Nuevas regulaciones sobre terrorismo y lavado o la utopía del status quo

El criterio que gobierna irracionalmente al sistema anti-lavado y contra-financiación del terrorismo de la Argentina es la ineficacia. Por eso, a priori, no debería llamar atención que el Senado de la Nación convierta en ley el proyecto de reformas impulsado por la Administración Fernández, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados: se trata de otro artificio normativo para superar la próxima evaluación internacional que el país debe enfrentar ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que no conmoverá un ápice la maquinaria burocrática que estableció un extendido control sobre los usuarios del sistema financiero formal, sin obtener ningún resultado ostensible en aquello que pomposamente se denomina el “combate” contra la gran criminalidad financiera, en particular la que se encuentra asociada instrumentalmente a los negocios ilícitos más rentables, como el tráfico de drogas y el contrabando de bienes.

La nueva norma que, por distracción o ignorancia, impulsan ahora los legisladores oficialistas y apoyan las fuerzas políticas mayoritarias, incluida su mentora, la corriente del kirchnerismo tardío, vuelve a otorgar más facultades regulatorias a la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo cuya pretenciosa fama la alcanzó en sus momentos de mayor politización facciosa, con el uso arbitrario de querellas en causas penales contra los adversarios de turno. Ahora, la ley recarga las tintas sobre las entidades de la economía virtual, las organizaciones sin fines de lucro, los llamados “beneficiarios finales” de las operaciones financieras y los abogados. Gracias a esto, este dispositivo estatal obtendrá más información sensible de los nuevos sujetos obligados, sin que ello implique modificar un fenómeno crítico:, tal como está estructurada organizacionalmente esta unidad, puede servir para muchas cosas, como profundizar el conocimiento de los clientes que realizan operaciones normales y legítimas, pero no para luchar efectivamente contra lavadores y financistas ilegítimos.

La realidad tiene cara de hereje, aunque cueste admitirlo en un ámbito subyugado por el normativismo de los estándares y las buenas prácticas globalistas: en estos 23 años de membresía en GAFI, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la UIF, ha acumulado un stock de cerca de 480.000 reportes de operaciones sospechosas, además de una incalculable masa de big data que los “sujetos obligados” (actualmente, cerca de 80.000 personas y entidades) le remiten sistemáticamente sobre los intercambios comerciales realizados por los clientes que operan dentro del sistema formal, pero es incapaz de producir información financiera de calidad para que la justicia investigue y condene a los autores responsables y decomise los bienes ilícitos. Dicho sea de paso, los 5.500 Informes de inteligencia que este organismo diseminó en estos últimos ocho años carecen de una base normativa sustentable. Ello explica, en parte que, en este casi cuarto de siglo, las condenas por lavado apenas superen el centenar, las investigaciones por financiamiento del terrorismo se cuenten con la mano y, lo que es peor, el menoscabo a la economía de las grandes organizaciones delictivas sea prácticamente marginal. La nueva ley solo permitirá mantener este status quo regulatorio elefantiásico que resulta incapaz de proteger a los argentinos de la amenaza creciente de criminales organizados y terroristas.

Con relación a este último aspecto, el nuevo texto legal profundiza la consigna del progresismo garantista, hegemónico en este último tiempo, de degradar la categoría legal terrorismo a una mera intención que puede manifestarse en el autor de cualquier delito, por insignificante que éste sea. La consecuencia bizarra es que hoy -y a diferencia de lo que sucede en todos los ordenamientos comparados de referencia como Alemania, Italia, España, Francia-, nuestro Código Penal no cuenta con un apartado especial que defina a través de tipos penales precisos qué actos terroristas constituyen hechos punibles. Este retorcimiento jurídico, propio de quienes pregonaban que así se evitaba “criminalizar a la protesta social”, lo que consigue en verdad es disolver la posibilidad de reprimir a los actores terroristas y erosionar la cooperación internacional con los países que sí persiguen este tipo de delitos graves.

Esta nueva retroalimentación legal a un sistema fallido que van a consagrar los senadores sintonizaba bien con el gobierno anterior, férreo defensor del inmovilismo, pero contrasta de plano con las revolucionarias premisas que el presidente Javier Milei estableció para su gobierno: liberar a la gente de la pesada e inútil carga que impone el Estado en aquellas áreas -como la seguridad- dominadas por la casta parasitaria. Siguiendo la lógica interna de esta consigna política y considerando seriamente las consecuencias que podrían derivarse de la posición asumida por el Jefe de Estado en su revelador viaje a Israel, cuando declaró la enemistad al extremismo violento representado por Hamas -denominado el “nazismo del Siglo XXI”, la deducción obligada es que la Argentina necesita con urgencia contar con herramientas institucionales de otra envergadura para estar a la altura de estos desafíos.

Bajo el significativo estímulo de dejar atrás un largo periodo de decadencia institucional y moral, un programa legal en esta materia debería producir cambios estructurales tales como dotar al Estado de una verdadera plataforma de inteligencia financiera -articulada con el sistema de inteligencia nacional-, identificar y designar con determinación los actores que amenazan la seguridad nacional para aplicarles duras medidas preventivas, reforzar con real poder represivo a los fiscales y jueces para contrarrestar la acción de terroristas y bandas criminales y, algo no menor, asegurar que el nuevo funcionariado de la administración pública esté forjado por el profesionalismo, la experiencia y la templanza que esta intensa misión conlleva. Sin esta determinación, seguiremos recreando utopías para que nada cambie, dejando a los ciudadanos aún más expuestos a sufrir el escarnio del abuso y la violencia.