaroslaw Gowin consideró que la protesta le había dado al gobierno “alimento para pensar”. “Nos enseñó humildad”, dijo también Gowin, antes de asegurar que el proyecto de ley (que busca castigar con cinco años de prisión a las mujeres que se hayan practicado un aborto) no iba a considerarse en el Sejm, el Parlamento polaco.
En Polonia no solo la legislación en la materia es restrictiva con respecto al resto de Europa sino que no hay políticas públicas de prevención del embarazo: el único recurso de contracepción sin prescripción médica es el preservativo. Las estadísticas más confiables aseguran que en Polonia se practican entre 10 mil y 15 mil abortos clandestinos al año en comparación con las entre 1.000 y 2.000 intervenciones legales. Las mujeres que pueden costearlo, viajan a cualquier otra nación europea (excepto Malta y El Vaticano) para acceder al procedimiento. Hace pocos meses, la prestigiosa revista científica The Lancet publicó una investigación de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher, especializado en salud reproductiva, que asegura que en el mundo uno de cada cuatro embarazos es interrumpido. Esa cifra cambia en América Latina, en donde uno de cada tres embarazos se interrumpe voluntariamente por diferentes motivos, muchos de ellos económicos. El estudio confirma que las leyes más punitivas no solo no evitan estas intervenciones sino que, por el contrario, alientan las prácticas clandestinas e inseguras para la vida de millones de mujeres en el mundo.
No es cuestión de voluntad religiosa ni de voluntad política: queda claro que invisibilizar un tema no significa que ese tema deje de existir. Asistimos a un tiempo histórico en el que ya no hay manera de ocultar nada.
