Necesitamos construir una democracia ambiental
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Para LA NACION
Este año la Argentina cumple cuarenta años de democracia ininterrumpida. Es un logro sin precedentes en la historia del país. Es un terreno ganado, que no podemos ceder. Sin embargo, la consolidación democrática no es suficiente para garantizar una vida digna para toda la población. Para lograrlo, es necesario abordar problemas como la pobreza, la desigualdad y la precariedad laboral, situación en la que se encuentra gran parte la población del país. Implica, además, garantizar los derechos consagrados en la Constitución Nacional entre los que se encuentra gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
Sin embargo, la agenda ambiental se encuentra muy lejos en la lista de prioridades y la Argentina padece desde hace décadas problemáticas que le son propias y que nunca han sido abordadas de manera sistemática. Nos referimos muy especialmente a la contaminación de aguas, la ausencia de sistemas de saneamiento, la muy mala gestión de los residuos, por mencionar solo algunos de una extensa lista.
Asimismo, ya estamos viendo los impactos de la crisis climática como inundaciones, sequías extremas e incendios que afectan sobre todo a poblaciones vulnerables y generan un significativo costo económico. A estos, se suman los problemas de contaminación generados por actividades extractivas e industriales, de gestión de residuos, y de pérdida de biodiversidad, en un contexto en dónde la Argentina debe enfrentar otros desafíos como altas tasas de pobreza y desigualdad, y la elevada y recurrente deuda externa.
Argentina no es un país de gran relevancia en términos de emisiones de gases que producen efecto invernadero, con poco menos del 1%. No obstante, nadie puede hacerse el distraído a la hora de realizar esfuerzos tendientes a minimizar las emisiones de CO2 y otros gases que producen efecto invernadero. Argentina tiene mucho para hacer en ese terreno, teniendo en cuenta sus emisiones per cápita resultan superiores al promedio de los países del G20 y que más del 50% de las mismas provienen del uso de combustibles fósiles, mientras que el 40% es atribuible al sector agropecuario, principalmente por el impacto que produce el cambio de uso del suelo.
En este contexto es necesario construir procesos de transición socioecológica que nos permitan construir de manera gradual, pero sostenida un camino hacia una economía baja en carbono, con plena inclusión social. A contramano de ello, la necesidad de sumar divisas para hacer frente al pago de la deuda externa ha producido un enorme incentivo para que las actividades extractivas de hidrocarburos, minería y agroindustria aceleren su crecimiento, lo que genera impactos ambientales significativos, imposibilitando de esta forma revertir el patrón de inserción internacional del país, y de espaldas a la conflictividad socioambiental emergente.
En materia energética, se continúa apostando por los combustibles fósiles, buscando intensificar la producción de gas, que se presenta como el combustible de transición por su menor impacto en la emisión de CO2, en contradicción con las recomendaciones científicas.
De igual forma, también se ha habilitado la prospección de hidrocarburos en la plataforma del Mar Argentino, abriendo paso a una actividad que no cuenta con antecedentes en nuestro país y que supone la apertura de una nueva frontera para la explotación de petróleo, en un contexto en donde este tipo de combustibles tiene los días contados.
Tal como lo advierte la Cepal, todo ello se da en un contexto en donde la mayor parte de los países de América Latina han disminuido de manera significativa los recursos destinados a la protección y al desarrollo de políticas ambientales.
En este complejo escenario necesitamos nuevas ideas y perspectivas para pensar horizontes de desarrollo que estén a la altura de los desafíos. Repitiendo las mismas recetas difícilmente lleguemos a resultados distintos vinculados al bienestar de la sociedad.
Si no ponemos en primer plano las discusiones sobre la transición socioecológica integral cada año que pasa, es un año en el que perdemos la oportunidad de abordar de manera efectiva los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos.
No es un trabajo sencillo, lo sabemos, pero para llegar a soluciones distintas, debemos hacer algunos cambios: imaginar distinto, conversar distinto, decidir distinto y sobre todo con el máximo nivel de participación, consulta e involucramiento de la sociedad y sobre todo de aquellas personas y grupos de personas en situación de vulnerabilidad que son como hemos dicho quien más directamente sufren las consecuencias de las crisis climática y ecológica.
Por ello, resulta central que en un año electoral la agenda socioambiental invada las discusiones y compromisos políticos. Sin embargo, la protección de la naturaleza no se debate ni llega a las urnas. Un nuevo turno electoral en el aniversario número 40 de democracia, es una oportunidad para reforzar las bases de la democracia y seguir ampliando sus límites.
Director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
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