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Necesitamos una justicia confiable para poder prosperar
Hoy existe un consenso transversal a toda la clase dirigente y el arco político que hace unos años no había: para poder alcanzar el desarrollo necesitamos desafiar el statu quo. No es posible ser un país más próspero si seguimos haciendo lo mismo de siempre.
Pero no sirve cualquier cambio. Es necesario que sean cambios sustentados en coaliciones y procesos de diálogo lo suficientemente amplios para garantizar su perdurabilidad ante alternancias de gobierno. También es necesario que esos cambios se den en el marco de contextos institucionales que brinden las garantías necesarias para que las inversiones que tanto necesita nuestro país sean viables.
Un suceso de esta última semana echa luz sobre este punto: la decisión de avanzar con la planta de licuefacción de gas natural licuado en el puerto Punta Colorada -en la localidad rionegrina de Sierra Grande-, en lugar de hacerlo en Bahía Blanca. Se argumentó mucho sobre la rápida adhesión de Río Negro al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).
Uno de los puntos nodales del RIGI es la cesión de la soberanía jurídica: permite a los inversores extranjeros llevar disputas a tribunales de arbitraje internacional, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La adhesión de Río Negro al RIGI implica que el permiso se active en esa jurisdicción, lo cual indica también la percepción que se tiene sobre el funcionamiento de la justicia argentina.
Poder contar con un sistema judicial legítimo es un factor clave para los inversores extranjeros al momento de decidir dónde colocar sus capitales.
El Poder Judicial debe generar confianza y este es un requisito indispensable para que las personas recurran a los tribunales y para que, una vez pronunciada la sentencia, acepten esa decisión, como suele señalar Martín Bohmer, investigador principal de Cippec. ¿Cómo se construye esa confianza? Según especifica el Código Iberoamericano de Ética Judicial, “el juez no solo debe preocuparse por ‘ser’, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ‘parecer’, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial”. Esto aplica para todas las autoridades judiciales, pero lo hace de sobremanera para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tenemos una oportunidad única en Argentina para poder dotar de mayor legitimidad a la Corte Suprema -y, consecuentemente, a todo el Poder Judicial-: hay dos vacantes disponibles. Resulta central que quienes ocupen esas vacantes sean profesionales que contribuyan con sus atributos personales a la caracterización de la Corte como un órgano eficaz y confiable. Deberían ser personas con ética profesional intachable. También es una oportunidad para mejorar la diversidad de miradas representadas en la Corte: resulta sorprendente, en 2024, tener que seguir reclamando que es indispensable que haya mujeres en su conformación.
En momentos de tanto dinamismo e innovación es necesario tener muy presente que sólo es posible alcanzar un desarrollo auténtico y sostenido en el marco de instituciones democráticas. Porque el desarrollo escindido de los valores y de la legitimidad de las instituciones democráticas no es perdurable: nos lleva, una vez más, al péndulo. Por supuesto que esto requiere más esfuerzo y tiempo y, simultáneamente, demanda que esas prácticas democráticas tengan resultados concretos, que generen mejoras tangibles en la calidad de vida de las personas. Es posible dar una señal en esa dirección con la designación de las vacantes en la Corte Suprema: aprovechémosla para encontrar a las personas idóneas para conformar un órgano diverso que contribuya a la legitimidad y al funcionamiento de nuestra democracia.
Directora ejecutiva de Cippec
