Por qué la distribución de la coparticipación es injusta con la ciudad

Más allá del actual conflicto entre ciudad de Buenos Aires y Nación por el coeficiente de coparticipación derivado del traspaso de la función seguridad, es importante entender por qué, más allá de la resolución de ese conflicto, la coparticipación actual es injusta con nuestra ciudad.

Durante el año 2022 (antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia) por cada $100 que la ciudad aportó a la Coparticipación Federal recibió $11, es decir, recuperó tan solo el 11% de lo que había contribuido.

Se sabe que mediante el sistema de Coparticipación Federal una parte es para el Estado Nacional (poco más del 45%) y el resto para las provincias. También que a través de este mecanismo los distritos que más aportan (es decir, los más productivos) son solidarios con aquellos que por distintas razones se encuentran más postergados, y en consecuencia los primeros reciben menos de lo aportan, y los segundos al revés.

Ahora, lo que es inconcebible y no se registra en otra parte del mundo, es que un distrito (sea cual sea) reciba sistemáticamente apenas poco más del 10% de lo que aporta: la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, debería recibir el 33% de lo que contribuye, para que este sistema sea mínimamente razonable.

En el otro extremo de la distribución, también resulta inconcebible que haya un distrito que se lleve 6,5 veces lo que aporta: es el caso de la provincia de Formosa, que por cada $100 que puso para la coparticipación en 2022 recibió $651, cuando el segundo distrito que más se lleva es Chaco, que por cada $100 se lleva $355, es decir, 3,5 veces.

No hay dudas de que hay que ser solidarios y ayudar a los distritos más rezagados, pero el caso de Formosa constituye un excelente ejemplo de que si esta ayuda es mayor a la razonable, los efectos que se generan son contraproducentes: el gobernador de Formosa lleva ya 28 años en el poder (más otros 4 como vicegobernador), sentado sobre la coparticipación federal y sin haber desarrollado la provincia, sin haber expandido a la actividad privada: el 93% del presupuesto de Formosa proviene de la coparticipación (es decir, en la provincia casi no hay actividad económica), el empleo público ocupa a casi el 70% de los asalariados formoseños, y la provincia aporta tan solo el 0,80% al PBI de nuestro país. Por supuesto que los formoseños no son los responsables de esta realidad, más bien son las víctimas de un sistema que lejos de llevar prosperidad a la provincia, termina determinando que una gran parte de los formoseños sean rehenes del gobernador, pues al no existir suficiente actividad privada dependen del gasto público de una u otra forma.

Es momento entonces de reflexionar acerca de cómo debería ser una más justa distribución de los recursos de la masa coparticipable, y examinar detenidamente qué incentivos quedan determinados cuando la misma se pone en marcha: si se asiste razonablemente a los distritos menos productivos poniéndoles además incentivos al desarrollo social y económico (¿coeficientes móviles en base a resultados?) o si se los ayuda sin establecer una cuantía razonable, corriendo el riesgo de generar incentivos perversos que determinen que esas provincias queden detenidas en el tiempo, financiando así en pleno siglo XXI señores feudales con el trabajo y el esfuerzo de todos los argentinos.

Diputado de la Ciudad, presidente de la Comisión de Presupuesto