Por un país auténticamente federal

Estoy convencido de que tanto el Presidente de la Nación, como nosotros, los gobernadores, estamos ante uno de los mayores desafíos y una de las mejores oportunidades que puede ofrecernos el presente: sentar de una vez y para siempre, las bases de un régimen de coparticipación sano y sólido, auténticamente federal, transparente y, sobre todo, solidario.

Es también nuestra oportunidad de reparar graves injusticias que, desde hace décadas, han afectado a los habitantes de las provincias argentinas, en especial a las de menor desarrollo económico.

Las conversaciones ahora en curso sobre la coparticipación -aunque puedan resultar a menudo muy complejas para muchos ciudadanos- giran en torno de un tema que va más allá de qué porción de la recaudación impositiva corresponde al Estado federal y qué porción a cada provincia. Involucra nada menos que a todo nuestro sistema federal, sobre el que está fundado nuestro orden republicano. La mayoría de los desencuentros de nuestra historia política estuvieron directamente vinculados a cómo debía resolverse dicha distribución de derechos y obligaciones.

El actual régimen de coparticipación tiene su origen en la ley 23.548, del año 1988, que fue sancionada con vigencia sólo hasta diciembre de 1989; es decir, está fundado en una normativa con carácter de "provisional" y que sufrió innumerables modificaciones, siempre en el sentido de restar recursos que correspondían a las provincias.

El resultado de estos sucesivos emparches y retoques ad hoc es que las provincias pasaron de percibir una coparticipación que representaba el 57,4% de la renta federal a sólo el 38,2% en la actualidad. Ese drenaje, sólo en el año 2003, significó una transferencia de recursos impositivos desde las provincias al gobierno federal de cerca de 11.300 millones de pesos, cifra que equivale nada menos que al monto de la totalidad de los servicios de la deuda que anualmente debe afrontar el Estado nacional.

En el caso específico de la provincia de Córdoba, las pérdidas de recursos coparticipados con respecto a lo originalmente estipulado que tuvieron lugar entre 1991 y 2003, representaron alrededor de 6800 millones de pesos a valor corriente. Se trata de un monto que equivale a construir 450 mil viviendas sociales u ocho autopistas similares a la que, desde hace años, esperamos que se construya para cubrir el tramo comprendido entre las ciudades de Córdoba y Rosario.

Pero la historia no se acaba aquí. El poder central también ha ido creando, ante distintas emergencias, nuevos impuestos exclusivos que no comparte con las provincias.

Un claro ejemplo de esos tributos no coparticipados son las retenciones a las exportaciones -fundamentalmente integradas por productos agropecuarios y combustibles- que realiza nuestro país.

Parte de lo recaudado bajo ese concepto, me adelanto a señalarlo, tiene un fin social que las justifica: se destinan a financiar el plan Jefas y Jefes de Hogar para millones de pobres sin trabajo. Pero otra parte muy importante -en el año 2003 cerca de 5700 millones de pesos- es destinada por el gobierno federal a fines distintos de la asistencia social directa.

Quiero señalar que desde el primer día he estado en contra de las retenciones, aunque reconozco que no pueden eliminarse de la noche a la mañana. Los productores agropecuarios de Córdoba generan alrededor del 20% de las exportaciones agropecuarias de nuestro país y las retenciones que ellos abonan representan una masa de dinero astronómica, que hubieran reinvertido en la provincia puesto que son propietarios rurales, a menudo empresas familiares, que no tienen cuentas en Suiza, ni en ningún banco del exterior.

Considero que, así como las provincias petroleras reciben regalías para compensar el uso de sus recursos no renovables, también debería destinarse una parte de dichas retenciones, mientras subsistan, a compensar la pérdida progresiva de la fertilidad del suelo que producen los cultivos intensivos y extensivos como la soja cuyos efectos ecológicos son, en la actualidad, totalmente ignorados.

Con esos recursos, las provincias agropecuarias podrían no sólo construir caminos y otras obras de infraestructura, sino también invertir en la industrialización de nuestros productos primarios y generar así los nuevos empleos que, lamentablemente, no crean la explotación primaria y la exportación de comodities .

Otro aspecto que me preocupa de las actuales conversaciones acerca del futuro de la coparticipación es que, en el proyecto elaborado por el gobierno nacional, se propone la creación de un Fondo de Equidad Social a integrar con aportes de las provincias y de la Nación, que se destinaría al noroeste y noreste argentino y a ciertas localidades que se denominan de manera muy imprecisa como "grandes conglomerados urbanos".

El destino de dicho fondo sería mayoritariamente decidido por los funcionarios del gobierno nacional sobre la base de criterios aún no definidos y, por así decirlo, "momento a momento", en función de la coyuntura o de las situaciones políticas.

Mi opinión al respecto es que esa propuesta debe modificarse a fin de que no perdamos la oportunidad histórica de ir aproximando nuestro régimen de impuestos a un ordenamiento basado en criterios empíricos, impersonales, libre de la interferencia de posibles decisiones arbitrarias.

¿No sería más razonable incorporar dicho fondo especial a los porcentajes de coparticipación de cada provincia distribuyéndolo de acuerdo con parámetros objetivos? Si lo que se quiere es modificar asimetrías estructurales de nuestra sociedad y cumplir así con los fines solidarios que debe tener un régimen de distribución de impuestos, la asignación de los recursos de ese fondo sobre la base de criterios objetivos permitiría a los gobiernos provinciales de las áreas más necesitadas de estímulos planificar, como corresponde, las inversiones a realizar para crear empleos y erradicar la pobreza.

Quiero volver a enfatizar: el tema de la coparticipación es crucial; de él depende si vamos a tener el país auténticamente federal que soñaron nuestros mayores o no.

Aun cuando el Poder Ejecutivo pueda tener ahora la urgencia de sancionar una nueva legislación al respecto, a fin de cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, considero que nos merecemos un debate a fondo, que comprenda no sólo a los integrantes del Poder Ejecutivo, sino a la sociedad toda. Merece también una profunda reflexión de parte de todos los que tenemos que tomar decisiones al respecto puesto que, estoy seguro, mediante la confrontación de ideas y propuestas entre Nación y provincias, arribaremos a una fórmula consensuada que estará a la altura de las circunstancias históricas.