Otra vez la libertad de expresión en peligro

Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras: los astros y los hombres vuelven cíclicamente (Jorge Luis Borges, La noche cíclica). El kirchnerismo es el de siempre. Envalentonado porque volvió al poder con cierto disimulo detrás de un mascarón de proa, ahora, encubierto por la densa niebla de la pandemia, excusa perfecta para el reinado de la excepción, avanza contra sus enemigos históricos: la justicia independiente y el periodismo libre.

La libertad de expresión no es una libertad cualquiera. Se la ha caracterizado como una libertad estratégica, porque es esencial para la democracia. De ella depende la efectiva vigencia de muchas otras libertades. La existencia de opiniones diversas y de fuentes múltiples de información permite que los ciudadanos dispongamos de los mayores elementos de juicio a la hora de elegir a nuestros representantes y de participar de la vida cívica en sus otras vertientes. También es el modo más eficaz, junto a una justicia independiente e idónea, para controlar cualquier abuso de los gobernantes.

Es un derecho bastante reciente en la historia mundial. Hacia mediados del siglo XVIII en Inglaterra, según Blackstone, el gran comentarista del common law de esa época, consistía en la ausencia de censura previa. Esto por sí solo era un avance extraordinario, pero dejaba un ancho campo para lo que ahora llamamos, con el lenguaje del Pacto de San José de Costa Rica, las responsabilidades ulteriores, es decir, las consecuencias jurídicas tanto civiles como penales.

Conforme al artículo 43 de la Constitución, "no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística", protección que la ley 25.326 extiende a las bases de datos" del periodismo

En las últimas décadas, en las democracias más avanzadas, esas responsabilidades están muy acotadas. La regla es la libertad de expresión amplísima, con supuestos muy excepcionales de efectos jurídicos adversos. En el ámbito de la responsabilidad civil, en la Argentina la Corte Suprema ha elaborado dos estándares en esa dirección. Primero, la doctrina del reporte fiel o "Campillay", por el nombre del fallo que en 1986 determinó que un medio no es responsable si al publicar una información errónea que pueda agraviar a una persona lo hace en modo potencial, sin mencionar su identidad o - lo que es más importante y decisivo - reproduciendo en forma fiel la noticia aparecida en otra fuente verificable.

Más adelante, nuestro máximo tribunal hizo suya la doctrina sentada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el célebre caso "New York Times v. Sullivan", según la cual los medios solo son responsables en tales casos con relación a informaciones sobre funcionarios públicos y figuras públicas si estas demuestran que la publicación se realizó con "real malicia" (conocimiento de su falsedad) o un notorio desinterés en haber averiguado la verdad.

Por aplicación de estos estándares, en especial el segundo, hoy, en el ámbito de las informaciones de interés público, es muy difícil que un medio de prensa sufra consecuencias jurídicas por la publicación de informaciones. En algunas ocasiones, esto puede generar injusticias, pero como dijo la Corte norteamericana en ese?leading case, es el precio a pagar en una sociedad libre para que no impere la autocensura, que llevaría a un debilitamiento de la democracia.

Tampoco las críticas, por ardorosas y vehementes que sean, son susceptibles ahora de reproche jurídico. Solamente si la forma utilizada es injuriosa podría haber alguna responsabilidad, pero aún en ese terreno la interpretación debe ser muy restrictiva. Ni siquiera hay responsabilidad por la afirmación de mentiras.

Asimismo, conforme al artículo 43 de la Constitución Nacional, "no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística", protección que la ley 25.326 extiende a las bases de datos" del periodismo.

De ahí que la renovada persecución a periodistas que intenta el kirchnerismo a través, entre otros, de ese antiguo lacayo del poder que es Oscar Parrilli, debería estar destinada al fracaso si tan solo se aplicara el derecho vigente. Pero si el Poder Judicial va a estar colonizado, como quiere la reforma judicial oficialista, por jueces militantes de Justicia Legítima, nada se puede asegurar.

Es risueño que muchos dirigentes kirchneristas, que alabaron y siguen alabando al régimen chavista (el más reciente fue Alberto Fernández, cuando expresó su añoranza de Hugo Chávez), se sientan ofendidos frente a quienes advierten que se procura ir hacia Venezuela. Puede ser que no lleguen tan lejos y se detengan en Formosa.

Diputado nacional CABA (Pro-Cambiemos)