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Para hacer crecer el empleo
La gestión del matrimonio Kirchner deja al país con problemas de empleo. Las dos principales causas son una macroeconomía que limita el crecimiento de los puestos de trabajo y un marco institucional que desalienta a provincias y municipios a crear empleo privado.
Nuestra población activa es de unos 18,5 millones de personas (el 46% del total). El 7,2% son desocupados y otro 9,7% son subocupados. Esas categorías suman más de 3 millones de personas. Del total del empleo urbano, la tercera parte corresponde a puestos informales precarios y a personas que hacen "changas" sin capital propio. Los asalariados formales representan sólo el 52% de los puestos de trabajo y, de ese total, la tercera parte son empleados públicos. Es decir, los trabajadores formales privados son apenas un tercio de la fuerza de trabajo.
El crecimiento de los empleos públicos fue una política deliberada en la década Kirchner: aumentaron casi el doble que los privados y, a juzgar por los resultados en materia de educación, transporte, seguridad y otros servicios, no parece que el Estado haya mejorado en esa proporción. A partir de 2008, los puestos privados prácticamente dejaron de crecer y ahora tampoco crecen los públicos porque el Estado no tiene recursos.
El próximo gobierno deberá enfrentar la herencia de desequilibrios macroeconómicos con consecuencias similares a las de la crisis de 2001-2002, aunque de menor intensidad. Al principio, el empleo privado se va a resentir, para luego recuperarse, aunque también menos que tras los incidentes de hace una década.
Es una historia conocida que se debe a la reticencia de las gestiones económicas a implementar políticas anticíclicas en los momentos de auge. Pero el asunto no es sólo macroeconómico. Existen problemas institucionales que traban el desarrollo económico en los niveles subnacionales. Para que haya más y mejor empleo privado, tiene que haber más y mejores empresas en condiciones de competir en el mercado local e internacional con productos y servicios cada vez mejores y más intensivos en creatividad e inteligencia. Para eso hacen falta políticas públicas que no se limiten al equilibrio macroeconómico. Se necesitan organizaciones, instituciones y políticas que aporten inversión pública, educación de excelencia, servicios financieros y no financieros, estímulo al desarrollo emprendedor, ámbitos de discusión y apelación regulatoria que faciliten la innovación, gabinetes de inteligencia competitiva, mecanismos de cooperación entre el Estado, las universidades y las empresas y, más generalmente, la asociación del Estado con el sector privado para encarar los desafíos del mercado internacional. Se trata de crear ecosistemas amigables para las empresas argentinas. Eso se construye en el nivel local.
Nuestros gobernadores e intendentes, con honrosas excepciones, no realizan estas tareas. Los sistemas locales de innovación y desarrollo empresario, cuando existen -fruto del esfuerzo privado-, están desfondados de inversiones y de servicios públicos. Las autoridades locales no "pueden" asumir esas funciones porque para mantenerse en el poder necesitan otras capacidades: las que les aportan recursos para sostener sus estados, ganar votos con "políticas de empleo público" y realizar inversiones más o menos "ornamentales" para sus "inauguraciones mediáticas". Tienen tres fuentes de recursos: la coparticipación de impuestos nacionales, los impuestos locales y el lobby ante el gobierno central.
Si el nuevo gobierno decide asumir el desafío del desarrollo económico y la creación de más y mejor empleo, se deberán cambiar los incentivos de los gobiernos subnacionales. El nuevo gobierno deberá vincular los recursos de coparticipación a la masa salarial formal privada de cada provincia. De esa forma, el camino para alcanzar presupuestos mayores será el del desarrollo económico, con más trabajadores formales privados y mejores remuneraciones de esos trabajadores. A más y mejor empleo privado en cada provincia, más coparticipación de impuestos federales para esa provincia. Para aumentar sus recursos, los gobernadores deberán implementar políticas de desarrollo, evitar los excesos impositivos distorsivos y mejorar la calidad de la educación para asegurar mayores salarios. Deberán capitalizar los sistemas locales de innovación para, a su vez, capitalizar a los estados provinciales y crear más instrumentos para la financiación del desarrollo.
El principio es sencillo, pero la implantación política y técnica requiere elaboración y negociación con los gobernadores para asegurar la solidaridad hacia aquellas provincias pobres donde el principal empleador es el Estado. Son provincias que demandan tiempo y apoyo hasta que surja un sector privado competitivo. Alcanzados los acuerdos, las normas de la nueva coparticipación -vinculada a la masa salarial- deberán ser automáticas y formales, no sujetas a "negociaciones" clientelares.
El cambio de incentivos derramará hacia los municipios porque los gobernadores dependerán de ellos para la gestión de parte de las políticas de desarrollo y compartirán los recursos provinciales con una lógica parecida: a más y mejor empleo privado formal en cada municipio, más coparticipación provincial.
El cambio empodera a empresarios y a trabajadores y ayuda a la construcción de ciudadanía porque relaciona la representación del sistema político con la imposición local.
El próximo gobierno tiene una opción de hierro: mantener los mecanismos de una incierta fidelización de los gobiernos subnacionales y seguir produciendo empleo público y desocupación -más o menos disfrazada- o cambiar sus incentivos para que sirvan al crecimiento del empleo privado y la competitividad de la economía.
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