Por qué solo una mujer puede asumir en la Corte

En las puertas de una renovación del Poder Legislativo, es imperioso pensar en las obligaciones que deben asumir quienes arriben al Congreso a partir de este mes y que, en parte, comparten con el Poder Ejecutivo. Entre ellas, la vacancia para el reemplazo de la jueza Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ante lo cual impera la necesidad de que sea una mujer quien tome la posta en la cúpula de la Justicia.

Hay dos razones elementales que fundamentan por qué debe ser una mujer quien ocupe ese lugar. Primero, porque tan necesario como que las mujeres conquisten nuevos espacios en los lugares públicos es que mantengan aquellos que ya consiguieron alcanzar y no con escaso esfuerzo, en particular, si se trata de lo más alto del plano institucional de la Argentina. Y en paralelo, es indiscutido que la perspectiva que puede aportar una jueza a la resolución de los fallos trascendentales que alcanzan a la Corte Suprema es sustancialmente diferente a la de sus colegas varones, lo que contribuye a enriquecer la interpretación y aplicación de las leyes.

Más allá del resultado del proceso electoral, cubrir esas vacantes y hacerlo con un criterio plural y paritario es una gran oportunidad para que, una vez más, nuestros representantes y dirigentes demuestren que están a la altura de la época y sus demandas. Al igual que en otros aspectos de la vida institucional de la Argentina, se impone la urgencia de que las mujeres pongan fin a esta segregación vertical que subsiste en el mundo judicial y que impide que nuestro sistema incorpore, de una vez por todas, una perspectiva de género en sus decisiones.

En cuanto a lo que refiere a espacios donde se definen los destinos de personas, es clara la influencia que las decisiones de la Corte Suprema ejercen sobre todo el arco judicial por su posición en la cima de la pirámide. Las sentencias cambian la vida no solo del involucrado sino también de su entorno inmediato. Y el máximo tribunal marca un camino a través de la jurisprudencia. Sin embargo, el mapa actual de la Justicia argentina, tanto a nivel federal como provincial, dibuja una engañosa paridad.

Acorde a datos actualizados a 2020 de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, el promedio total de mujeres solo supera a los hombres en cargos administrativos y de funcionarios. No obstante, en lo que comprende a las magistraturas, subsiste un marcado desequilibrio en ambos sistemas donde el porcentaje de juezas y mujeres en fiscalías está muy por debajo de sus pares varones: a nivel nacional y federal, solo un 30 por ciento de esos cargos los ocupan mujeres, mientras que en los poderes judiciales provinciales el porcentaje es un poco mayor y alcanza el 44 por ciento.

Si se toma en cuenta el descenso de puntos porcentuales en la integración de mujeres a medida que se avanza en la carrera, lo que vemos es que prevalece en todo el universo judicial una suerte de pirámide que excluye a las mujeres a medida que escala en jerarquía. Esto habla a las claras de que no solo hay un tipo de segregación que separa a las mujeres de los espacios de decisión y que pocas mujeres pueden sortear, sino que también el piso se vuelve tan pegajoso que solo algunas consiguen despegar.

Hasta la renuncia de Highton de Nolasco, y tras el fallecimiento de Carmen Argibay, las mujeres apenas habían quedado representadas con un 20 por ciento en la cúspide del sistema judicial argentino. Ni siquiera arañando el cupo del 30 por ciento que alguna vez sirvió como cuña para abrir un camino a la paridad en el ámbito legislativo. La Ley 24.012, sancionada el 6 de noviembre 1991, determinó que, por lo menos, un 30 por ciento de las listas de candidatos a cargos legislativos estuviera a cargo de mujeres. Y el siguiente gran salto cualitativo, en este sentido, demoró otros 26 años hasta conseguir una norma que evolucionara el cupo en una obligada paridad para las listas al Congreso, el 23 de noviembre de 2017.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue aún muy lejos de ese equilibrio de género. Y la dimisión de Highton de Nolasco ya la privó de incluir una perspectiva diferente en un tribunal que hoy solo integran jueces. Hay experiencias que nos muestran lo significativo que es que se incluyan mujeres para imprimir esa mirada que solo nosotras las mujeres tenemos.

En Estados Unidos, por ejemplo, la legendaria Ruth Bader Ginsburg se convirtió en un ícono feminista a fuerza de decisiones que revolucionaron la interpretación de leyes sesgadas, como aquella que vetaba la ayuda social para la crianza de un hijo a manos de un viudo por estar destinada solo a mujeres; o la que diferenciaba responsabilidades parentales entre un hombre y una mujer migrantes sobre un hijo extramatrimonial por ser “obvia” la identidad de la madre. RBG anuló esta diferenciación bajo el precepto de que “las fronteras de género no buscaban mantener a la mujer en un pedestal sino en una jaula”.

Los tribunales son el espacio institucional para el acceso a la justicia y protección de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. Tal como establecen los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, los procesos de selección de candidatos y candidatas deben ser abiertos, transparentes, y deben garantizar la idoneidad técnica e independencia de sus miembros y, a su vez, promover el efectivo avance hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos en la Justicia.

A la par, son numerosas las normas suscriptas por el Estado argentino que establecen pautas vinculadas a la participación de las mujeres en las esferas de decisión. La representación de mujeres en el acceso a los cargos más elevados en la justicia colabora a garantizar el principio de igualdad, contribuye con la desarticulación de estereotipos de género que han vulnerado históricamente los derechos de las mujeres, y con la promoción de un debate más plural y diverso avanzando en la inclusión de la perspectiva de género.

Los cargos a ocupar en lo más alto del nivel institucional en nuestro país colocan ahora al Presidente y al Congreso, que deberá avalar estas nominaciones, ante la oportunidad histórica de consolidar esta lucha histórica por la paridad en los niveles de mayor jerarquía del universo judicial. Y de dar un mensaje político al país y al mundo en lo que refiere al vigor de las instituciones argentinas para sacudir, de una vez por todas, las telarañas del patriarcado.

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina