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Política de estado es otra cosa
Bajo los efectos de esa euforia propia de quien acaba de meter un gol de media cancha (el símil pertenece a Horacio Marín, presidente de YPF), muchos funcionarios del gobierno, algunos políticos opositores, varios periodistas y un sinnúmero de comentaristas de ocasión atribuyeron la sentencia neoyorquina del viernes pasado al acierto de haber tenido nuestro país una virtuosa continuidad de la defensa jurídica por parte de sucesivos gobiernos de distinto signo. Lo que hubo fue una “política de Estado”, dijeron los más exaltados al tratar de explicarle al público por qué se ganó el juicio de los 18 mil millones de dólares y quedó flotando en el aire. De repente la Argentina fue Noruega, Suiza, Finlandia y Dinamarca todo junto. O para no ir tan lejos, fue Uruguay.
Acá nomás, en Uruguay, la concordia política con efectos institucionales está naturalizada tanto como el termo bajo el brazo. En 2023 la conmemoración de los 50 años del retorno a la democracia juntó en la sede de gobierno montevideana al entonces presidente Luis Lacalle Pou con los expresidentes Julio María Sanguinetti, José Mujica y Luis Alberto Lacalle Herrera. Primero recordaron a José Batlle (de centroderecha) y Tabaré Vázquez (de izquierda), ambos fallecidos. Después dieron un mensaje conjunto, simple y sentido, en favor de la democracia.
La semana pasada, al recordarse los 50 años del golpe de 1976, ni el presidente actual de la Argentina ni ningún expresidente ni la mismísima derrocada participaron de acto alguno. Tal vez a Cristina Kirchner, durante la dictadura una militante inmobiliaria, le hubiera gustado ir a Plaza de Mayo, pero su condición de presa por haber administrado el Estado en forma fraudulenta no se lo habría permitido.
Mucho menos podría esperarse que se junten el presidente Milei y los seis ex presidentes vivos. Entre esos siete políticos los que no se detestan se llevan pésimo. Están vivos Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá y María Estela Martínez de Perón, que es la más longeva desde que en 1827 renunció Rivadavia.
Cristina Kirchner y Macri ni siquiera se encontraron ceremonialmente en 2015 para transferirse el mando (ella resolvió desairarlo), mal podrían hacerlo para cualquier otro propósito. En cuanto a los cinco expresidentes peronistas, todos del mismo partido, tampoco se hablan entre sí. No debe existir un caso similar en ningún otro país del mundo.
Rodríguez Saá piensa que Duhalde fue el cerebro de su caída, ocurrida tras menos de una semana de gobierno. Duhalde ha dicho que nadie le hizo un golpe a su antecesor sino que él se encerró en San Luis y mandó la renuncia por fax porque no sabía qué hacer con el país. Ha sugerido que lo que en verdad Rodríguez Saá tuvo fue un ataque de pánico.
Sobre Alberto Fernández, Cristina Kirchner afirmó hace un año y medio que los hematomas en el cuerpo de Fabiola Yañez mostraron “la golpiza recibida” y delataron “los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana” (en el mismo tuit ella aprovechó para informarles a los argentinos que Fernández “no fue un buen presidente”, sin especular, desde luego, sobre quién pudo haber sido la persona que lo puso de número uno como si se tratara de Winston Churchill). La opinión de Fernández sobre Fernández de Kirchner se mantuvo a través del tiempo invariablemente enfática. Algunas veces él la describió como una mujer excepcional e incuestionablemente honrada; otras, le atribuyó “psicología negadora”, comportamiento “patético” y llamó “acto de encubrimiento” al acuerdo con Irán. Dejaron de hablarse hace tiempo, más precisamente en los últimos dos años del gobierno compartido, época en la que a veces apelaron a intermediarios como Eduardo de Pedro para comunicarse. En diciembre de 2024 Fernández de Kirchner sucedió a Fernández en la presidencia del PJ nacional, pero ese magno acontecimiento tampoco justificó una interrupción de los largos años que llevan sin verse ni hablarse.
Macri y Milei se juntaron en muchas más oportunidades de las que en su momento lo hicieron Yrigoyen y Alvear, Cámpora y Perón o Menem y Alfonsín (el récord del diálogo persistente y a cualquier hora del día lo tiene en realidad Néstor Kirchner con su sucesora, quizás porque fue la única vez que un presidente saliente siguió durmiendo en el dormitorio principal de la residencia de Olivos). La relación Macri-Milei es un caso raro. Combina intensidad con intermitencia. Las milanesas que ambos compartían -luego se ve que se acabó el pan rallado- en vez de patrocinar acuerdos políticos aceleraron la fermentación de las tensiones. En un momento llegó a pensarse que era este un caso capaz de poner en duda las virtudes atribuidas al diálogo desde el Ágora. Cuanto Macri y Milei más hablan más se corroe a manos del oficialismo la integridad del Pro.
En síntesis, en el país de la grieta reciclada, de la polarización renovada, de la antinomia eterna, hubo tal vez una evolución: durante la primavera kirchnerista se invitaba a la plaza pública a escupir fotos de los rivales, ahora a los críticos sólo se los insulta. Sobresale por fin el diálogo institucional de dos líderes que dicen querer escucharse. Y resulta que en lugar de fortalecer eso el sistema de partidos, lo resquebraja más de lo que está.
Así las cosas, no debe asombrar que cuando el viernes entró por la ventana la noticia de que se había ganado en Estados Unidos en segunda instancia el juicio multimegamillonario contra “la República” los líderes de los últimos cuatro gobiernos argentinos salieron a atribuirse el mérito y a descalificar a los demás. Lo llamativo es que alguien haya creído que hubo una anormal continuidad estratégica en lo jurídico que respondió a una felicísima, salvadora política de estado. ¿Cuándo la diseñaron? ¿En las penumbras de qué subsuelo?
Una política de estado es un conjunto de acciones y lineamientos estratégicos para abordar asuntos de interés principal que trascienden los gobiernos de turno. Tiene como requisito un amplio consenso entre los actores políticos. Pero en la Argentina ese consenso interpartidario y de los sucesivos gobiernos no existe. Son acuerdos políticos lo que permite garantizar que determinadas políticas, obviamente de la mayor envergadura, no serán revertidos por los gobiernos venideros. ¿Pero cómo podría funcionar semejante nivel de consenso en un país donde los presidentes ni siquiera se dirigen la palabra, más bien se odian, cada uno jura tener la receta exclusiva para que el pueblo o la gente de bien alcance el Paraíso y viven culpándose recíprocamente por las desgracias heredadas y los legados arruinados?
La prueba más evidente de que acá no hubo una política de estado son las esmeradas descalificaciones que se dispensaron entre sí los presidentes que gobernaron desde 2007. Si hubiera habido una concertación política capaz de atravesar indemne la alternancia de gobiernos antagónicos no habría tenido cabida como desenlace la reivindicación individual del mérito.
Cada cual, además, enarboló en tono de barricada su propia interpretación de la sentencia (sobre todo en lo referido a si la justicia norteamericana bendijo o no la expropiación), la aplaudió con su propia partitura, mezclando muchas veces retórica política efectista con laberintos jurídicos y lenguaje abogadil.
Como se empezó a recordar ahora que bajó la espuma, el tema YPF no arrancó con el juicio que se acaba de ganar. Ni siquiera comenzó con la expropiación del 51 por ciento de la empresa. Si se deja de lado el absurdo histórico de que el peronismo fue en 1992 un fervoroso privatizador y en 2012 un fervoroso estatizador (hasta se repitieron algunos protagonistas de ambas cruzadas, como Oscar Parrilli, José Luis Gioja y Arturo Puricelli), la gran cuestión viene del momento en que Néstor Kirchner impulsó a la familia Eskenazi, dueña del Banco de Santa Cruz, a comprar el 25 por ciento de las acciones de la empresa casi sin poner un peso, una operación cuanto menos estrafalaria denunciada hace muchos años por Lilita Carrió y que desde hace rato duerme en un estante del juzgado de Ariel Lijo.
Dicen los especialistas que la defensa argentina sostuvo algunos pilares inamovibles ante la Justicia de Estados Unidos, tales como la supremacía de la Constitución y de la ley argentina de expropiación sobre el estatuto de la empresa o la incompetencia del tribunal neoyorquino. Pero también señalan que el foco ideológico puesto durante la gestión del procurador kirchnerista Carlos Zannini en los fondos buitres no fue lo mismo que el planteo técnico comercial de Bernardo Saravia Frías o de Sebastián Amerio. “El devenir del expediente fue trágico” entre 2015 y 2023, afirmó por su lado María Ibarzábal, la secretaria legal y técnica de Milei, a quien casi todos reconocen como una de las grandes artífices del alivio nacional que en cierto modo cayó por sorpresa.
No parece muy prudente la parte de la vanagloria del mileísmo sustentada en la influencia que pudo haber tenido en los jueces de Nueva York la particular relación de Donald Trump con el presidente argentino. Pero es un dato irrefutable que el problema se arregló ahora, no antes, y que las gestiones diplomáticas fueron muy importantes.
La narrativa kirchnerista que durante años machacó con los fondos buitres como lacra del capitalismo y la simultánea atribución de complicidad con esos tremendos enemigos del país a cualquier político o economista opositor tampoco contribuyen a pensar que debajo del griterío corría, sigilosa, una idílica política de estado. En todo caso el Estado habrá tenido -tiene- buenos equipos jurídicos, los estudios contratados en Estados Unidos habrán resultado idóneos y el devenir de las cosas llegó a una pretensión tan extrema, por no decir a una cifra delirante de parte de los demandantes favorecidos en primera instancia, que al final se impuso la razón. A veces sucede. Política de estado es otra cosa. Algo deseable, desde luego.
