Oportunidades perdidas

Finalmente, y dentro de los plazos previstos, la comisión especial investigadora de hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero de la Cámara de Diputados concluyó el análisis y la evaluación de los elementos que logró reunir. El balance final de la tarea realizada no resulta -por cierto- demasiado alentador. El solo hecho de que se hayan redactado cuatro informes, todos en minoría, en el seno de una comisión que estuvo integrada por diez miembros invita a pensar que no hubo un trabajo bien coordinado y que pueden haber gravitado intereses ajenos a la cuestión investigada.

En efecto, tanto el informe presentado por los diputados Carrió, Gutiérrez, Ocaña y Vitar como el de sus colegas Pernasetti y Stolbizer -como también los que suscribieron los legisladores Fernández de Kirchner, Soria y Caviglia por un lado y Scioli por el otro- arribaron a diferentes apreciaciones, a pesar de que examinaron las mismas cuestiones e investigaron un único delito. Se tiene la impresión de que en cada diputado influyó la óptica propia del partido al que pertenece.

Es oportuno recordar que la ONG Inside Co -organización consultada por la propia presidencia de la comisión investigadora- sostuvo que la falta de homogeneidad y consenso en la redacción de los informes tenía un efecto devastador sobre la credibilidad del trabajo efectuado.

Es de lamentar que se haya desaprovechado, así, la oportunidad de investigar, con idoneidad y profesionalidad y con las herramientas informáticas que la ocasión proporcionaba, los mecanismos y las circunstancias que posibilitaron el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas al circuito formal de la economía. Con cuatro informes diferentes, lo que se ha conseguido es sembrar mayor confusión entre la población acerca de un tema que requería respuestas concretas y objetivas y sobre el cual se habían generado grandes expectativas, que no fueron satisfechas.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de las facultades legislativas delegadas, ha dictado un decreto por el cual se reduce de once a cinco el número de miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que por disposición de la ley 25.246 tiene a su cargo tareas decisivas para la prevención y represión del lavado de activos provenientes de actos ilícitos. En su nueva integración, la UIF incluirá a un funcionario del Banco Central, a un representante de la Comisión Nacional de Valores, a un experto de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y a dos especialistas -financieros, penalistas o de otras profesiones- con incumbencias relativas a la problemática del lavado de dinero, seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes.

La reducción del número de miembros de la UIF constituye una decisión acertada en cuanto le otorga mayor dinamismo, pero no se comprende el criterio que ha tenido en cuenta el Poder Ejecutivo Nacional para la selección de los organismos públicos que estarán representados en el cuerpo.

Resulta paradójico que no se haya incluido a un funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cuyo ámbito deberá funcionar la UIF con autarquía funcional, según la ley. Más extraño aún resulta el hecho de que no esté representada la AFIP, teniendo en cuenta que la evasión fiscal es uno de los hechos ilícitos que tipifican el lavado de activos, y que tampoco se haya convocado al Ministerio de Economía, dado que la vida económica argentina tiene un elevado porcentaje de informalidad o de actividad "en negro".

Tanto en lo que concierne al desempeño de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados como en los criterios adoptados para la composición de la UI, se ha desaprovechado una excelente oportunidad para posicionar más favorablemente al Estado frente a las complejas metodologías de la delincuencia transnacional organizada y a su actividad más artera y peligrosa: el lavado de activos.