Nivelar hacia arriba: la oportunidad de jerarquizar la carrera docente

Nuestro sistema escolar es federal desde los años 90. Aunque el Congreso de la Nación fija las reglas generales, las provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen la responsabilidad plena sobre el sistema escolar en su territorio. Por lo tanto, administran los recursos del sistema, comenzando por definir la carrera de los docentes y directivos de las escuelas públicas. Esa responsabilidad organizativa compartida es la razón por la cual las condiciones para iniciarse laboralmente como maestro o profesor presentan cierta heterogeneidad entre jurisdicciones y, a veces, hasta diferencias entre las capitales y el resto del territorio.

El modelo argentino vigente, tanto para el ingreso como para la promoción en el escalafón, se basa en una evaluación administrativa que revisa cuestiones como edad, domicilio y puntaje de cursos. Es un sistema muy cuestionado y que poco ayuda a evaluar si quienes ingresan y hacen carrera son realmente los más capacitados para dictar clases.

En América Latina, Colombia y México comenzaron a definir trayectorias docentes con convocatorias nacionales centralizadas y evaluaciones rigurosas y estandarizadas para el ingreso de los nuevos educadores. Por su parte, Perú y Chile han promovido exámenes a quienes ya están dando clase para validar su real rendimiento frente a los alumnos. Un caso sumamente destacable es el de Ecuador durante la gestión de la ministra Gloria Vidal, quien lideró la implementación de evaluaciones periódicas obligatorias para los docentes en ejercicio. Esta política de Estado orientada a la idoneidad técnica se tradujo posteriormente en mejoras importantes en las pruebas de medición de la calidad como las ERCE de la Unesco y, posteriormente, para el ingreso a PISA-D (PISA para el Desarrollo) en 2017 y su posterior ingreso al ciclo principal de las pruebas PISA globales.

La Argentina puede promover un cambio de 180 grados en la educación si pensamos en nivelar hacia arriba. La propuesta es jerarquizar el rol docente con un examen estricto que permita contar con los mejores educadores -en línea con los casos de éxito identificados en la región-, pero también pagarles mejor para que la profesión vuelva a ser atractiva y desafiante. Por supuesto, si bien entendemos que este es el inicio del cambio, este impulso debe ser acompañado de manera simultánea por una transformación de los entornos donde se enseña y aprende, previendo la modernización de la infraestructura escolar (incluyendo la actualización tecnológica) y un sólido acompañamiento psicopedagógico para los estudiantes.

En lo que respecta a una remuneración más atractiva y acorde al nuevo compromiso que esta propuesta demanda, se plantea que los que ingresen al nuevo modelo docente en escuelas públicas para todo el país pasen a cobrar un 25% más por el mismo cargo y la misma cantidad de horas. Pero para que puedan acceder a ese plus, deberán aprobar evaluaciones que acrediten que realmente saben ser docentes y están capacitados para estar a cargo de un aula. Con acuerdos sostenidos, en poco más de una década el cambio podría alcanzar a tres de cada cuatro docentes. Esto supone una profunda transformación del modelo actual, que iría en línea con el mundo y, principalmente, con países de nuestra región.

Para evitar criterios subjetivos y garantizar que las reglas sean iguales para todos en un entorno federal, se postula un examen nacional unificado con pautas claras y objetivas. Este instrumento medirá los conocimientos teóricos de la materia, la capacidad de comprensión y el razonamiento. Sobre la base de este estándar único y obligatorio, cada jurisdicción instrumentará la incorporación formal de los educadores, unificando la exigencia en todo el país. Además, estos resultados servirán para mejorar las instituciones donde se forman los futuros maestros y profesores. En paralelo a esta renovación, resulta indispensable diseñar un sistema de auditoría y monitoreo que permita medir el impacto de la reforma a lo largo del tiempo. Si bien estos conceptos suelen generar cierta resistencia en los entornos escolares, su implementación es indispensable: solo a través de indicadores transparentes se podrá verificar si la rigurosidad de las evaluaciones y los nuevos incentivos económicos se traducen, efectivamente, en mejores aprendizajes para los alumnos dentro del aula.

Más allá de la incorporación de nuevos profesionales, el verdadero motor de este cambio no reside en la transformación física o el reemplazo del plantel de educadores, sino en la renovación profunda de sus capacidades efectivas. Por eso, la propuesta debe incluir tanto a quienes empiezan a enseñar como a quienes ya están en las aulas. Los nuevos docentes deberían aprobar las evaluaciones para ingresar. Los que ya trabajan podrían sumarse de manera voluntaria, después de capacitarse y aprobar los cursos respectivos.

¿Cuánto tiempo llevaría? Si bien la reforma regula de forma directa la estructura salarial y el estatuto del sector estatal, el ejercicio toma como referencia macroeconómica al conjunto del sistema (que abarca tanto la gestión estatal como la privada), dado que las exigencias de titulación, la formación continua y las dinámicas del mercado laboral docente integran a ambos sectores. El relevamiento oficial preliminar de 2025 registra cerca de 1,15 millones de personas con funciones docentes en instituciones estatales y privadas, sin contar las universidades. A partir de los grupos de edad publicados y como estimación propia, se calcula una edad promedio cercana a los 43 años.

Para pensar los plazos, hagamos un ejercicio. Si consideramos la edad jubilatoria que rige a nivel nacional, fijada en 57 años para las mujeres y 60 años para los varones, y suponemos que el total de cargos se mantuviera constante y cada vacante fuera cubierta por alguien que aprobó las evaluaciones, en unos doce años se habría reemplazado aproximadamente a la mitad del plantel actual. Si solo esperáramos ese reemplazo, llegar a todos podría llevar unos 35 años. Pero podemos avanzar más rápido. Supongamos que la mitad de los docentes actuales decide capacitarse y aprueba, y que esto ocurre de manera similar en todas las edades. Al cabo de doce años, cerca de la mitad del plantel sería de nuevos ingresantes evaluados y, entre quienes siguieran del plantel actual, la mitad también se habría sumado. Así, en poco más de una década, lograríamos que tres de cada cuatro docentes pertenezcan al nuevo sistema.

Estos plazos son orientativos y dependen de los supuestos del ejercicio. Para que la propuesta funcione, la capacitación debe ser accesible y servir para el trabajo en el aula. Los docentes necesitan tiempo para prepararse y oportunidades de volver a rendir. Asimismo, el aumento del 25% debe representar una mejora real del salario: la inflación no debería quitarle valor. En el caso de los docentes en ejercicio que acepten pasar voluntariamente al nuevo régimen, la evaluación incorporará de forma transparente un análisis de las inasistencias y licencias registradas. Además, el nuevo esquema contemplará una evaluación periódica a realizarse cada 4 o 6 años para garantizar de forma continua la vigencia del estándar de calidad.

¿Cuánto costaría? Implementar este incremento salarial para los docentes que se vayan sumando no implica desestabilizar el presupuesto general. A modo de ejemplo ilustrativo, el financiamiento total de este plus requeriría una inversión equivalente a apenas medio punto del Producto Bruto Interno (PBI). De este modo, tomando como referencia el gasto consolidado de 2024, la inversión educativa global del país pasaría de un 4,3% a un 4,8% del PBI, demostrando que el esfuerzo macroeconómico es perfectamente viable.

Esta es una cuenta preliminar que hay que revisar en detalle. Todavía habría que precisar el alcance exacto en las plantas estatales, el impacto indirecto mediante las transferencias de subsidios a los cargos del sector privado programático, cuáles son las contribuciones a cargo del empleador y sumar el costo operativo de la capacitación y las evaluaciones. No representa una proyección presupuestaria rígida a doce años, sino una demostración de que el proyecto es factible si existe un compromiso de la sociedad y del sistema educativo.

El debate en el Congreso en torno al proyecto de la Ley de Libertad Educativa -que propone examinar periódicamente a los docentes en ejercicio para cambiar el modelo de las capacitaciones de dudoso valor pedagógico- demuestra que el diagnóstico político está madurando. Las provincias ya están reaccionando ante la urgencia: iniciativas locales como el plan “Ser Docente” en la ciudad de Buenos Aires, que introdujo evaluaciones diagnósticas obligatorias para los ingresantes a los profesorados, marcan el quiebre definitivo con la inercia del ingreso irrestricto y ciego.

¡Podemos empezar ahora! La Nación, las provincias, las instituciones formadoras y los propios educadores deben construir un acuerdo que se mantenga en el tiempo.

Queremos mejorar el aprendizaje de los alumnos y ofrecer a quienes enseñan una carrera con oportunidades y mejores salarios. Para pedir una mejor preparación, también debemos dar los medios para alcanzarla.