Política exterior, una cuestión de Estado

EN su editorial del 29 de septiembre, LA NACION propició un diálogo para elaborar coincidencias básicas sobre algunas políticas de Estado que orienten la acción del próximo gobierno. Acertadamente, se afirma que la estabilidad democrática y la fortaleza institucional de los países líderes y de los que han alcanzado niveles de desarrollo notables descansan en el andamiaje de acuerdos mínimos análogos.

La situación de nuestro país impulsa las preocupaciones de la gente hacia los problemas más apremiantes en tanto que el debate político se concentra en los posicionamientos electorales. Se soslaya, por las urgencias de la hora y por una percepción imprecisa de su relevancia, la consideración profunda de cómo hemos de relacionarnos con el mundo en los próximos años.

Sin embargo, las acciones de política exterior tienen una incidencia importante sobre, por ejemplo, el desarrollo económico, la creación de empleo y la lucha contra la pobreza. Consecuentemente, los consensos sobre políticas exteriores de Estado que se lograran bien merecerían ser parte de aquellos acuerdos mínimos.

Sería apropiado enmarcar el camino hacia esas coincidencias en una evaluación realista de la situación en que nos encontramos: la Argentina dista de ser la potencia que alguna vez se proclamó, pero tampoco es una nación inerme y marginal donde ha desaparecido la voluntad de grandeza. Necesita, eso sí, movilizar sus recursos con la ayuda de una política exterior que reúna la inteligencia de sus intereses con la dignidad de los valores que apreciamos.

Paz, seguridad y desarrollo

El mismo realismo indica que la eficacia de tal política dependerá en buena medida de dos condiciones: restaurar la credibilidad y concentrar el esfuerzo donde más importa. La primera es una premisa necesaria, ya que el cumplimiento de la palabra empeñada (el antiguo principio "pacta sunt servanda") es la columna basal de toda posibilidad de influencia exterior. La segunda implica aceptar que la capacidad operativa de un país llega hasta donde su situación y sus recursos lo permiten: elegir las prioridades en que se ejerza es esencial para que contribuya a la paz, la seguridad y el desarrollo.

La historia argentina del siglo XX y la dinámica de la globalización indican que esos tres objetivos están inextricablemente ligados a la convivencia con los países vecinos, a la manera en que preservamos nuestra integridad territorial, a los valores que elegimos promover y a cómo nos incorporamos al sistema económico internacional.

De ese contexto, y teniendo en cuenta las políticas exteriores de los sucesivos gobiernos desde el retorno a la democracia, en 1983, podrían emerger algunas ideas con potencial de consenso. Entre ellas:

• La calidad de las relaciones entre la Argentina y Brasil, y entre la Argentina y Chile es determinante para construir una matriz de estabilidad con democracia y desarrollo en la región, coincidente con los mejores intereses de todo el hemisferio.

• Retomar la visión política inspiradora de la integración sub-regional contribuiría a superar las crisis nacionales. Un Mercosur profundizado y ampliado, que camine hacia la convergencia macroeconómica, la conjunción de esfuerzos en ciencia y tecnología, el diseño común de la infraestructura regional y la coordinación de políticas exteriores, puede dinamizar tanto a sus miembros como a buena parte de América del Sur.

• Las Malvinas, la Antártida, los espacios marítimos y aéreos que el derecho internacional nos adjudica conforman una integridad cuyo valor crece en manera constante y frecuentemente inadvertida. En el primer caso, la Constitución Nacional establece por su naturaleza misma la única política de Estado posible, mientras que tanto en la Antártida -gobernada por un sistema internacional en que el conocimiento científico es casi sinónimo de poder- como en nuestros espacios marítimos y aéreos, la intensidad de la actividad argentina debería ser congruente con los efectos que su medio ambiente, sus recursos naturales y la actividad humana en esos ámbitos tienen sobre el país y su futuro.

• En palabras de Juan Pablo II, la dignidad y los derechos de las personas -de cualquier estado, raza o religión- son anteriores y preeminentes respecto a cualquier diferencia o especificidad. En esa línea, la política argentina de derechos humanos en el campo internacional, jerarquizada por el artículo 75 de la Constitución Nacional, debería prescindir de conveniencias coyunturales y establecer criterios generales, exigentes y permanentes.

El futuro del Mercosur

• Es vital que nuestro país bregue por eliminar las distorsiones del comercio internacional. El contraste entre la total liberación de los flujos financieros y las restricciones existentes para la colocación de nuestra producción implica una inserción asimétrica en la economía mundial que nos perjudica cotidianamente. Amén de promover nuestras exportaciones a todos los rumbos cardinales, la negociación sobre las maneras en que se profundice el Mercosur para desde allí constituir asociaciones recíprocamente beneficiosas con América del Norte y Europa resultará crucial para corregir esa asimetría.

La consideración de estos temas, entre otros, puede llevar a coincidencias básicas que resulten en el fortalecimiento de la Nación y ayuden a configurar una región integrada donde la vocación argentina por la paz y el desarrollo encuentre el cauce de su realización plena.

El autor es diplomático de carrera y profesor de política internacional en la Universidad de Buenos Aires.

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