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Nunca más, el silencio; nunca más, la impunidad
Es positivo que la dirigencia empresarial admita el daño autogeneradopor permanecer callada frente a la corrupción y los abusos de poder
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LA NACION
Las múltiples derivaciones de la causa de los cuadernos de las coimas les están demostrando con crudeza a algunos empresarios argentinos el enorme costo de su largo silencio frente a la corrupción pública.
Se lo pudo apreciar claramente con diversos datos estadísticos exhibidos en el Coloquio de IDEA, que concluyó horas atrás en Mar del Plata. Al desfile por momentos incesante de ejecutivos y dueños de empresas por los tribunales de Comodoro Py; al festival de supuestos arrepentidos que, como señaló Andrés Malamud, lejos de ver la luz, corrieron a declarar para no quedar presos, y al listado de directivos de compañías que debieron dar un paso al costado frente a las revelaciones sobre sobornos, se sumaron en ese encuentro datos de encuestas que habrán causado escalofríos en no pocos asistentes al foro empresarial.
Apenas un 19% de la población del área metropolitana dice hallar hoy valores positivos en el empresariado, de acuerdo con un trabajo de la consultora CIO. Y nada menos que el 63% opina que el caso Odebrecht constituye la forma tradicional de actuar de las empresas argentinas.
La dimensión de la gravedad del problema de la corrupción pública en la Argentina también pueden darla las desalentadoras cifras que anualmente publica la organización Transparencia Internacional. De acuerdo con su último ranking, en el que se mide la percepción de transparencia en el sector público, nuestro país solo recibe 39 puntos sobre 100. Como desde hace muchos años, sigue aplazada, más allá de haber mejorado algunos puntos respecto del año 2016, pero se encuentra bien por debajo de la media; incluso en América Latina, donde dos de nuestros vecinos, Uruguay y Chile, nos superan claramente, con 70 y con 67 puntos, respectivamente.
Es grave que el mundo vea a la Argentina como uno de los países que es símbolo de corrupción. Pero igualmente grave es que los propios argentinos tengamos la misma percepción y no hagamos nada para corregir el problema. Indigna que nada menos que el 47% de los 620 porteños que respondieron recientemente a una encuesta de la Universidad de Belgrano manifieste que para hacer política en la Argentina hay que aceptar actos de corrupción. Lamentablemente, la cuestión no es nueva: ya tres años atrás, un estudio de TNS Gallup y la Universidad de Palermo alertaba sobre que el 45% de los argentinos consideraba que la mejor forma de progresar era a través de la deshonestidad o de la herencia patrimonial.
Una sociedad tan descreída del valor del esfuerzo personal para alcanzar logros económicos y tan convencida de que la corrupción se ha adueñado de la mayor parte de su clase dirigente requiere ejemplos contundentes para recobrar la confianza. Y esos ejemplos no residirán en meros discursos, llenos de voluntarismo insustancial, sino en hechos concretos que den cuenta de que la impunidad que ha reinado durante demasiados años está llegando a su fin.
Lo peor que pueden hacer nuestras autoridades políticas, tras las resonantes revelaciones que vienen dejando la causa sobre los cuadernos de las coimas y otros expedientes judiciales, es sostener que el combate de la corrupción pública y privada y de las espurias relaciones entre el Estado y determinados grupos empresarios puede dañar la economía del país. Tratar de encapsular sus efectos sin ir a fondo en la lucha contra este cáncer que carcome a nuestro país sería un error fatal.
Se trata de un argumento funesto que solo puede resultar funcional a una casta de empresarios parasitarios -seudoempresarios, en rigor- acostumbrados a vivir de un Estado cooptado por funcionarios prebendarios. Lo verdaderamente dañino ha sido la actitud de jueces que, blindando a los corruptos con impunidad, lograron que aquel cáncer de la corrupción hiciera metástasis y se expandiera por todo el cuerpo del Estado.
Resulta alentador, por consiguiente, que quienes se dieron cita en el Coloquio de IDEA diesen un paso más hacia una tan necesaria autocrítica, que no solo condene delitos que ya son de público conocimiento, sino también un prolongado silencio, que contribuyó a que semejantes cosas sucedieran durante tanto tiempo como si nada.
Es bueno que un sector tan importante del país admita que, frente al intervencionismo estatal asfixiante, al capitalismo de amigos y a la corrupción que este encubría, no correspondía disfrazarse de cortesanos del poder para obtener ventajas en negocios con el Estado. Es bueno también que se reconozca el daño autogenerado por permanecer callados, víctimas de una supuesta conveniencia o de sus propios temores e inacción ante los abusos del poder.
Las consecuencias de esas temerarias actitudes están a la vista, y ya es tarde, porque no tienen retorno. Pero las enseñanzas de esta obra de terror que ha puesto contra las cuerdas e interpela a toda la dirigencia deben ser aprendidas y, al menos, dar lugar a políticas de Estado y a códigos de ética en las empresas privadas para que nunca más triunfen el silencio y la impunidad.
LA NACION
